Toca digerir el ¿exceso? de inversión
El PSOE defiende mantener cierta actividad para poder crear empleo mientras el PP advierte que revisará varios proyectos en curso.
Nadie discute que en los últimos cuatro años la red española de transporte se ha situado entre las mejores y más eficientes del mundo gracias al esfuerzo inversor puesto en marcha mucho antes, compartido tanto por Gobiernos del PSOE como del PP. Pero hablar de inversión pública es referirse no solo a puertos, aeropuertos, carreteras o ferrocarril, conviene incluir en ese apartado a las obras hidráulicas, o los equipamientos energéticos y de telecomunicaciones, dentro de los cuales están las denominadas infraestructuras 2.0. Y si bien en materia de transportes ya se han puesto en evidencia algunos sonoros fracasos (aeropuertos de Castellón o Ciudad Real, entre otros), en el otro ámbito las carencias aún son notables porque en todo lo referente al tratamiento y gestión del agua, por ejemplo, apenas sí ha habido avances en la última legislatura.
Durante el pasado más reciente se llegó a alcanzar un volumen de inversión pública de entre 17.000 y 18.000 millones de euros de promedio cada ejercicio. El último ajuste decretado por mandato de Bruselas ha hecho descender esa cota a unos 13.000 millones anuales y lo cierto es que los peores augurios dan por seguro que el nuevo Ejecutivo que resulte de las urnas el próximo 20-N tendrá que aplicar de nuevo la tijera a esta partida. Y es ahí donde surge el debate. Con la economía entrando en una nueva fase recesiva y más de cinco millones de parados, ¿es razonable sacrificar la principal partida de gasto productivo, como es la inversión? El PSOE, con Alfredo Pérez Rubalcaba como cartel electoral, defiende que no.
Pagar por usar
Pese a haber formado parte del Ejecutivo que ha aplicado el mayor recorte de la inversión de la democracia, Rubalcaba defiende desde que comenzó la campaña electoral que habrá que mantener un nivel mínimo de gasto capaz de generar actividad y, por ende, empleo. No obstante, los socialistas son quienes defienden más abiertamente aquello que tanto disgusta a constructores y proveedores del sector: "En infraestructuras está prácticamente todo hecho". Sí admiten, pese a todo, que es urgente abordar la conservación y el mantenimiento de los nuevos equipamientos y no ocultan, como sí hicieron en el pasado, que es irremediable avanzar en la cultura del pago por uso.
El PP, por su parte, se muestra muy crítico por cómo se han desarrollado algunos proyectos de infraestructuras y rechaza que asuntos tan espinosos como el plan Renove de las autovías de primera generación o las radiales de Madrid continúen sin ser solucionados. Por este motivo, Mariano Rajoy y distintos responsables de su partido han anunciado que se revisarán los últimos concursos licitados por la Administración socialista y que de cara al futuro cada nueva obra que se ponga en marcha deberá ir acompañada del consiguiente estudio de viabilidad económica.
No aclaran, sin embargo, si aplicarán o no la Euroviñeta, el peaje que deben abonar los vehículos pesados por circular por las autovías de buena parte de Europa, que los socialistas ven ineludible. Y frente a la defensa que hace el PSOE de los planes de estímulo para salir de la crisis actual, los populares creen prioritario reconducir el elevado déficit público.
En cualquier caso, ambos coinciden en que la falta de recursos presupuestarios hace más necesario que nunca regular de una vez por todas la participación del capital privado en la financiación de las infraestructuras. "Hace falta una nueva ley de captación de recursos en los mercados de capitales para evitar que casos como las autopistas al borde de la quiebra o las autovías de primera generación vuelvan a repetirse", explican desde la calle Génova.
Los populares proponen definir muy bien en cada proyecto qué riesgos asume el inversor privado y qué obligaciones contrae la Administración pública. "Se trata de aplicar bien el pago por disponibilidad de una infraestructura y no de diferir el pago de su coste y comprometer de ese modo las cuentas públicas de los sucesivos ejercicios", aseguran los expertos en esta materia del PP. Además de esta urgente reforma, el futuro Gobierno tendrá sobre la mesa otro asunto relacionado con este no menos espinoso: el problema de la morosidad en toda la cadena productiva. Los retrasos en los pagos de la Administración y las grandes corporaciones no hacen sino condenar al endeudamiento a las pequeñas y medianas empresas y en tiempos de escasez de crédito, al cierre.
Argumentos a favor. Elevados retornos fiscales
Probablemente nunca se conozca el ahorro neto que propició a las arcas públicas el recorte de más de 7.000 millones de euros decretado por Fomento por orden de Bruselas. Porque aunque el Gobierno central defienda la necesidad de aplicar un tijeretazo de ese calibre para poder cuadrar el déficit público, lo cierto es que hay que cuantificar también los impuestos que se dejan de ingresar por esa menor actividad y los subsidios de paro que hay que abonar a los trabajadores que son despedidos por la cancelación o reprogramación de tantas obras. De ahí que los defensores de los planes de estímulo esgriman como principal argumento el retorno fiscal que tiene la inversión en infraestructuras, que según los cálculos que se consideren, oscilan entre un 55% y un 59%. Por no hablar de su capacidad para generar empleo.
Datos que lo desaconsejan. Cuentas futuras comprometidas
El debate de la colaboración público-privada para financiar obras no es nuevo. Fue el primer Ejecutivo de José María Aznar quien empezó a hablar del peaje en sombra o el modelo alemán como fórmulas alternativas al pago con cargo al presupuesto de las grandes inversiones.Sin embargo, ya entonces surgieron las primeras dudas. Que si comprometían las cuentas públicas futuras, que si no constituían apenas riesgo para el inversor privado.Fruto de esas dudas son algunas polémicas decisiones como la que afectó al proyecto de soterramiento de la carretera de circunvalación de Madrid, la famosa M-30, cuyo coste decidió Bruselas (en tiempos de Pedro Solbes como comisario) que consolidara en el balance del ayuntamiento, lo que le ha convertido desde entonces en el más endeudado de España.