Los eurócratas huyen despavoridos de los recortes de Merkel y Cameron

La estampida de las prejubilaciones ha comenzado en Bruselas. Y centenares de funcionarios europeos en condiciones de solicitar el retiro voluntario huyen de la capital comunitaria ante los recortes que se avecinan en el próximo marco presupuestario de la UE (2014-2020).

Esta misma semana (7 y 8 de febrero), los líderes europeos celebran una cumbre para intentar cuadrar esas cuentas, con un tajo de unos 100.000 millones de euros sobre la propuesta inicial de la Comisión Europea (un billón de euros para siete años). Y algunos miembros del Consejo Europeo, como Angela Merkel y, sobre todo, David Cameron, no ocultan su intención de rematar las negociaciones con una lección de austeridad a los miles de eurócratas instalados en Bruselas, Estrasburgo, Luxemburgo o el resto de sedes de los organismos comunitarios.

Algunos funcionarios parecen dispuestos a plantar cara. Y para mañana mismo (5 de febrero) hay convocada una jornada de huelga. Pero la escasa tradición de lucha sindical entre la función pública no parece suficiente para doblegar la voluntad política de la canciller alemana o el primer ministro británico. Así que el tajo a salarios y complementos se antoja inevitable.

Inevitable al menos para los recién llegados. Los más veteranos, en cambio, se disponen a dar esquinazo a Merkel y Cameron con un retiro anticipado que se ha convertido en una de las conversaciones más recurrentes en despachos, pasillos y cantinas de las instituciones europeas. El síndrome del ahora o nunca hace furor en Bruselas.

Y los datos oficiales del departamento de Maros Sefcovic, comisario europeo de Administración, muestran que la fuga ya está en marcha. El numero de jubilaciones anticipadas casi se ha doblado en los últimos cuatro años, pasando de 439 en 2009 a 827 en 2012, para una plantilla total de 23.600 funcionarios.

A primera vista, el fenómeno podría atribuirse al envejecimiento del escalafón comunitario, que sigue una evolución similar a la pirámide demográfica del Viejo Continente, con la base erosionada (el 11% de los funcionarios tiene menos de 35 años) y la cúspide cada vez más abarrotada (el 33%, más de 50 años).

Pero la Comisión reconoce que la tendencia se ha acelerado en los últimos meses, como indican sus datos. Además, todos los funcionarios consultados en las diversas instituciones (Comisión, Consejo y Parlamento), confirman que en su entorno se ha producido una o varias salidas antes de lo previsto. Y que el personal con más de 55 años (edad mínima de jubilación) está tirando de calculadora para decidir cuanto antes si les compensa seguir o pedir la cuenta y volverse a sus países de origen.

En total, más de 4.500 funcionarios superan ya los 55 años de edad. Y otros 3.000 rebasarán esa edad antes de que entre vigor el nuevo acuerdo sobre remuneraciones y pensiones, lo que dejaría casi a un tercio de la plantilla por encima de la edad mínima de jubilación.

Todos saben que, además de una pérdida de poder adquisitivo y un aumento de las horas de trabajo (de 37,5 a 40 semanales), les aguarda un endurecimiento de las condiciones para acceder a una jubilación que ahora, en casos limitados, incluso puede adelantarse sin sufrir ninguna pérdida en la pensión.

La propia Comisión ya ha propuesto elevar tres años, hasta los 58, la edad mínima para retirarse; dos años, hasta los 65, la edad de jubilación voluntaria. Y el plan incluye "incentivos" para que los empleados públicos europeos prolonguen su vida laboral hasta los 67 años.

Un panorama nada atractivo para un personal que en la actualidad necesita cotizar 10 años para tener derecho a una pensión equivalente a casi un 20% de su salario. Y que tras cotizar 37 años alcanzan la máxima pensión (70% de un salario que oscila entre 2.600 euros y 18.300 euros).

A cambio de esas condiciones atractivas, eurócratas y familias han pasado décadas fuera de su país. Pero ahora observan con preocupación no solo el deterioro de su situación laboral y económica, sino también la deriva de un proyecto político que parece perder aliento. Para los más "europeístas", Londres ataca y desprestigia su estatus al abortar el embrión de una administración federal. Reino Unido contesta que solo quiere imponer en Bruselas los mismos ajustes que a nivel nacional. Lo cierto es que, sea por frustración pecuniaria o vocacional, la savia europeísta de los años 80 y 90 prefiere marcharse.

La estampida agrava un problema de personal que, según el departamento del comisario Sefcovic, ya resulta acuciante y pone en peligro tanto la calidad de las políticas, como el equilibrio geográfico en la composición de la plantilla.

"Nadie niega que los salarios son más elevados que en los Estados, pero nuestras oposiciones no son comparables", aseguran en la CE. "Buscamos personal multilingüe y dispuesto a trasladarse de manera casi definitiva. Y para lograrlo tenemos que competir con otros organismos internacionales, con los grandes despachos de abogados y las grandes consultoras o con la City londinense...".

Bruselas asegura que su oferta laboral resulta cada vez menos competitiva y que ya tiene dificultades para reclutar funcionarios en algunos países. Las cifras parecen confirmar esa tendencia. Bulgaria, que ingresó en la UE hace cinco años, ya tiene más "administradores" (la categoría más implicada en los procesos legislativos) que Suecia, incorporada en 1995 y con una población similar. Hungría iguala a Holanda, país fundador.

Y Polonia supera al Reino Unido, aunque en este caso las fuentes consultadas reconocen que influyen otros factores como la mala imagen de la UE en la isla de David Cameron. Una mala imagen que se extiende peligrosamente por el resto del club y que Berlín y Londres van a aprovechar para justificar los tijeretazos en los próximos presupuestos.