Un finlandés entre los leones de las Cortes españolas
Weilar, Rebagliato, Pierrad. O Kent, Victoria Kent. Por las Cortes españolas han pasado numerosos diputados con apellidos que evocan tierras allende los Pirineos. Así que tampoco llamaría demasiado la atención la llegada a la Carrera de San Jerónimo de alguien llamado Rehn, Olli Rehn. Más llamativo resultará, sin duda, que el orador se dirija al hemiciclo en inglés. Y lo que puede provocar las iras de sus señorías, en especial de las del banco azul, es que alguien sin pasaporte español se permita leer la cartilla al Gobierno de turno por no cuadrar las cuentas o por tener una tasa de paro del 25%.
La escena quizá suene como política ficción. Pero está más cerca de producirse de lo que pueda parecer. Tal vez Mariano Rajoy se libre de pasar el trago esta legislatura. Y tal vez el mandato de Olli Rehn, comisario europeo de Asuntos Económicos y finlandés para más señas, se consuma en 2014 sin haber comparecido en el Congreso de los Diputados.
Pero los sucesores de ambos (o ellos mismos si repiten el cargo) se verán inevitablemente las caras, según el plan trazado por las instituciones comunitarias para transformar la zona euro en "una genuina Unión Económica y Monetaria".
El plan, como ya se ha contado en CincoDías (ver edición del 7 de diciembre), pretende respaldar la moneda única con nuevos instrumentos, como un fondo de estabilización que, en caso de crisis, trasvasaría flujos financieros desde los países menos castigados hacia los hundidos en la recesión. Pero ese esfuerzo de solidaridad vendrá acompañado de un drástico endurecimiento de los controles comunitarios sobre la política presupuestaria y económica de cada socio, en particular de los que reciban ayuda.
A partir de ese momento, Bruselas se entrometerá en la agenda política de las capitales europeas hasta extremos que harán palidecer, por ejemplo, los compromisos asumidos por España en el caso del rescate de la banca. La vida diaria de milllones de trabajadores, funcionarios o pensionistas dependerá, en buena parte, de los dictados de la UE.
Las instituciones europeas parecen conscientes de que este salto desde la coordinación económica a la armonización política traspasa los límites de la legitimidad democrática. Y en su plan de reforma del euro, han decidido incluir un capítulo sobre la imperiosa necesidad de reforzar el control parlamentario sobre las decisiones tomadas en Bruselas. "Es el mismo dilema de siempre, cómo combinar solidaridad y responsabilidad", explican fuentes diplomáticas.
Las propuestas sobre la mesa, que serán analizadas en la cumbre europea de este jueves y viernes (13 y 14 de diciembre), apuntan a un control compartido por parte de los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo.
"El principio básico es que la rendición de cuentas debe tener lugar donde se toman las decisiones", señala una fuente comunitaria al tanto de los preparativos de la cumbre. "Pero en el caso del euro, se mezclan dos niveles, el nacional y el supranacional, de modo que se puede buscar una solución mixta", añaden las mismas fuentes. Y recuerdan que algunos países, como Alemania o Holanda, ya disponen de escaso margen de negociación en la UE si no tienen el visto bueno de sus respectivos parlamentos, por lo que será necesario estrechar los lazos entre Bruselas y las capitales.
El plan prevé la celebración de reuniones conjuntas entre eurodiputados y diputados nacionales, en una supercomisión del euro que ya está preparando el Parlamento de Estrasburgo. "Falta por ver la composición y estatuto de ese comité y el carácter vinculante o no de sus dictámenes", señalan los diplomáticos en Bruselas que negocian el proyecto.
Pero los "ejecutivos" también se cruzarán. Los miembros de la Comisión Europea podrán comparecer ante los parlamentos nacionales para justificar la necesidad de los recortes o reformas exigidos a un país en aras del bien común de la zona euro. Y es probable que los ministros de Economía nacionales también deban ir al Parlamento europeo a dar explicaciones sobre su cumplimiento, como ya ha empezado a ocurrir de manera informal en esta legislatura.
El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, quiere que ese diálogo se base en una "agenda de reformas específica, detallada y cuantificable", según el documento que presentará a la cumbre. Ambas partes, Comisión y Gobiernos, serán responsables del cumplimiento de esa agenda.
Pero no serán los únicos. El control parlamentario también se reforzará sobre el Banco Central Europeo, en particular, en lo relacionado con sus futuras funciones como supervisor bancario. Hasta ahora, el BCE solo daba explicaciones de manera somera ante la Eurocámara. Su actual presidente, Mario Draghi, rompió esa tradición con una comparecencia ante el Bundestag. Y parece que tras el Parlamento alemán, otros podrán escrutar su labor.