¿Un rescate bancario que no pague el contribuyente?
Las voces que apelan a un cambio en el modelo de salvamento de la banca aumentan. El BIS se ha unido a ellas y pide que se liquiden bancos y que los bonistas asuman pérdidas de forma que no sean los contribuyentes los que paguen las consecuencias.
Las fórmulas de rescate de la banca en apuros levantan casi más pasiones que el fútbol. Sobre todo porque hay dos posturas muy encontrada: los hay que defienden la libertad de las entidades financieras para caer igual que el resto de las empresas y los que niegan esa posibilidad por las repercusiones (temibles, se presupone) que tendría una quiebra bancaria de cierto tamaño para toda la economía del país en cuestión.
A eso se une otro matiz que tampoco deja indiferente a nadie: ¿quién debe pagar el rescate en caso de que se opte por no dejar caer a la banca en apuros? Por ahora la mayoría de las naciones (con muy pocas, aunque sonadas, excepciones) han optado por una respuesta: el dinero público.
Pero hay dos instituciones que están marcando claramente que el camino puede ser distinto. La primera es la Comisión Europea, que hace pocas semanas aprobó una propuesta de directiva que plantea un cambio en la vía tradicional, con el objetivo de que la liquidación de bancos sea una opción a estudiar y no el último recurso y que abre la puerta a que los dueños de los bonos de los bancos auxiliados asuman pérdidas, igual que hacen los accionistas.
Ahora es el Banco de Pagos Internacionales (el BIS, por sus siglas en inglés) el que pone el dedo en la llaga. El banco central de los bancos centrales, dirigido por el español Jaime Caruana, lo hace en el recién publicado informe anual de la institución. Después de criticar que la banca internacional ha vuelto a las andadas y que está recuperando el "perfil de alto riesgo previo a la crisis", asegura que solo habrá un progreso fundamental en la estructura del sistema financiero "cuando se permita la quiebra de grandes instituciones sin que los contribuyentes tengan que pagar las consecuencias".
El BIS también ataca con dureza el blindaje que tienen los dueños de los bonos de los bancos. Puesto que saben que no van a perder su inversión porque ni van a asumir pérdidas ni verán liquidada la entidad en la que invierten, el escrutinio y el control que hacen de las instituciones a las que prestan su dinero es menor. Así, la banca logra financiación casi al margen de la bondad de su gestión (al menos, en los buenos tiempos) y luego es el dinero público el que acude al rescate.
De ahí que el BIS abogue porque los tenedores de los bonos de la banca asuman pérdidas. "Habría una mayor sintonía entre los incentivos de los bonistas y el interés público en general si los inversores tuvieran más claro que deberán asumir pérdidas si los bancos se ven en problemas". Y va más allá: "Si los riesgos para los inversores fueran más claros y dejaran de concederse ayudas a los bancos para paliar la crisis, inclusive con avales públicos a sus bonos, los inversores tendrían más interés en escrutar la situación financiera de los bancos antes de invertir en ellos".
El problema es que muchas legislaciones nacionales no permiten que los bonistas asuman pérdidas y que la directiva de la Comisión Europea en este sentido puede tardar años en hacerse realidad. El BIS da su receta: "Combinar de alguna manera bonos que establezcan con cierta certeza las pérdidas que deberán asumir sus tenedores en caso de resolución (bail-in bonds) con una mejora de las potestades en materia de liquidación".
Lo que sí se puede es liquidar entidades financieras, algo que el vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, ha dejado claro en referencia al proceso de rescate de la banca española. Antes de enterrar el dinero en entidades que no tienen futuro, Bruselas optará por cerrarlas. Y ese mismo argumento es el que usan los defensores de las pérdidas para los dueños de los bonos de los bancos: ¿por qué debe pagar el contribuyente cuando hay inversores que asumieron un riesgo? La idea sería transformar esos bonos en capital, en acciones, de forma que las necesidades de recapitalización finales con dinero público fueran menores, como defiende Juan Ramón Rallo, director del Instituto Juan de Mariana, en un artículo publicado en el Wall Street Journal.
La otra cara de la moneda es el efecto que esta última medida podría tener en el sector financiero. Fuentes del mercado hablan del peligro de cambiar las reglas del juego a mitad de la carrera y del impacto que puede tener para la confianza de los inversores, bastante escarmentados ya en los últimos años. El fantasma de una huida más acusada aún de dinero y de la imposibilidad de financiarse una vez que los bonos queden estigmatizados es el que asusta a la banca.
Con el rescate a la banca española encima de la mesa, las posturas de Bruselas y del BIS no solo cobran importancia, sino que su ejecución (o no) determinará el nuevo mapa financiero nacional que surja de la crisis.
