Las quejas al Defensor del Pueblo por asuntos económicos se disparan
La cifra de reclamaciones este año ya ronda las 5.800 presentadas en 2011
La Oficina del Defensor del Pueblo ha recibido en lo que va de año 5.500 quejas sobre temas económicos, solo 300 menos que las registradas por ese mismo concepto a lo largo de todo 2011. Una cifra que equivale al 43% de todas las reclamaciones presentadas y que hace prever que, a finales del mismo, el número de quejas duplique el total del año pasado.
El dato fue anunciado ayer en rueda de prensa por la actual Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, durante su primera comparecencia pública desde que tomó posesión del cargo el 20 de junio pasado. Becerril aprovechó también para hacer balance de las reclamaciones en estos primeros siete meses del año e informar cuáles serán las líneas maestras que guiarán su actuación al mando de la institución. Su intención primordial, según dijo, es llegar "al mayor número de personas" posibles, para que así estas puedan trasladar sus problemas.
Los asuntos económicos que más quejas han suscitado están relacionados con problemas con los bancos, las preferentes y otros productos financieros controvertidos, las hipotecas y las ayudas y prestaciones públicas, en especial las de desempleo.
De las 13.155 quejas registradas este año, las más numerosas son precisamente las de índole económica -las consabidas 5.500-, seguidas de las relacionadas con la seguridad y la justicia -1.776-, el medio ambiente y la vivienda -1.296- y las migraciones -1.282-.
La Defensora del Pueblo reiteró su compromiso contra el despilfarro público y celebró la reciente aprobación del proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, aunque también avisó de que no renuncia a hacer nuevas recomendaciones al respecto durante su tramitación parlamentaria. La exalcaldesa de Sevilla se mostró especialmente preocupada por la proliferación de proyectos que cuentan con una dotación presupuestaria tan limitada que, ya desde sus inicios, los condena a quedar inacabados. Para prevenirlo, propone que las autoridades evalúen tanto su viabilidad presupuestaria, como su "rentabilidad social" antes de acometerlos.
Más recortes para "una institución ya reducida"
La austeridad también será uno de los ejes rectores de la actuación de la Oficina del Defensor del Pueblo este año. Al menos a eso apuntan algunos de los ajustes anunciados ayer por la propia Soledad Becerril; unos ajustes que, no obstante, tachó de "simbólicos", ya que el presupuesto de la institución es uno de los más bajos de las entidades estatales. En primer lugar, los sueldos de los trabajadores sufrirán un recorte del 7,1%, incluyendo el de la propia Defensora, que es de 115.000 euros. Las plazas vacantes por jubilación no se cubrirán y se suprimirá el área de protocolo. Los coches oficiales pasarán de seis a tres y se reducirán tanto los viajes como la participación en conferencias y foros. Además, no se pedirá ningún informe a expertos externos, sino a los propios técnicos de la casa.