TRIBUNA

Pago electrónico: antídoto contra el fraude

La economía sumergida crece como respuesta de una parte de la sociedad a la crisis actual en toda Europa, y más en España. Pero las autoridades europeas y españolas están dando muy débiles o erróneas respuestas. Una de ellas está siendo acelerar el proyecto de zona única de pagos en Europa (SEPA), hoy enfrentada a similares vulnerabilidades que la integración financiera a partir del euro, frenada en seco a raíz de la primera crisis económica desde que se lanzó la moneda única.

En varios países (Italia, España, Portugal y otros), por ejemplo, se han limitado este año los pagos con efectivo. La limitación legal española acaba de entrar en vigor hace unos días y solo afectará a los pagos superiores a los 2.500 euros, pese a que en principio se habían anunciado 1.000 o 1.500, como prometía el PSOE en su programa. Es cierto que entre nosotros hay otras iniciativas legales contra el fraude fiscal y laboral. Pero aquí y fuera da la sensación de que estamos dando palos o palitos de ciego, mientras que esa economía (ya situada en torno al 24%) destruye la capacidad recaudatoria y acentúa las presiones para reducir prestaciones sociales. Los ejemplos de respuestas erróneas se extienden por países a otros muchos campos, aunque también, y sobre todo, por parte de las autoridades europeas. Todos sabemos o intuimos que menos efectivo significa menos fraude fiscal, laboral o sanitario o incluso en otras prestaciones públicas, menos robos o incluso menos comercio electrónico, y móvil, o hasta menos demanda de comercio tradicional, como la que proporcionan en momentos de austeridad o apuros para llegar a fin de mes las tarjetas de débito o crédito. Sin embargo, la Comisión lanzó en el 2008 el proyecto de SEPA y recientemente anunció que presentará su principal medida en abril de 2013.

Se trata de reducir, al menos en las operaciones transfronterizas, las tasas de intercambio que descuentan los bancos emisores de tarjetas de débito y crédito a los bancos aceptantes (ya apenas del 0,2 y 0,3%), los que colocan entre los comerciantes terminales punto de venta (TPVs). El objetivo es que éstos a su vez descuenten menores comisiones al comercio. En apariencia, sería buena noticia para todos si con ello se fomentara el uso de tarjetas, más cómodas, baratas y seguras que el efectivo, además de más eficientes y sobre todo transparentes porque dejan todo tipo de rastro contable.

Las experiencias de reducciones en dichas tasas interbancarias, en países como en España y Australia, en varias ocasiones y en los EE UU el último año indica que los bancos trasladaron esa minoración en sus resultados a los consumidores elevando en tanta o mayor medida sus comisiones por diversas operaciones (emisión o mantenimiento de tarjeta o de TPVs, reclamación de saldo, recargos, etc) no solo a los consumidores, quienes no vieron a cambio reducidos los precios de las mercancías adquiridas, sino también a los propios comerciantes, sobre todo a los pequeños. Por tanto, sólo será buena noticia para el gran comercio y las grandes superficies.

Lo que parecen ignorar los eurócratas dispuestos a dañar nuevamente a consumidores y pequeños comerciantes es que dichas tasas interbancarias son solo uno de los costes de los medios de pago electrónicos, superadas en mucho por todos los demás: las comisiones de todo tipo que los bancos aplican a titulares de tarjetas y a los propios comerciantes, los recargos, etc. Y todo ello sin contar las muchas externalidades negativas del efectivo (fraude, corrupción, costes de suela de zapato e incluso comisiones de cajero, etc), que aumenta cuando su medio de pago alternativo es perjudicado.

Sin embargo, lo malo es que toca pedir la transparencia de todos los costes y la Comisión solo se centra en uno. Lo peor es que el BCE acaba de secundarla al publicar un estudio que compara los costes del efectivo y los medios de pago electrónicos, cuya metodología se basa en los costes de producción y por tanto excluye los costes en que incurren los consumidores, quien en última instancia asumen, no solo los de producción del medio, sino todos los demás. Pésimo precedente para la independencia y el crédito del BCE entre los economistas no solo por eso. No es de extrañar que sólo hayan querido participar 13 de los 27 países de la UE. Alemania, Francia e Inglaterra lo rechazaron desde el principio, y solo estas tres economías suman la mayoría de la UE, las transacciones y los votos en el propio BCE.

Por tanto, está muy bien la literatura oficial sobre que SEPA permitirá superar la actual fragmentación existente en el ámbito de los pagos minoristas y contribuir así, de forma decisiva, a completar el proceso de integración europea con el objetivo final de crear un mercado único en la UE, siempre que no le suceda lo que al propio euro. Intentar anticipar de nuevo la convergencia en algo tan fragmentado como los medios de pago sin la adecuada preparación e información, y obviamente también sin una unión bancaria, podría generar problemas y fragmentaciones de mercado en sentido inverso al deseado. Así ha sucedido recientemente en la unión monetaria europea con la crisis de deuda, cuando desde los tipos de interés similares en cada país surgido tras los primeros años del euro se ha pasado desde el 2009 en los países periféricos a una situación de costes del dinero desorbitados e insostenibles. De ahí que el Consejo busque ahora como principal solución para resolver esa imprevista disparidad de tipos de interés entre países una mayor unión fiscal y una mayor unión bancaria que hagan posible la paulatina convergencia de tipos de interés, forzada en los primeros años con los graves costes actuales.

Alejandro Inurrieta. Doctor en CC EE y director de Inurrieta Consultoría Integral