Consejos fiscales de la UE
La Comisión Europea acaba de publicar sus recomendaciones a los Estados miembros para sus políticas presupuestarias y tributarias. Prevé para España una recesión económica del -1,8% para 2012 y del -0,3% para 2013, cuadro que coincide con el dibujado por la OCDE en sus Perspectivas económicas y en el que se estima una recesión durante todo el año 2012. Es positivo observar una reflexión sensata en el papel comunitario: la afirmación de que se llegue al equilibrio presupuestario de forma diferenciada y positiva para el crecimiento. Esto es, no caben recetas generales sino la consideración de la situación de cada lugar y con la debida atención al estímulo de la economía.
Es más, el comisario de Asuntos Económicos y Financieros anunció que podía retrasarse el objetivo de equilibrio fiscal a 2014 siempre que se presentase un plan presupuestario multianual para todo este periodo.
En materia de impuestos, las indicaciones ponen de manifiesto la necesidad de mejorar la eficiencia del sistema impositivo cuando se observa su incapacidad para generar recursos y una estructura que se considera nociva para el crecimiento y el empleo.
Según el último trabajo de la Comisión Europea Taxation trends in the European Union, 2012 edition, la presión fiscal española alcanzó en 2010 el 31,9% del PIB, por debajo de la media de la zona euro, el 38,9%, y de la UE, el 38,4%. Los datos muestran que nuestra distancia con aquellos países a los que nos gustaría parecernos es todavía mayor. Bruselas sostiene que hay espacio para incrementar la capacidad recaudatoria y contribuir a reducir el déficit público e invita a que se haga con un marco institucional y fiscal más reforzado, a la vista del grado de descentralización del país y de los problemas de disciplina fiscal en las comunidades autónomas.
Es clara la propuesta para incrementar el IVA y los impuestos indirectos: tienen una gran base impositiva y, en consecuencia, gran capacidad para aportar recursos. El tipo general del IVA en nuestro país es el 18%; el 20% de media en la zona euro y el 21% en la UE. Los ingresos por este concepto alcanzan al 5,5% del PIB, al 7,5% en la zona euro y al 7,6% en la UE. Más estridentes resultan los datos relativos al tipo de gravamen implícito sobre el consumo: el 14,6% frente al 20,7% y al 21,3%, respectivamente. A este último dato contribuye una tributación ecológica que se queda en el 1,6% del PIB frente al 2,6% del PIB en la UE. Pese a ello, el Gobierno retrasa la subida del IVA un año y no precisa cómo lo hará, lo que la Comisión Europea critica de forma expresa. Se debería considerar el impacto que pueda tener tal incremento sobre un consumo ya muy débil, lo que podría contraer la demanda. Ahora bien, la propia institución europea menciona que muchas de las deficiencias de nuestro IVA se encuentran en las excesivas exenciones y en la aplicación extensiva del tipo reducido y del superreducido (¡en edificios, ejecuciones de obra, adquisición de vivienda, hoteles, restaurantes, espectáculos deportivos, ferias, peluquería o televisión digital!).
De hecho, la propuesta plantea un cambio de la carga fiscal desde la que soporta el trabajo hacia el consumo. Esto contradice otra iniciativa de Rajoy, quien pensaba en reducir el déficit incrementando el IRPF. En cualquier caso, su idea resultaba asombrosa. La recesión supone menos empleo, salarios más bajos y caída de los beneficios. La subida del tipo nominal se aplica sobre unas bases fiscales menguantes. El resultado, una medida básicamente ineficaz para el fin pretendido. Además, los economistas coinciden en que estos impuestos son peores para el crecimiento económico: incrementan los costes laborales y, con ello, reducen la productividad y la rentabilidad de la inversión.
La otra gran crítica del informe se refiere al incentivo que los impuestos dan al endeudamiento y la adquisición de la vivienda en propiedad, cuando debería apoyarse el alquiler para reducir los costes de desplazamiento en busca de nuevas posibilidades de empleo. En este sentido, se debe llamar la atención crítica sobre las medidas del Gobierno del PP del pasado diciembre que recuperan la deducción fiscal por adquisición de vivienda y la prórroga del IVA reducido para su adquisición: parece que se pretende estimular un sector con mucho paro y en el que se produce una continua pérdida de valor de activos, con implicaciones para el sector financiero. Pero se dificulta un proceso necesario de reconversión a otro modelo productivo que evite burbujas financieras e inmobiliarias.
En cuanto a la amnistía fiscal, el texto europeo afirma la incertidumbre sobre su impacto recaudatorio, lo que apoyaría a quienes defendemos que así se eluden problemas hacendísticos: si los impuestos existentes no son capaces de aportar los recursos necesarios, deberíamos revisarlos para que cumplan con su función y hacerlo de manera ordenada, de acuerdo con valores de justicia y eficacia.
Juan López Rodríguez. Doctor en Derecho Tributario y funcionario de la Comisión Europea