Decidida fiscalidad sobre la prostitución
España tiene el deshonor de encabezar el ranking europeo sobre la contratación de prostitutas, según la Guía de la Asociación para la Reinserción de las Mujeres Prostituidas (Apramp) que acaba de aparecer. El Gobierno trabaja en la elaboración de un reglamento que las proteja de los proxenetas y mafias que las explotan sin piedad, y el candidato socialista, Pérez Rubalcaba, lleva en su programa la supresión de la publicidad sobre el sexo; que inunda la prensa y otros medios. Algunos taxis de Alicante incluso informan en su carrocería de locales eróticos, mientras, la Generalitat Valenciana, titular de nueve líneas interurbanas, tras verse criticada porque algunos autobuses de Valencia anunciaban en sus traseras gigantescos carteles publicitarios eróticos y páginas de contactos, ha obligado a retirarlos, reconociendo que atentan contra la dignidad de las personas y presentan a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria.
El aluvión de quejas de los políticos y del Observatorio de la Imagen del Instituto de la Mujer por lo ocurrido en Valencia, contrasta con la oferta y demanda de la prostitución que se realiza en las propias calles de nuestras ciudades, mientras ediles y policía miran hacia otro lado, sin importarles, al parecer, la exhibición, el trato y hasta el ejercicio procaz de actos sexuales, sin extirparla, sin enfrentarse a ella, al contrario que en otros países, donde o bien la repudian y prohíben de facto, o la consienten aunque exigiendo pagar impuestos a quienes integran este submundo por sus no pocas ganancias, y el blanqueo de dinero.
Desde fechas recientes, la ciudad de Bonn exige una tasa diaria de 6 euros a cada profesional de la prostitución en la vía pública, cobrándose en los parquímetros el justificante que sirve de salvoconducto para su ejercicio. La medida se ha adoptado para conseguir mayores ingresos, y para equiparar el trato que reciben los trabajadores del sexo que ejercen en locales cerrados. En Holanda, el gobierno, para reducir el déficit presupuestario, ha decidido cobrar un gravamen cercano al 33% a las prostitutas, beneficiándose de una industria que genera cientos de millones de euros al año y aporta miles de contribuyentes potenciales, a los que de modo permisivo no se controlaba pese a que se legalizó en el 2000, clasificando a las trabajadoras sexuales como mujeres de negocios independientes.
Por el contrario, la Hacienda sueca abolió en 1999 la prostitución de las calles, e hizo recaer la sanción penal sobre el cliente que demandase los servicios. Años antes, las prostitutas suecas arguyeron la función terapéutica de su trabajo, pidiendo la exención en el IVA, porque se consideraban profesionales de la sanidad, como los médicos, anestesistas, etc. Ante el cinismo demandante, como es natural, Suecia no hizo caso.
En nuestro país, Hacienda parece no enterarse del tremendo fraude a las arcas del tesoro de unas actividades que mueven ingentes cantidades de negocios al margen de la ley. En general, las mujeres que ejercen la prostitución, son explotadas y soportan un trato vejatorio por sus clientes y proxenetas, que, además, no suelen pagar impuestos; ni IVA por los servicios, ni IRPF por los ingresos, ni tasas de ningún tipo. Cuando ejercen de forma callejera, a mayor desgracia, cuentan con la venia municipal para ocupar los mejores espacios. Sorprende que en las ciudades, que se persigue y sanciona el ejercicio de la venta ambulante, se consienta esta modalidad de venta callejera, con el agravio social y económico que comporta para el indignado vecindario.
Nuestros legisladores deben enfrentarse a la regulación de estas actividades, para acabar con la explotación sexual. Mientras la acción policial no abandone el consentimiento, y rechace, entorpezca, identifique, aperciba, multe, desaloje e incordie permanentemente, el mal no se erradicará. A la vez, el erario público debería actuar decididamente y exigirles el pago de los impuestos, como a cualquier hijo de vecino, porque su ceguera ante la realidad es patética. Vean sino la contestación que dio la Administración tributaria a la consulta número 310 formulada por un transexual que quiso saber en qué epígrafe de las tarifas del IAE debía matricularse y pagar el impuesto, -supongo que como requisito para darse de alta como autónomo y contar con asistencia sanitaria y demás beneficios- La respuesta fue: "En conclusión, la explotación de la prostitución, cualquiera que sea el tráfico, forma o comercio de la misma, es, en todo caso, ilícita, y no puede ser objeto válido de ninguna actividad empresarial o profesional a efectos fiscales; subsiguientemente, no está sujeta al Impuesto sobre Actividades económicas". Pues muy bien, lo que no está en la ley, no está en el mundo fiscal. Y esto en pleno siglo XXI.
Francisco Poveda Blanco. Director del Máster de Tributación de la Universidad de Alicante