Y en el principio fue la deuda

Dramática y esperpéntica secuencia de acontecimientos la última semana, siete días que conmovieron España. El viernes 4 de mayo reunión en Barcelona y último aviso del BCE. A pesar de ello, y de las tensas entrevistas del fin de semana, amanece el lunes, pasa el martes y no es sino hasta el miércoles por la noche cuando se avanza la solución para Bankia. Mientras, el mercado de valores hundía las acciones de la entidad y del resto del sistema financiero y la prima de riesgo escalaba a máximos históricos otra vez. Finalmente, el viernes se avanza la nueva reforma financiera, la cuarta desde que estalló la crisis. Es una reforma en marcha. Por fin parece que el Gobierno ha decidido tomar las riendas.

Sus líneas maestras responden a las presiones de Bruselas y Fráncfort, y esa mano europea es sin duda un alivio, visto lo visto hasta ahora. Asmussen, miembro del Bundesbank en el BCE, había urgido una estrategia completa para la banca española, que implica valoración independiente y creación de bancos malos. Y justamente en este orden: primero, nuevos precios y, una vez efectuada la valoración y sabiendo como se financian estas pérdidas, segregación de balances. Por su parte, el Eurogrupo, que se reúne el lunes, tiene en su agenda el examen de las medidas que toma España para contener el fuego de la prima de riesgo. Por ello, Olli Rehn esperaba al ministro Guindos con la zanahoria del alargamiento del plazo para cumplir con el 3% del déficit, y los palos de la reforma financiera (con salida de políticos de los consejos de administración implícita en ella) y el control de las finanzas de las comunidades autónomas. Por ello, y porque la confianza sobre los test de resistencia en nuestro sistema financiero, tras el espectáculo de Bankia, está por los suelos, hubiera sido una insensatez no aceptar las condiciones de la Comisión, aunque sean duras. En especial cuando las últimas previsiones de la Comisión sitúan el déficit español bastante por encima del 3% en 2013.

Tres son los aspectos cardinales de esta nueva fase de la reforma. En primer lugar, se elevan, desde el 7% a una media del 25%, las provisiones para el crédito sano a actividades inmobiliarias, sano hasta la fecha si más no. Con valores distintos según activos, oscilando desde el 52% para el suelo y segundas hipotecas al 14% para la vivienda terminada, pasando por el 29% para promociones en curso. Las primeras estimaciones apuntan a 28.000 millones de nuevas dotaciones. Sumadas a las genéricas y los 54.000 millones a los que obligaba la reforma del pasado febrero (que están dotadas aproximadamente ya en un 50%), situarían, según el Gobierno, el total en los 137.000 millones, un 45% de la cartera de 310.000 millones en que estima el crédito inmobiliario. Se sigue, finalmente, el modelo irlandés, que acabó provisionando el 50% de sus riesgos a promotores.

Dado que estas provisiones deberán efectuarse con cargo a resultados y que, con la excepción de la banca de mayor tamaño, no parece que puedan cubrirse en su totalidad, se ha previsto un mecanismo para obtener los recursos precisos. Se trata de la emisión de bonos convertibles contingentes a 5 años (los cocos) que serían adquiridos por el FROB y que, según las estimaciones gubernamentales, no deberían superar los 15.000 millones, a un tipo de interés ciertamente severo, del 10%. Este elevado costo pretende alejar, y me parece que lo consigue, cualquier crítica de tratamiento amable con la banca. Además, dada la presión de los mercados y de la Comisión Europea, los plazos son extremadamente cortos. El sistema tiene hasta el 11 de junio para que detalle al Banco de España cómo van a cubrir esas nuevas dotaciones, y cinco meses adicionales para obtener los recursos.

En segundo término, y siguiendo también el modelo de Irlanda, se externaliza la valoración de los activos inmobiliarios a dos instituciones especializadas de reconocida solvencia internacional, tal y como pedía la Comisión. Las primeras filtraciones avanzan que estas empresas suelen efectuar descuentos muy importantes, de hasta el 90% del precio de los activos inmobiliarios, con valoraciones muy severas en general y más próximas al mercado que las efectuadas en los distintos test de resistencia anteriores. Ello podría generar más pérdidas de las inicialmente estimadas por el Gobierno.

Finalmente, y una vez efectuado el saneamiento, tanto las instituciones que no hayan podido provisionarlo con sus resultados como el resto de entidades estarán obligadas a externalizar todos sus activos inmobiliarios. El objetivo es claro: limpiarlos de exposición potencial al ladrillo, traspasarlos a sociedades externas, atraer capital a estas sociedades y, finalmente, liquidarlos. En este contexto, las valoraciones con agresivos descuentos emergen como una condición para atraer capital privado foráneo.

Coincidiendo con los problemas de Bankia, el BCE ha hecho público su temor a que los problemas de la deuda privada en España y los del saneamiento de su sistema financiero, acaben generando una década pérdida, a la japonesa. Y es cierto que las similitudes con ese país son evidentes. ¿Cómo llegamos aquí? Por la inacción de los Gobiernos y del Banco de España en el boom previo a la crisis. Unos datos del aumento del endeudamiento privado, y no solo del crédito a inmobiliarias, en la expansión permiten entender aquel temor. Entre 1988 y 2008, el crédito a promotores y compañías constructoras explotó desde los 48.000 a los 470.000 millones de euros; el de hogares y autónomos, desde los 186.000 a los 853.000 millones (de los que 655.000 millones eran crédito hipotecario) y el del resto del sector empresarial desde los 180.000 a los 547.000 millones de euros. Si añaden otras formas de endeudamiento privado distinto de acciones, este pasó de cerca del 150% al 300% del PIB en esos años. Otra forma de contemplar el proceso: si España tuviera el mismo peso en el crédito interno de la UEM que el corresponde a su PIB, hoy debería reducirlo en unos 500.000 millones de euros (desde el más del 16% actual al 11%). Finalmente, una parte no menor de esa deuda es exterior: España tiene pasivos a refinanciar equivalentes a 1,8 billones de euros, aunque su posición de inversión internacional neta sea más favorable. En el principio, como puede el lector comprobar, fue la deuda. Y esta nos acompañará durante mucho tiempo, en el largo y penoso proceso de desapalancamiento en el que estamos inmersos, y del que esta cuarta reforma financiera no es más que un paso adicional.

¿Habrá suficiente con lo decidido en el último Consejo de Ministros? Algunas opiniones sugieren que el inevitable aumento de la morosidad que va a generar una economía en recesión apunta a que no. Teniendo en cuenta los valores citados, parece una opinión razonable. Es posible que esta segunda reforma financiera del PP sea solo un paso más, pero no el último, en el desapalancamiento de nuestro sistema financiero y del sector privado español. Esperemos no acertar.

Josep Oliver. Catedrático de economía aplicada de la UAB y Europeg