Monti maniobra para mantener el blindaje de las grandes empresas
El Gobierno italiano ha retocado la acción de oro que mantiene sobre las principales empresas del país para evitar una denuncia de Bruselas ante el Tribunal de Justicia Europeo. La Comisión Europea está revisando una norma que sigue otorgando a Roma el derecho de vetar fusiones en sectores tan cruciales como defensa, energía o telecomunicaciones.
En principio, el Decreto Ley aprobado por el Gobierno de Mario Monti el pasado 15 de marzo pretende desactivar la inminente denuncia de la Comisión Europea contra la legislación por la que Roma se arroga desde hace años el derecho a vetar la compra o venta de empresas tan estratégicas como la petrolera Eni, la eléctrica Enel o el grupo aeronáutico Finmeccanica.
Pero el departamento de Michel Barnier, comisario europeo de Mercado Interior, se limita de momento a constatar la "buena intención del Gobierno Monti" y se reserva del derecho a seguir adelante con el expediente disciplinario contra Italia y exigir cambios en la norma recién aprobada.
El decreto permite al Gobierno italiano imponer condiciones a los inversores en sectores clasificados como "estratégicos", para obligarles a garantizar la "seguridad del aprovisionamiento, la seguridad de la información, de la transferencia de tecnología o el control de exportaciones".
Las firmas extranjeras se exponen a multas millonarias
Roma se atribuye, además, la última palabra sobre la autorización de fusiones en esos sectores, entre los que incluye defensa, energía, transporte y comunicaciones. Las empresas estarán obligadas, bajo la amenaza de importantes sanciones, a demostrar ante las autoridades italianas tanto su capacidad financiera y económica como técnica y organizativa antes de poder culminar una fusión o compra en los sectores protegidos.
La dureza de la nueva norma ha llamado la atención entre los abogados especializados en derecho de la competencia. "Son cambios de gran importancia tanto para los inversores presentes en Italia como para los que busquen oportunidades de negocio en ese mercado", advierte el despacho Freshfields Bruckhaus Deringer en una reciente nota destinada a sus clientes.
Ese gabinete subraya los amplios poderes de intervención que se arroga el Gobierno italiano y el carácter "draconiano" de las sanciones previstas en el decreto. "En primer lugar," señalan los abogados de Freshfields, "se considerará nula cualquier operación que se lleve a cabo antes de informar al Gobierno o sin esperar su decisión". Y en segundo lugar, las empresas se exponen a multas de "hasta dos veces el valor de la operación o, como mínimo, el 1% de la facturación anual de cada una de las compañías involucradas en la operación".
Otro despacho, White & Case, matiza el alcance la nueva acción de oro italiana. Y destaca que algunas de las condiciones requeridas por el Gobierno italiano solo se aplicarán cuando los potenciales inversores levanten sospechas (por posibles vínculos a crimen organizado) o procedan de países no democráticos.
Criterios subjetivos
Aun así, parecen condiciones demasiado subjetivas y susceptibles de ser utilizadas por un Gobierno para frenar una operación incómoda política o económicamente. Cabe recordar, en ese sentido, que el Gobierno británico invocó normas excepcionales como la de la lucha contra el terrorismo durante su reciente conflicto con Islandia sobre la compensación a los clientes británicos de los quebrados bancos islandeses.
Por si acaso, el departamento de Barnier dice estar "mirando con lupa" la letra pequeña del decreto de Monti, a sabiendas de que su aplicación futura no dependerá solo del ex comisario de Competencia sino de cualquier otro inquilino del Palazzo Chigi, sede del Gobierno italiano. Bruselas no descarta pedir modificaciones antes de que el decreto se convierta en ley 60 días después de su entrada en vigor el pasado 16 de marzo.
Legal en Roma lo que veía ilegal en Bruselas
Mario Monti pasó a la pequeña historia comunitaria, entre otras cosas, por iniciar la batalla contra las acciones de oro durante su etapa como comisario europeo de Mercado Interior (1994-1999). Su primera victoria fue, precisamente, contra Italia, condenada en 2000, a raíz de un expediente iniciado por Monti, por reservarse "derechos especiales" sobre las empresas recién privatizadas Eni y Telecom Italia.Doce años después, el antiguo comisario ocupa de rebote y sin pasar por las urnas la presidencia de un Gobierno italiano al que Bruselas sigue exigiendo que renuncie a su acción de oro. El actual presidente del Gobierno intenta calmar a sus antiguos compañeros de la Comisión sin suprimir completamente su golden share. Y presenta en Bruselas una reforma que él mismo, en otra época, hubiera tardado poco en tildar de ilegal.
Tres sentencias
Italia ya ha sido condenada tres veces por el Tribunal de Justicia Europeo por poderes en compañías privadas o por limitar los derechos de los accionistas en ciertos sectores (como energía y telecomunicaciones). Las sentencias datan de 2000, 2005 y 2008.