El negocio de la salud
Enfermo de cáncer en Cataluña. Es tratado con el medicamento Gefitinib, de la multinacional farmacéutica AstraZeneca. Si el tratamiento no tiene un resultado positivo en el paciente, el hospital catalán no paga al laboratorio por el uso del fármaco, que tiene un coste de 6.000 euros por cada ciclo de 12 semanas.
Un valenciano entra en su hospital público de Alzira. Tal vez no sepa que el centro pertenece a la empresa Ribera Salud y está gestionado privadamente. Sus profesionales dependen de esa compañía (fundada por las cajas valencianas y ahora participada por Bankia y Banco Sabadell).
Hospital Son Espases, en Palma de Mallorca. Un paciente avispado se dará cuenta de que si le realizan una resonancia magnética, una radiografía o una ecografía, todos los aparatos médicos pertenecen al gigante General Electric. Y es que esa multinacional estadounidense ganó el concurso por 26,2 millones de euros para equipar tecnológicamente al centro y mantenerlo renovado.
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Se trata de tres fórmulas de colaboración entre el sector público y el privado en el ámbito de la sanidad, donde cada vez más las empresas ocupan un espacio que anteriormente tenían vetado. El caso donde más profunda es esa cesión de competencias se da en la gestión de hospitales, e incluso áreas de salud, en la Comunidad Valenciana y Madrid.
En 1999, con Eduardo Zaplana (PP) en la presidencia de laGeneralitat Valenciana, se inauguró el denominado modelo Alzira. A través de las cajas de la comunidad se creó Ribera Salud para construir y gestionar el hospital de La Ribera, en Alzira. Desde entonces, un consorcio formado por esta empresa, Adeslas y las constructoras Lubasa y Dragados se hace cargo de la salud de 256.000 valencianos. La fórmula es sencilla. El Ejecutivo regional paga 639 euros (tarifa de 2012) anualmente por cada ciudadano (lo que se denomina financiación capitativa) y se desentiende de la gestión. Aunque nombre a un comisionado que vela para que se cumpla el contrato. De ese modelo surgieron el Hospital de Torrevieja, el de Denia, el de Manises y el de Vinalopó (Elche), donde además de Ribera Salud se repartieron el pastel las aseguradoras Sanitas, DKV y Asisa.
Pero el sistema se extendió a la Comunidad deMadrid, incluso con los mismos protagonistas. En 2011, el nuevo centro de Torrejón pasó a estar gestionado por Ribera Salud y Asisa. El de Móstoles, el de Valdemoro y el de Collado Villalba fueron adjudicados a Capio (que también gestiona el área de salud perteneciente al hospital Fundación Jiménez Díaz). Madrid cambiaba así su estrategia de colaboración público-privada. Anteriormente, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre (PP) había optado por dejar la construcción de ocho centros públicos a las concesionarias (fórmula llamada Iniciativa de Financiación Privada, conocida por sus siglas en inglés FPI), por lo que paga un canon anual, pero la gestión sanitaria sigue siendo pública. Sobre si es más caro este modelo, como se ha criticado desde las plataformas de defensa de la sanidad pública, Manel Peiró, profesor de Esade, apunta a que hubiera sido imposible realizar ocho clínicas en dos años por la enorme cantidad de recursos que harían falta. "Otra cosa es que estos centros fueran necesarios".
"Me gusta más el modelo Alzira porque se hace cargo de la gestión sanitaria y, como recibe unos recursos concretos por cada ciudadano, tiene que ahorrar en base a promocionar la salud y la prevención", afirma Ignacio Para, presidente de la Fundación Bamberg (que impulsa la innovación en la gestión de la salud).
Sin embargo, esta fórmula se ha encontrado con la oposición socialista en las respectivas comunidades sindical, y de los sindicatos, por lo que han descrito como la mercantilización de la salud. Sobre todo porque la gestión sea cedida a una entidad con ánimo de lucro. "Este modelo es entre un 20% y un 25% más barato que el público", contesta Ignacio Riesgo, socio de la consultora PwC. Los expertos coinciden en que aporta más flexibilidad en los recursos humanos (que suelen trabajar más horas a cambio de un mayor salario) y en las compras. "La gestión actual de los hospitales es un desastre, de una rigidez heredada de las normas franquistas", opina el profesor de Esade.
"El concepto de lo público está mal entendido. Me da lo mismo que sea una empresa o la Administración quien me oferte el servicio. Lo fundamental es que me los ofrezcan de forma gratuita", apunta Peiró. "El Sistema Nacional de Salud debe garantizar la financiación pública y la cobertura universal", coincide Riesgo. Sin embargo, el modelo Alzira ha sumado críticas como la desviación de enfermos graves para determinadas patologías. Y Gabriel Martínez, socio fundador de Russell Bedford International, firma que ejerce de asesora de Ribera Salud y defensor de esta fórmula, reconoce que este modelo no contempla la investigación que se realiza en los hospitales públicos: "Es el gran problema, ya que esa I+D es un referente. De momento no hay respuesta a cómo solucionarlo".
Presumiblemente se sumarán a esta apuesta ocho centros de Castilla-La Mancha, también gobernada por el PP, ya que su presidenta, María Dolores de Cospedal, ha renunciado a su gestión para reducir el déficit de la región.
Además, el sector privado gestiona mediante conciertos el 20% de la atención hospitalaria, que es derivada a sus centros; el 28% del diagnóstico por imagen; el 52% de la oncología radioterapéutica, y el 88% de la hemodiálisis, según el lobby IDIS, que agrupa a los agentes del sector privado. "Que lo hagan empresas siempre resulta más barato", asegura al sector público que hacerlo en sus propios hospitales", asegura Riesgo.
Un gran nicho de mercado se encuentra también en las tecnologías, "como la teleasistencia, la historia clínica digital, la gestión de los crónicos o el diagnóstico por imagen", ejemplifica Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, la patronal de tecnología sanitaria. Los hospitales han congelado el capítulo de inversiones y como solución para evitar la obsolescencia de sus equipos han encontrado nuevas fórmulas, como es la de buscar un socio tecnológico que equipe los centros y los mantenga. actualizados a cambio de un canon anual.
"Es un sistema que se está comenzando a usar", explica Eduardo Rodríguez Urcelay, director general de la multinacional sueca Elekta y profesor de Política Sanitaria en IE Business School. "Se cambia el concepto de proveedor al de socio que asume los riesgos, porque debe renovar la tecnología". con los avances que surjan".Grandes contratos de este tipo se han firmado en Murcia (en los hospitales de Cartagena y Mar Menor), ganados por Siemens, y Son Espases (Baleares). "Para mantener las necesidades de innovación e introducción de tecnologías es fundamental colaborar con el sector privado", recalca el socio de PwC. Y se muestra como solución cuando las Administraciones no pueden acometer ninguna gran inversión inicial.
El mismo paso ha dado el sector farmacéutico. Los laboratorios han colaborado tradicionalmente en los ensayos clínicos de los hospitales o en la formación de profesionales. "La industria dedica un 44% de su inversión (459,2 millones) a contratos con el sistema público de investigación", destacan desde la patronal Farmaindustria. Pero ahora se ha dado un nuevo salto. "Comparto el riesgo con la industria farmacéutica en base a los resultados de la terapia. Creo que solo sirve para fármacos muy caros, con poca información, para unos determinados pacientes y que sepamos con sencillez y rápidamente si ofrece resultados", aclara Antoni Gilabert, gerente de atención farmacéutica del Servicio Catalán de Salud. Además de esta comunidad, el hospital Virgen de las Nieves de Granada firmó un contrato similar con la farmacéutica GSK.Este tipo de acuerdos están en una fase inicial y se han paralizado en algunos casos. "En Reino Unido, donde comenzó a usarse, se ha visto que tiene un seguimiento muy complicado en los resultados y conlleva unas cargas administrativas enormes", critica Teresa Millán, directora de asuntos corporativos de la multinacional Lilly.