TRIBUNA

La deseada reforma energética

El pasado enero, el Gobierno inició una carrera de reformas entrelazadas con distinto contenido y éxito. Este amplio abanico se ha visto sistemáticamente privado de uno de sus elementos estrella, la denominada reforma energética. Los continuos anuncios, promesas y retrasos que hemos vivido desde entonces ponen en evidencia las dificultades para sacarla adelante. También indican que algunos de los diagnósticos y objetivos inicialmente planteados no eran los adecuados. Sin embargo, estos retrasos deben dar la oportunidad al Gobierno de aprovechar lo aprendido y ofrecer una respuesta satisfactoria a todos los agentes.

A la vista de la información distribuida, la reforma anunciada se basará en una reorganización de costes e ingresos del sector eléctrico. Sin duda, este es un elemento imprescindible a tratar, pero en estos momentos una verdadera reforma debe incorporar elementos que mejoren la estructura institucional del sector y aporten la información y los incentivos adecuados para que todos los agentes adopten las decisiones óptimas. Una reforma energética de esas características es necesaria por varios motivos. Primero, la normativa europea nos exige corregir desequilibrios existentes, profundizar en el proceso de liberalización y formación de mercados, dotar de mayor independencia a los organismos reguladores y avanzar en el camino de la eficiencia y en el cumplimiento de los objetivos medioambientales. Segundo, debemos dar una respuesta adecuada a los consumidores ante las continuas alzas de precios. Tercero, la tensión interna en el sector reclama, ante la nueva situación económica, reglas del juego ecuánimes, inequívocas y transparentes que permitan conocer y anticipar las expectativas de futuro y tomar decisiones. Por todo ello, es el momento de realizar una reforma con visión de largo plazo y el Gobierno es responsable de imponer esa visión sobre los intereses, a veces cortoplacistas, de los agentes económicos.

En lo referente al buen funcionamiento y la transparencia de los mercados, una reforma de largo plazo exige, entre otras cosas, dar respuesta a dos grandes retos de nuestro sector energético, que también son parcialmente responsables de los problemas de corto plazo actuales: la ausencia de señales de largo plazo en el sector eléctrico, que permitan ajustar las inversiones a las necesidades reales, y la creación de un mercado organizado de gas, que proporcione precios transparentes y fomente la entrada de nuevos agentes en nuestro mercado.

Podemos afirmar que el mercado mayorista de electricidad funciona y ha funcionado razonablemente bien durante los últimos años, reflejando las oscilaciones en el precio de los combustibles, en los recursos hídricos disponibles o en el coste de los derechos de emisión de CO2. Asimismo, gracias a la liberalización en los segmentos de mayor demanda, una incipiente competencia está emergiendo en los mercados minoristas de gas y electricidad. Sin embargo, el sector eléctrico sigue adoleciendo de un grave problema estructural. La ausencia de un mercado de capacidad o de un mecanismo regulatorio estable y predecible que dote de señales de largo plazo a los agentes ha conducido a un exceso de capacidad significativo, que se ha agravado rápidamente ante la caída no anticipada de la demanda de los últimos años. Esto supone una asignación inadecuada de recursos y redunda en mayores costes, que acaban repercutiendo sobre los ciudadanos.

Por otra parte, la importancia creciente del gas natural en el panorama energético español e internacional es indiscutible, siendo el gas la segunda fuente de energía primaria consumida en España en 2011, por detrás del petróleo. Su relación con el mercado eléctrico, en el que es la principal y más modulable fuente de energía, también es indiscutible. Los avances tecnológicos, el incremento de las reservas y su bajo contenido en CO2 en comparación con otros combustibles fósiles avalan su éxito en las próximas décadas. Un mercado de gas transparente, que dote a los agentes de señales de precios es imprescindible para el buen funcionamiento del mercado eléctrico y del sector energético.

La actual diversificación de orígenes, el número de vendedores y compradores en el mercado y la cuantía de las transacciones exigen una normativa que permita y facilite su constitución. El entorno para ambas reformas nunca ha sido más propicio. Los países europeos más avanzados progresan en estas dos direcciones. Sería un error desperdiciar la oportunidad.

Pedro L. Marín. Socio en The Brattle Group en Londres y exSecretario de Estado de Energía