Control de 'doping' a la banca a mitad de carrera
Cuando aún no se han asumido los 82.000 millones de coste de las últimas reformas, el sector se prepara para otras dos auditorías.
No hay quien pare a coger aire en el sector financiero. A cada oleada de castigo en los mercados le sigue un nuevo cambio regulatorio que modifica las reglas del juego. Una decena de decretos desde que comenzó la crisis, con los que este Gobierno y el anterior han intentado exorcizar el demonio del riesgo inmobiliario, devolver la confianza perdida a los inversores y, en última instancia, lograr que las entidades vuelvan a conceder crédito a familias y empresas para que la rueda de la economía española vuelva a girar. Un maratón que amenaza con no acabar nunca y en el que se añaden nuevas pruebas a cada curva lo que, lejos de disipar las dudas, recubre de un halo de improvisación al recorrido. Así, cuando las entidades aún no ha cuadrado los planes de saneamiento a los que le obliga la última reforma y mientras aumenta la inquietud por la nacionalización de Bankia -hija de un decreto anterior para modernizar las cajas de ahorros- el sector se prepara para afrontar dos test de estrés y una auditoría a tres bandas que amenaza con descubrir nuevas flaquezas en la banca.
Al mensaje público de que el sector hará todo lo necesario por ganar en transparencia y convencer de su solvencia le acompaña un sentimiento de profundo descontento, puertas adentro, con la vorágine de constantes cambios regulatorios. El Gobierno de Mariano Rajoy anunció en febrero su reforma financiera: se elevaban las provisiones sobre activos inmobiliarios adjudicados (al 35% para vivienda terminada, al 65% para promociones y al 80% para suelo) para cubrir el riesgo. Tres meses después, el Ministerio que dirige Luis de Guindos anunció una segunda reforma, esta vez, "definitiva" en la que se penalizaba el llamado "crédito sano" concedido al negocio inmobiliario y sospechoso de estar plagado de refinanciaciones irregulares (el volumen de préstamos al sector casi no ha caído desde que se inició la crisis).
En paralelo se anunció la creación de sociedades inmobiliarias, los tan negados bancos malos, para vender los activos en balance. Economía anticipó también que dos valoradoras independientes, Roland Berger y Oliver Wyman, someterían al sector a un test de estrés para comprobar la fortaleza de sus provisiones, bajo la supervisión del Banco central Europeo. Un ejercicio que realizó el Fondo Monetario Internacional alertando de la fragilidad de Bankia.
Pero no fue suficiente. Mientras la banca se desploma en Bolsa y el Banco de España se suma en el descrédito, se ha anunciado que tres auditoras radiografiarán toda la cartera crediticia española y el saneamiento realizado. Aunque hay cierta confianza en que los deberes del ladrillo son ya suficientes, hay cierto nerviosismo en el sector sobre los agujeros que puedan detectar consultoras y auditoras en otras carteras, como las de crédito concedido a empresas, pymes, familias o hipotecas. De esta forma, mientras la banca ultima cómo pagar los 54.000 millones del primer decreto y los 28.000 del segundo, debe ir calculando qué otras debilidades presenta y qué cartuchos les quedan sin disparar para hacer frente a lo que ya se conoce como "Guindos 3", o la tercera reforma financiera -y factura- en lo que va de año.
La cifra
82.000 millones es el coste aproximado que se deriva de las dos reformas financieras de 2012 para el conjunto del sector.
El Estado responderá por Bankia
La fusión de siete cajas de ahorros que lideraron Caja Madrid y Bancaja se convirtió en la primera inmobiliaria de España. La incapacidad de la entidad para hacer frente por sí misma a los saneamientos requeridos por el Ejecutivo ha derivado en la nacionalización de la misma y el relevo de sus gestores. Hoy, es el primer banco público del país.Unos 12.000 millones de activos inmobiliarios adjudicados en su balance elevaron la factura a pagar por Bankia a 5.070 millones de euros tras el decreto de reforma financiera del pasado febrero. La normativa aprobada en mayo por el Consejo de Ministros supone un incremento de 4.813 millones. Bajo la presidencia de Rodrigo Rato, Bankia trató de cumplir con los requerimientos mediante el canje de preferentes y deuda subordinada por acciones o la venta de activos no estratégicos. La entidad, que contaba con 1.100 millones de provisiones genéricas, vendió parte de su cartera industrial -BME y Mapfre América- o de su participada Tasamadrid. No bastó. Tras nacionalizarla, el Gobierno ha anunciado que el Estado pondrá todo el dinero que sea necesario.