COLUMNA

La salida exige consenso

Entre todas la mataron -la economía española- pero parece que ella sola se dejó caer hasta la crítica situación actual, pues los partidos políticos en el poder en los últimos 15 años se declararon inocentes, inculpándose mutuamente. Estaban más preocupados por su futuro que por el de la economía y, a juzgar por los programas electorales, parece que lo sigan estando. El partidismo les arrebató la razón cegando la lucidez necesaria para ver la realidad de la economía. Por eso la crisis que debería haber sido la ocasión de aplicar la pedagogía de las reformas para ganar el crecimiento futuro, preservar el modelo social (eliminando cuando fuese necesario los excesos) y devolver el trabajo a los españoles ha suscitado todo lo contrario: la vuelta al recurso a un Estado tan enfermo que incluso él necesita ayuda del exterior, la demagogia de todos y, para colmo, carente de mejores argumentos, el candidato del PSOE recurre a denigrar personal e injustamente al candidato de la oposición.

Esta visión miope de la realidad se refleja en los programas electorales. Sus diferentes versiones deberían incluir algo tan fundamental como los Presupuestos Generales de 2012, pero sus responsables se han debido percatar de que dadas las pobres expectativas de crecimiento no se podrían reconciliar las promesas para ese año con la reducción del déficit público impuesta por Bruselas.

Tanto en el programa electoral del PSOE como en el del PP el primer problema a resolver, con razón, es el del empleo con promesas electoralmente muy rentables. El PSOE, reduciendo las cotizaciones sociales a determinados grupos de trabajadores y el PP, apoyando fiscalmente y con bonificaciones a las cotizaciones sociales a pymes y autónomos. Se creará sin duda empleo, pero será efímero, como lo fue el del famoso Plan E. El resultado será pan electoral hoy y hambre de empleo mañana. Otro ejemplo quizás más grave del partidismo lo da la total ausencia en los dos programas electorales de una referencia a la necesaria mejora de uno de los problemas más serios de la economía, la escasa productividad. Es de esperar que sus responsables sepan que la mejora de la productividad es la base de la prosperidad de la sociedad, un elemento fundamental de la competitividad y, por tanto, del crecimiento. La razón de esta omisión es naturalmente el efecto electoralmente negativo de la connotación de productividad con esfuerzo. Pero se quiera o no, habrá que hacerlo si se quiere salir no del todo mal de la crisis. Este olvido recuerda la ineficaz Ley Economía Sostenible. Tampoco incluía, quizás por razones parecidas, la productividad y también se asemeja al programa del PP por ser un abigarrado conjunto de medidas sin orden ni concierto. En el programa del PP solo aparecen con fecha de caducidad las que tienen una influencia electoral positiva. En cambio, la tan necesaria y apremiante austeridad en las Administraciones públicas solo se promete para la legislatura.

Los autores del programa parece que no se han dado cuenta de que los mercados de los que tanto dependemos querrán saber si antes de las ayudas y recortes de ingresos fiscales prometidos se va a reducir suficientemente y a tiempo la enorme masa de recursos que absorbe una hipertrófica y mal gobernada Administración pública. Así sabrán si el déficit público podrá cumplir con el límite impuesto por Bruselas para actuar en consecuencia.

El partido político que alcance el poder el 20-N tendrá que afrontar dos problemas de gravedad jamás conocida como resultado de la interacción de una elevada (21%) y creciente tasa de paro y de serias dificultades de financiación exterior. Tendrá que centrar su acción en dos objetivos. Primeramente, recuperar la confianza y credibilidad perdidas en el interior y exterior con las falsas verdades con que se ha venido sembrando el terreno en los últimos ocho años. Después deberá poner en práctica medidas concretas que, manteniendo la consolidación fiscal, fomenten el crecimiento y la competitividad, única esperanza para el empleo. Pero para ello estará obligado a superar el inmovilismo reformador que ha predominado en los últimos 15 años. Reduciendo al máximo el coste de la política y del elevado e insostenible de las Administraciones públicas, modernizando el mercado laboral todavía anclado en el pasado y reformando de verdad el sistema financiero con normas más severas y eficaces que las que han permitido la actuación temeraria de las entidades de crédito, causa del actual estrangulamiento del mismo.

Huelga decir que, dados los dolorosos ajustes que implican estas tan demoradas reformas, solo se podrán alcanzar con un consenso político que garantice un reparto equitativo del coste. Los españoles son conscientes de que, como en otras ocasiones similares, la salida dependerá fundamentalmente de ellos mismos, de que se liberalice el gran potencial de los trabajadores bien formados y de los empresarios competitivos.

Anselmo Calleja. Economista