La situación en los países rescatados

Qué se les ha exigido hasta ahora a los países que han sido rescatados

La condicionalidad de la ayuda a Grecia, Irlanda y Portugal pasa por mayor presión fiscal, recorte de salarios, empleos y prestaciones públicas y un plan de privatizaciones.

Son tres los países del euro que, hasta la fecha, han tenido que ser rescatados para evitar la ruptura de la unión monetaria. Las ayudas comprometidas rebasan los 400.000 millones de euros, de los que Grecia representa unos 240.000 y el resto se lo reparten a partes casi iguales Portugal e Irlanda. La ayuda va siendo desembolsada a medida que los países cumplen con los compromisos exigidos por la UE. Atenas fue la primera en solicitar ayuda, el plan empezó a negociarse en marzo de 2010, pero no se oficializó hasta el 2 de mayo de ese año. El pasado mes de marzo, fue necesario ampliar el plan inicial, dotado con 110.000 millones, con un nuevo plan de 130.000. Irlanda claudicó el 5 de noviembre de 2010, tras haber inyectado 46.300 millones de euros, un 29% del PIB, en cinco entidades financieras. Portugal fue el último en tirar la toalla, el 8 de abril del año pasado. Todos los planes rotan sobre el mismo eje central, que no es otro que embridar las cuentas públicas en busca del equilibrio presupuestario y la normalización de la deuda pública. En paralelo, todas desarrollan un programa de reestructuración del sector bancario, evidenciando las similitudes entre unas economías y otras. Las exigencias van en una línea similar a la política que ya aplica el Gobierno de Mariano Rajoy desde que asumió el cargo, en diciembre del año pasado: incremento de la carga fiscal; reducción de servicios públicos; calendario de privatizaciones; recorte de las pensiones y despido de empleados públicos.

Grecia

Atenas fue la primera en pedir socorro a la UE, ante el alarmante desequilibrio de unas cuentas públicas manipuladas durante años. El asunto más delicado y que incluso el nuevo primer ministro, el conservador Antonis Samaras, se resiste a poner en marcha es el del despido de 150.000 empleados públicos. El Gobierno heleno necesita encontrar vías para lograr un ahorro equivalente al 8,5% del PIB.

Ya en 2010 se pactó un plan por el que solo se repondrá una plaza de cada cinco funcionarios que se jubilen. Las pagas extra de Navidad y Semana Santa fueron eliminadas para todo el funcionariado; tampoco los pensionistas reciben ya del Estado estas dos pagas extraordinarias.

Precisamente, las pensiones es una de las partidas más tocadas. A los recortes de los sueldos se suma una congelación de la paga y se limita al 2,5% del PIB el incremento del gasto público destinado a pensiones durante los próximos 50 años. Algunas de las reformas sorprenderían en España, pues fija la edad común para jubilarse en los 65 años de edad, cosa que no ocurría hasta ahora. A partir de 2020, se revisará la edad de retiro en función de la esperanza de vida. Solo podrán percibir beneficios completos aquellos que tengan 40 años cotizados.

La subida fiscal se aplica a todo tipo de actividades profesionales, al impuesto de la renta, así como también al consumo. En Grecia, los tipos del IVA son a partir de este año del 4,5%, el 13% y el 23%, frente al 4%, 10% y 21% que ha aprobado el Gobierno español. Adicionalmente, un 30% de los bienes y servicios que disfrutaban de tipos reducidos pasan a tener una fiscalidad normal.

Hay incorporaciones en política fiscal que resultan ilustrativas de lo que había sido la economía griega hasta de la crisis. Destaca así el impuesto a "actividades no autorizadas", por el que se espera recaudar 800 millones al año.

Para generar más ingresos, hay un detallado programa de privatizaciones de empresas de agua, transporte público, minería, energía, aeropuertos, defensa, transporte ferroviario y también de juego y apuestas. Todas estas medidas se acompañan de una reducción en la prestación de servicios públicos y un encarecimiento de las tarifas que cobran.

Irlanda

El alumno aplicado, puesto como ejemplo por el presidente del BCE, Mario Draghi, también ha tenido que asumir una tarea ingente. El esfuerzo de consolidación fiscal pactado fue de 15.000 millones de euros entre 2011 y 2014. Las líneas maestras de este plan, aún no implementado en toda su intensidad son una reducción de 7.000 millones en los gastos públicos; 3.000 millones en la suspensión de inversiones y un incremento de 5.000 millones en la recaudación, atacando directamente el impuesto sobre la renta por la vía principal de ampliar las bases impositivas.

En el acuerdo firmado con las autoridades comunitarias, Bruselas destaca las "oportunas" subidas de impuestos aprobadas por Irlanda en los años previos en el IVA, el mercado inmobiliario y las emisiones de dióxido de carbono. Pese a ello, estos gravámenes tendrán que volver a incrementarse este año y el próximo. El IVA en Irlanda tiene cuatro tramos: 4,8%; 9%; 13,5% y 23%.

Dublín ha demostrado, sin embargo, que también se pueden dejar líneas rojas sin tocar. Así, pese a toda la carga fiscal que se impone, el impuesto de sociedades se mantiene en el 12,5%. Este bajo impuesto es la clave con la que Irlanda consiguió atraer a empresas extranjeras durante la época del boom económico.

Las pensiones han sido recortadas en un 4%, bajo el argumento de que "no habían compartido la carga del ajuste".

En materia salarial, Irlanda ha bajado un euro el salario mínimo por hora, lo que equivale a un recorte del 12%. Habrá despidos en la función pública y los nuevos empleados entrarán a trabajar por un salario un 10% inferior. Las pensiones públicas pasan a calcularse con el sueldo medio de la vida laboral.

Para incentivar la búsqueda de empleo y evitar lo que el pliego de condiciones define como "trampa de la pobreza" se reduce la cantidad percibida como prestación por desempleo y se acorta la duración del mismo. Con esta medida se espera un ahorro de 750 millones.

Portugal

Bajo los términos del acuerdo con la UE, Lisboa debe emprender una racionalización de la administración pública en toda regla. Para empezar, el objetivo es reducir en un 20% las oficinas de la administración presentes en el país. Esto no conllevará necesariamente despidos de empleados, pero sí traslados, pues se busca la "flexibilidad, adaptabilidad y movilidad de los empleados públicos". El plan de reducción de personal es del 2% anual entre 2012 y 2014, compartido entre las administraciones nacionales, regionales y locales. Todos cobrarán menos: las pagas 13 y 14 (Navidad y Semana Santa) quedan abolidas, como ocurre en otros países; en la paga de los pensionistas sucederá lo mismo.

Portugal ha subido el IVA (los tramos son el 6%; 13% y 23%). Pero también ha revisado las tasas reducidas aplicadas a empresas, determinados beneficios fiscales corporativos y ha limitado las deducciones por pérdidas de años anteriores. El Gobierno llevará a cabo un plan de privatización incluyendo energía, correos, transporte, televisión, agua y gestoras públicas de seguros.

Racionalización

Servicios públicos más ordenados, pero a la baja

Sanidad: los planes de rescate exigen un control férreo del gasto sanitario, con concentración de servicios, control de recetas, aumento del número de pacientes por médico y apuesta decidida por los genéricos.

Educación: reducir el gasto en educación es otra de las claves. Se buscan fórmulas como la concentración de escuelas públicas.

Empresas públicas: se revisan los servicios que prestan las empresas públicas (para reducirlos), las tarifas (para elevarlas) y el personal empleado (para recortarlo).

Transferencias: hay una apuesta por la centralización de servicios públicos, devolución de competencias y reducción de transferencias.