Sobresaliente en déficit público
Si hace unas semanas conocimos el dramático dato del número de desempleados proporcionado por la encuesta de población activa -casi cinco millones trescientos mil parados-, penúltimo componente del legado que deja el anterior Gobierno, hace unos días hemos conocido el último: el ejercicio 2011 se ha cerrado con un déficit del 8,5%.
El dato es ciertamente demoledor. Basta certificar que supone incumplir el objetivo comprometido con la Unión Europea en un 40%, pues hemos pasado de un obligado 6% -aprobadillo- a un previsto 7% -notable- y, finalmente, al antes reseñado del 8,5% -malhadado sobresaliente-.
Es cierto que el exceso de déficit se reparte entre los tres niveles del Estado, central, autonómico y municipal. Sin embargo, una mínima ecuanimidad obliga a imputar la mayor responsabilidad al Gobierno de Zapatero, pues a él se debe íntegramente el déficit estatal y, parcialmente, el autonómico y el municipal.
Así es; al menos tres motivos conducen a culpabilizar al anterior Gobierno socialista del desequilibrio en las cuentas de las Administraciones descentralizadas. En primer término, haber propagado la cultura festiva del gratis total, del aquí no hay crisis, del dinero público no es de nadie En segundo lugar, haber derogado la Ley de Estabilidad Presupuestaria, renunciando así a un instrumento de disciplina fiscal sobre las entidades territoriales. Finalmente, el reiterado error en sus previsiones macroeconómicas y de ingresos que ha inducido a la equivocación a comunidades y ayuntamientos.
Ante este estado del arte, la economía española necesita un auténtico tratamiento de shock, una actuación quirúrgica a corazón abierto. Así lo ha entendido el nuevo Gobierno que, en poco más de dos meses, ha abordado reformas de calado en cuestiones que venían necesitándolas desde hace tiempo.
No obstante, la amplia distancia existente entre al actual 8,5% y el objetivo de déficit para 2012 (4,4%) determina que se multipliquen las voces en el Gobierno y en la oposición pregonando la conveniencia -cuando no, la necesidad- de lograr de Bruselas una ralentización del ritmo exigido para reducir el desequilibrio de las cuentas públicas.
En este punto, confieso estar en franca minoría frente a la coalición explicitada. Considero que cualquier relajación en la velocidad con la que se apliquen todos y cada uno de los ajustes y medidas que deben aplicarse no haría sino poner en peligro la propia posibilidad de su aplicación. Hay situaciones en las que resulta ilustrativo aquello de que no hay mal que por bien no venga.
Por ello, el carácter dramático del momento constituye una auténtica oportunidad para que se haga por la fuerza de la necesidad lo que, en ausencia del drama, la clase política no está dispuesta a hacer.
Valga ilustrar lo anterior con un ejemplo ciertamente representativo. Desde que fue aprobada la Constitución, el Senado quedó convertido en una institución perfectamente inútil salvo, claro está, para subvencionar indirectamente a los partidos políticos con el sueldo anual de más de 200 senadores y con las partidas asignadas a los grupos parlamentarios. Unido a los gastos de estructura y funcionamiento de la institución, el Senado lleva cinco lustros costándonos decenas de millones de euros cada año.
Visto lo expuesto, frente a los que propugnan reformar el Senado, podría afirmarse que la mejor reforma es su desaparición. Pues bien, de lograr la ralentización en el ritmo de reducción del déficit, medidas tan imprescindibles como el ejemplo utilizado -reformar la Constitución para eliminar el Senado- no serán ni planteadas.
Una última cuestión para referirme someramente a la actitud del partido opositor y de los sindicatos denominados mayoritarios. El primero -por su responsabilidad en la grave situación económica que padecemos-, y los segundos -por la que tienen como colaboradores necesarios del primero- carecen de legitimidad para oponerse a las medidas quirúrgicas que necesita nuestra economía.
Ellos no lo entienden así y amenazan con levantar la calle. La sociedad española ha puesto a unos y otros en el lugar al que se han hecho acreedores. La historia será con ellos menos benevolente.
Ignacio Ruiz-Jarabo. Socio Director de Carrillo & Ruiz-Jarabo Asesores y expresidente de la Sepi