Solución con piezas
Son como Jack Lemmon y Walter Matthau: una extraña pareja. La asociación entre el mundo público y el privado ha generado tantas suspicacias y recelos que los encontronazos han sido constantes. Un choque que trasciende lo económico hasta alcanzar lo ideológico. Pero la crisis ha forzado que ambos conceptos ensayen un tiempo de convivencia y prueben a ver si de verdad pueden plantear soluciones conjuntas a retos de tanta envergadura como financiar la sanidad, la educación, las infraestructuras o la seguridad del Estado, todo en una época de presupuestos exangües.
Tal vez el mejor ejemplo de la implicación de estas dos esferas llegue de la política de Defensa. Las Fuerzas Armadas llevan desde hace tiempo externalizando servicios como limpieza, seguridad, mantenimiento, logística, gestión de instalaciones e incluso diversas áreas de ingeniería. De lo más sencillo a lo más complejo. Y la oportunidad está ahí. "Si partimos de la premisa de que algunos recursos públicos están desaprovechados, estos podrían representar una oportunidad de negocio para el sector privado", avanza Pedro Argüelles, secretario de Estado de Defensa. Y afirma: "Las Fuerzas Armadas son un colectivo muy grande desplegado por toda la geografía española, lo cual de por sí es una posibilidad de negocio y un potencial de colaboración público-privada".
Los expertos como Argüelles aseguran que hay que repensar en profundidad la relación entre el mundo privado y el público. Los antiguos esquemas ya no sirven, como en tantas otras actividades,fagocitados por la vorágine de los tiempos, y ahora hay que reescribir el papel de cada uno. dentro de la novela de terror en la que se ha transformado la economía."Es necesario superar definitivamente la visión de lo público como sustituto de funciones de lo privado, y viceversa; hay que orientar la acción política y económica a la búsqueda de resultados y dotar al sector privado de forma urgente de una competitividad de la que también se beneficie el mundo público".
Las empresas tienen que asumir riesgos aunque sean elevados
Renfe, Puertos, LAE o AENA serán privatizados antes o después
Las fórmulas mixtas de gestión se extenderán en los próximos años
El Estado no se plantea reducir costes, sino aumentar la liquidez
Esas que acaban de leer son las conclusiones de más peso que se escucharon hace unos días en la Fundación Ramón Areces, precisamente durante unas ponencias que analizaban la necesidad de entendimiento entre ambos espacios. Allí también se incidió en algo que impulsa a reflexionar."El sector privado debe interiorizar que tiene que aceptar riesgos, aunque sean elevados, como sucede con las autopistas". O sea, "la empresa privada debe comprender que sin riesgo no hay beneficio". Hay que asumir riesgos y, por supuesto, mejorar la competitividad", resume Pedro Argüelles.
El problema, al menos uno de ellos, es que ya hay malas experiencias, como la financiación privada de las autovías radiales madrileñas, que solo han conseguido aumentar la desconfianza. y generar más preguntas que respuestas.Gerardo Sánchez, presidente de la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (Aesmide), cree en esa asunción del riesgo, "pero no cuando sea muy elevado". ¿Entonces?
Todo este tema se mueve en torno a un delicado equilibrio. Por eso, para intentar hallar ese centro de gravedad se ha recurrido a una normativa específica que sirva de argamasa. De ahí nace el reciente contrato de colaboración entre el sector público y el privado, "una singularidad española" ?como bien la define Adolfo Menéndez, abogado del departamento público y procesal del bufete Uría & Menéndez? "adecuada cuando las Administraciones públicas necesitan contratar servicios complejos". y en la que, por cierto, había depositadas muchas esperanzas. Pero no ha funcionado, y "no se puede decir que se esté usando de forma masiva", apunta Alejandro Fernández Rancaño, del despacho Garrigues. ¿Por qué?
Es una normativa que se conoce poco, es subsidiaria, es decir, solo se aplica cuando no se puede conseguir la misma finalidad con cualquier otra fórmula de contratación más tradicional. y además genera dudas de seguridad. Y este, relata Mariano Magide, miembro de Uría & Menéndez, es "el meollo" de la cuestión". O sea, "las empresas deben estar absolutamente seguras de que el know-how que pongan sobre la mesa en la licitación será respetado en términos de confidencialidad, así como sus derechos de propiedad intelectual, si no se les adjudica el contrato".
Y es que la desconfianza también es una fuerza económica; que se lo digan, si no, a la financiación privada de infraestructuras públicas. A partir de los célebres PPP (public private partnership). En principio, desgranan los expertos, son posibles en sectores tan variados como los que van desde el transporte de pasajeros y mercancías hasta las instalaciones de abastecimiento o saneamiento. Pero la práctica es más restringida, pues ya hemos visto lo que ha pasado con las radiales madrileñas o algunos aeropuertos.
Aun así, hay oportunidades de colaboración entre las dos miradas, describe Gerardo Sánchez, presidente de Aesmide, en eficiencia energética, en ("que es un ámbito de negocio importantísimo"), formación especializada ("por ejemplo, para compañías como Adif o Renfe, que demandan unos conocimientos muy concretos"), en tecnologías de la información y en logística.
Ahora bien, en un tiempo en el que el inglés se ha convertido en el esperanto de nuestra época, Hay dos modelos que se imponen en ese mundo de las infraestructuras, donde lo público y lo privado buscan su encuentros. Son, desgrana Leonardo Benatov, consejero delegado de Euroconsult, la fórmula del greenfield (se aplica para financiar infraestructuras nuevas) y brownfield activos que la Administración tiene interés en deshacerse de ellos o bien refinanciarlos). "En España, ambas actividades tienen sentido", asegura este analista. Los campos verdes, por ejemplo, en depuradoras de aguas residuales, y los marrones, en la conservación de tramos de carretera. De todo esto surge un mensaje: "El país tiene que deshacerse de determinados activos inestables y defectuosos", sentencia. Benatov. Puede ser cierto.
¿Pero entran dentro de esta fiebre enajenadora los activos sanitarios? Esperemos que no. La consultora Russell Bedford estima que la sanidad española podría ahorrar 14.000 millones de euros aplicando fórmulas de gestión público-privadas alternativas al copago. "El modelo de sanidad que actual, basado en el crecimiento económico perpetuo, es insostenible", advierte Gabriel Martínez, socio fundador de la consultora. Y las comunidades, sobre todo las gobernadas por el PP (Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha), ya aplican el axioma (bastante contestado) de "gestión privada, sanidad pública", cuyo referente es el modelo Alzira. A la vez, urge la creación de una central de compras de medicamentos que ayude a reducir los 12.000 millones que debe el sistema hospitalario.
Con la crisis, la entrada de lo privado en lo público, incluso la más íntima, está siendo generalizada (para lo bueno y lo malo). Y como una especie de Gran Hermano orwelliano ya hay herramientas y tecnologías que ayudan, relata Pedro Bruna, gerente sénior de Accenture, a determinar patrones de comportamiento y perfiles de empresas fraudulentas, así como a analizar la propensión a cometer irregularidades en la gestión de prestaciones y subvenciones. Es más, estos instrumentos también desarrollan perfiles de criminalidad y ayudan a prevenir la siniestralidad vial.
Aunque todas estas propuestas puedan parecer muy agresivas, ya hay quien asegura, como Javier García Seijas, responsable de infraestructuras de Ernst & Young, que "vivimos solo un momento de transición. En el futuro, estas fórmulas mixtas serán más empleadas y se extenderán a ámbitos como el tráfico o el alumbrado", ya que cada vez existe mayor interés en poner en valor activos que tiene el Estado". Y es que su enfoque ha cambiado. "Ahora, antes que ahorrar, lo que busca la Administración es liquidez a través del patrimonio inmobiliario utilizando, por ejemplo, operaciones de lease-back [vender un inmueble y permanecer en alquiler en él]. Ya no es una palanca de reducción de costes, lo que de verdad persigue el Estado es inyectar liquidez en sus cuentas", concreta Ángel David López, gerente responsable del área de industria de Everis.
Así, andando, hemos llegado a la piedra filosofal de estos días: la liquidez. Y quizá no exista ninguna partida (a excepción de la sanidad) que sienta tanto esta carencia como la educación. Tras el tijeretazo de más de 5.000 millones en su presupuesto, ¿qué podemos esperar del concordato entre lo público y lo privado? Básicamente, que cambien (algo) las cosas. España sufre una tasa de paro universitario elevada (11,8%) y tiene dificultades para ofrecer empleos acordes a más del 20% de los titulados ocupados, según un advierte un reciente estudio del BBVA. Y nuestro dibujo educativo se resiente. ¿Quiere decir esto que está sobredimensionado? Veamos.
En España hay 79 universidades, 50 públicas y 29 privadas, concentrándose más de la mitad en cuatro comunidades de mayor población (Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia). ¿Muchas? Pues depende de las miradas. El Gobierno ya ha avanzado que es un tema que se halla en revisión. "Necesitamos una transformación, de la enseñanza, un cambio de todo el proceso educativo", asegura Sandalio Gómez, profesor del IESE. Y ahonda: "La universidad pública no tiene la fuerza interna para crecer al ritmo brutal de los desafíos en materia educativa".
Una capacidad de respuesta, podría pensarse, que se le hurta si además se reduce su presupuesto. El gasto educativo sobre el PIB pasará del 5,9% en 2009 al 4,65% durante 2012. Esta es la realidad. Y la colaboración entre lo público y lo privado parece lejana. Entonces, como un eco, llegan las respuestas que traen un murmullo ideológico. "Si no hay dinero, lo primero que hay que hacer es potenciar la educación pública", señala rotunda Carmen López, secretaria de política social de UGT. ¿Tan costosa es nuestra educación? No parece. "La universidad no es cara y para lo que oferta resulta muy eficiente", defiende Josep Juan Moreso, rector de la Universidad Pompeu Fabra. El coste medio de un curso universitario de grado se situará el año que viene en 1.600 euros.
El problema añadido que padece el mundo educativo y cultural es que ha ido perdiendo algunos de los actores que le insuflaban vida. La desaparición de la obra social de infinidad de cajas de ahorros es una fuerte pérdida de ingresos públicos que absorbía la cultura. Una carencia que quieren paliar las fundaciones privadas de grandes compañías, que parecen haber tomado el relevo. "Creo que las empresas, en la medida de sus posibilidades, intentan mantener su compromiso social en estos tiempos de crisis, no tanto por la retirada del sector público a causa de la restricción del gasto, sino porque realmente han desarrollado durante los últimos años una responsabilidad social corporativa que forma parte ya de su cultura y valores", desgrana Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña.
Desde luego, este tiempo de recortes se mueve con facilidad de lo público a lo privado. Y la publicidad no es ajena a esta inercia. Las campañas de comunicación institucional (las denominadas "de utilidad pública") han caído un 56%, y las de carácter comercial, el 28%. Aun así, "la comunicación institucional no es prescindible, pues tiene su razón de ser sustentada en la propia Constitución", recuerda Pedro González, director del área de administraciones públicas de GroupM. Bueno, puede pensarse, esta es otra forma de colaboración entre lo público y lo privado: por ley. Síntoma de los tiempos.
Hace algunos días, la agencia Efe distribuyó una fotografía en la que se veía a un grupo de personas en el exterior de la sede de JP Morgan en Tampa (Florida, Estados Unidos) protestando airadamente por los desmesurados sueldos de algunos de los ejecutivos del banco de inversión. Uno de los manifestantes portaba un improvisado cartón escrito con rotulador en el que se leía un revelador juego de palabras: "Ten years ago, we had: Steve Jobs, Bob Hope and Johnny Cash. Now, we have: no Jobs, no Hope, no Cash". O sea: "Hace diez años teníamos a Steve Jobs, Bob Hope y Johnny Cash. Ahora no tenemos trabajos, esperanza ni dinero".
Pocas imágenes resumen tan bien nuestro tiempo y, sobre todo, la perentoria necesidad de conseguir liquidez (cash). Convertida en la arcadia de la época, la búsqueda de recursos líquidos ha llevado al Gobierno a lanzar un "ambicioso" ?el entrecomillado es suyo? plan de privatizaciones de empresas públicas con el que espera recaudar entre 20.000 y 30.000 millones de euros. La venta afectará a compañías como Renfe, Puertos del Estado, Paradores, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y AENA, y debería incluir privatizaciones de sociedades y servicios prestados por las comunidades autónomas.
Esta es la estrategia esbozada en un papel, pero ningún analista cree que este año sea factible sacar al parqué alguna de esas compañías. "El deterioro de la confianza, de las perspectivas de futuro, es de tal calibre que la situación actual parece el peor de los momentos posibles", valora José Luis Martínez, economista jefe de Citigroup. "Aun así, creo que es importante iniciar los preparativos para buscar recursos a través de la venta de todo o parte del sector empresarial español".
Ese concepto de "iniciar los preparativos" remite, según Pablo Mañueco, socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI), a utilizar este tiempo de espera para "vestir las compañías", o sea, sanearlas, reestructurarlas y adaptarlas a las exigencias de los tiempos. "¿Cómo vas a sacar a LAE o AENA (las dos joyas de la corona) al mercado cuando ambas están totalmente sujetas al riesgo España, pues su público y actividad es plenamente nacional? Sería un suicidio", reflexiona Pablo Mañueco. Y es que, como asegura Natalia Aguirre, jefa de análisis de Renta 4, "me cuesta mucho ver privatizaciones a corto plazo, ya que por muy atractivas que puedan ser algunas valoraciones, el miedo es libre y hay demasiado y por todas partes".