Para incrementar la seguridad del país

Londres defiende la vigilancia de los correos electrónicos

El primer ministro británico, David Cameron, defendió hoy el plan del Gobierno de vigilar las llamadas telefónicas, los mensajes de texto y los correos electrónicos de la población porque hay "lagunas importantes" en la seguridad del país.

Cameron espera presentar pronto en el Parlamento este proyecto de ley destinado a combatir el terrorismo y el crimen organizado.

En unas declaraciones hoy a los periodistas, el jefe del Gobierno conservador señaló que su obligación es "hacer todo lo que sea necesario" para mantener la seguridad del país.

El "premier" aclaró que "se respetarán" las libertades civiles, si bien insistió en que hay que hacer frente a las "lagunas" a la hora de proteger al Reino Unido de ciertas amenazas.

"Hay que mantener seguro al país del grave crimen organizado y también de las amenazas terroristas que hemos afrontado y aún afrontamos", agregó.

"Hay importantes lagunas en nuestras defensas por el avance de la tecnología. La gente hace llamadas telefónicas por internet en lugar de hacerlo a través de la línea fija", dijo el primer ministro, en referencia a la dificultad para detectar esas comunicaciones.

"También lagunas en nuestras defensas porque no se puede utilizar la información de los servicios secretos en los tribunales sin poner en peligro, algunas veces, la seguridad nacional", insistió.

El martes, el viceprimer ministro británico, Nick Clegg, también defendió este plan debido a los avances tecnológicos.

El líder liberaldemócrata señaló que los terroristas y criminales utilizan nuevos sistemas de comunicación, como el servicio de vídeollamadas por internet Skype, pero puntualizó que la policía no podrá acceder al contenido de los mensajes o las llamadas.

Según el plan, los datos que se recabarán de la población en el centro de escuchas de Cheltenham (oeste de Inglaterra), conocido por sus siglas GCHQ y cuyas actividades son secretas, incluyen la hora y la duración de cada llamada telefónica, así como los destinatarios de correos electrónicos y mensajes de texto.

Políticos y organizaciones defensoras de los derechos civiles han censurado el programa gubernamental porque entienden que viola el derecho a la privacidad de la ciudadanía británica.