Los 400 euros, un derecho
Según los servicios públicos de empleo, el desempleo en agosto aumenta en 38.179 desempleados, hasta situarse en las 4.625.634 personas.
Para aliviar los efectos de la crisis, el Gobierno prorroga el programa de recualificación profesional (plan Prepara) de las personas que agoten su protección por desempleo. Como indica el Real Decreto-Ley 23/2012, de 24 de agosto, es un mecanismo de protección complementario, justificado por la situación del mercado de trabajo. El programa debe cumplir un doble objetivo, por un lado, paliar una situación real de necesidad y, por otro, reincorporar al mercado laboral a sus beneficiarios.
La ministra se ha mostrado sorprendida por la falta de eficacia del programa anterior que ha servido, en su mayoría (93% de los casos), para orientar y no para formar. Sin embargo, una de las razones fundamentales por las que los servicios públicos de empleo no han podido ofrecer formación a todas las personas que lo solicitaban es debido a que formar tiene un coste muchísimo más elevado que orientar y si las líneas presupuestarias para formación no cuentan con la suficiente dotación económica es imposible formar a todo el colectivo.
Hay que destacar que la decisión de conceder o denegar los 400 euros es del Servicio Público de Empleo Estatal, pero a quien corresponde ofrecer acciones formativas es a las comunidades autónomas, por estar transferidas las políticas activas.
Según el Ministerio de Trabajo, el tiempo empleado para orientar por desempleado ha sido una media de tres horas (en algunos casos es inferior, ya que las oficinas de empleo están muy saturadas de tareas) dedicadas a elaborar un currículum o cómo se busca empleo. Mientras que un curso de formación supone entre 100 y 400 horas lectivas. Pero la situación se puede complicar todavía más al reducirse las dotaciones para políticas activas (en algunas comunidades autónomas la reducción alcanza el 50%).
No es suficiente orientar y enseñar en la búsqueda de empleo. Hace falta formación para aprovechar las oportunidades que se presenten en el mercado laboral. Tengamos en cuenta que los empleos que se han destruido son muy distintos a los que se crean, lo que hace necesario reciclarse para poder cambiar de actividad. Por ejemplo, en el sector de la construcción, desde que comenzó la crisis, se han destruido casi un millón y medio de empleos (50% del total). Se hace necesario reconvertir a dichos desempleados en otras profesiones si no queremos que se eternicen como desempleados.
El programa no ha cumplido el segundo objetivo en su totalidad, como es reinsertar en el mercado de trabajo a las personas beneficiarias del mismo. Pero debemos de preguntarnos: ¿hoy, qué programa de empleo cumple totalmente los objetivos de reinserción en un mercado laboral que está roto? Hay que resaltar que un tercio de los desempleados de la zona euro pertenecen a nuestro país por lo que las expectativas de encontrar empleo son muy difíciles. Numerosos estudios internacionales concluyen que la probabilidad de salir del paro no depende solo del parado, sino principalmente del número de ofertas de empleos presentadas al parado.
Todo ello no debe de servirnos de excusa para la aplicación de criterios más estrictos para el acceso a la subvención, pero siempre de acuerdo con un tratamiento individualizado y personalizado de la persona solicitante para lograr su inserción laboral, sin que la ayuda económica se vincule a un concepto más amplio de unidad familiar, que restringe el acceso de buena parte de jóvenes al programa. El propio real decreto-ley indica que su principal objetivo consiste en paliar una situación real de necesidad, justificado por la situación del mercado de trabajo. En este sentido, la tasa de cobertura de los desempleados desciende anualmente. Así, en 2010 el 78,4% de los desempleados percibían algún tipo de prestación económica y hoy es del 66,7%.
Algunos expertos opinan que 400 euros pueden disuadir de buscar activamente trabajo y rechazar empleos. Como, asimismo, que producen ineficiencias económicas en el sistema. No obstante, es una medida que se aplica en la mayoría de países europeos con menores restricciones y complejidad burocrática, pero mayor periodo de tiempo. Con todo, actualmente los que perciben los 400 euros tienen la percepción de no ejercer un derecho, sino de demandar caridad, lo que va en contra de la autonomía y del respeto de la persona.
Vicente Castelló Roselló Castelló Roselló. Profesor de la Universidad Jaume I