Europa forzará una rebaja en las comisiones de los fondos para atraer a los pequeños inversores
Los fondos de inversión y seguros de ahorro serán comparados con sus pares o con un índice de referencia para dirimir si crean valor al ahorrador
Europa emprendió hace ya años la titánica tarea de potenciar la inversión de los pequeños ahorradores más allá de cuentas de ahorro y depósitos bancarios. Para ello se ha propuesto reducir los costes de los vehículos de inversión y hacer más sencillo su acceso en un momento en el que los hogares europeos, y españoles, tienen unos 10 billones de euros, cerca del 40% de su patrimonio financiero, depositados en cuentas sin remunerar y depósitos bancarios que no logran cubrir el impacto de la inflación.
Entre las distintas iniciativas que se bajaran, este miércoles la Comisión Europea y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo político sobre la estrategia de inversión minorista (RIS, por sus siglas en inglés) que aspira a transformar la forma en la que se distribuyen en la Unión Europea los productos de inversión y que había provocado no poco revuelo entre una industria de gestión de activos que temía que se limitaran sustancialmente las comisiones que pueden cobrar a sus clientes por administrar su dinero.
El acuerdo, a falta de que se conozca el detalle definitivo en las próximas semanas o meses, forzará a las firmas de inversión a proporcionar información clara sobre los costes y cargos asociados a cualquier producto de inversión y a garantizar que los productos ofrezcan una buena relación calidad-precio. Entre los elementos más relevantes que contempla está la aprobación del concepto de value for money, que persigue que ninguna firma pueda cobrar si no está aportando un valor al cliente. Bancos y gestoras deberán realizar un análisis previo al lanzamiento de cada producto sobre sus costes y su creación de valor, que en el caso de los fondos de inversión supondrá una comparativa con otros vehículos comparables —aún no se han concretado los detalles— y que en los seguros de ahorro se articulará con la creación de un índice de referencia (benchmark, en inglés) que elaborará el supervisor europeo del ramo, la EIOPA.
Bruselas ha relajado sustancialmente su aspiración inicial y no ha prohibido el pago de incentivos a las entidades comercializadoras —las llamadas comisiones de retrocesión— cuando se distribuyen productos a través de un servicio no asesorado. Finalmente se ha decantado por introducir una prueba de incentivos para garantizar que los clientes reciban un beneficio tangible cuando la entidad reciba retrocesiones. Maite Álvarez, asociada principal de finReg360, detalla que “a falta de ver cómo se concreta este análisis en la práctica, su objetivo es garantizar que los productos realmente ofrezcan valor a los inversores minoristas, algo que está siendo cuestionado últimamente por la Comisión Europea y por la ESMA en parte por el elevado coste asociado a la distribución.” Un movimiento que puede derivar, apunta la experta, en un ajuste a la baja de las comisiones de estos vehículos si no alcanzan una determinada rentabilidad.
Asimismo, se ha dado luz verde a una simplificación del asesoramiento sobre los productos no complejos, como fondos de inversión con etiqueta europea UCIT y los fondos cotizados (ETF). A partir de su entrada en vigor no será preciso que se evalúen los conocimientos y experiencia financiera previa de los clientes minoristas. El texto contiene además un llamamiento sobre el papel de los influencers financieros “que ofrecen consejos financieros a veces superficiales, en gran medida a través de las redes sociales”. Esta misma semana el supervisor del mercado español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aclarado que solo podrán publicitar servicios y actividades de inversión, pero que las actividades que impliquen la comercialización de estos servicios o la captación de clientes están reservadas a profesionales o entidades autorizadas para la prestación de dichos servicios.
La iniciativa se espera que sea publicada a lo largo del primer semestre de 2026 y tendrá un plazo de trasposición a la regulación de los distintos países miembros de 24 meses.
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