Empresas

Será por deuda

La crisis ha obligado a los gobernantes a aprobar rígidas medidas de recorte de gastos y del déficit

De repente nos han contado que el déficit es un enemigo terrible. Contribuye a aumentar el paro, reduce nuestra competitividad, nos hace más vulnerables a los especuladores, tensiona nuestros precios y menoscaba nuestra prosperidad. Qué viejo, reflexionarán algunos, se hubiera sentido hoy John Maynard Keynes y sus recetas de utilizar el gasto público para reactivar un sistema en recesión. O qué lejos suena el pensamiento del Nobel de Economía Eric Maskin cuando augura, a través del correo electrónico, que "la recuperación económica en España será más difícil por los recortes en el gasto público". O cuando advierte de que "las medidas de austeridad solo provocarán lo peor". Son voces brillantes pero que nos llegan sin palabras, huecas, como si en materia fiscal nos hubieran condenado al pensamiento único. En España muy pocos políticos -Alfonso Guerra es una de esas excepciones: "El déficit no es algo esencialmente satánico, no. Depende de en qué se gaste", declaraba a EL PAÍS hace unos días- son capaces de otorgarle alguna virtud en nuestros días al endeudamiento.

Creemos haber detectado el problema y aplicada la cirugía correcta. Nuestro déficit estructural, así se leerá en la Constitución, no podrá superar (salvo situaciones excepcionales) el 0,4% en 2020, y nos hemos comprometido con Europa a tener una deuda pública del 3% del PIB en 2013, lo que "implica todavía un déficit estructural en torno al 1,5%, del cual las comunidades autónomas son responsables aproximadamente de la mitad", señala un reciente informe del BBVA Research. En román paladino: si queremos cumplir habrá que apretarse aún más el cinturón.

Pero lo difícil de encajar para algunos expertos, como Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), es la "gran arbitrariedad" de estas cifras. ¿Por qué tenemos que sacrificarnos por esos porcentajes y no otros? ¿Quién dicta que tiene que ser así? "Una vez que se establece la excepcionalidad en la Constitución se opta por una cifra parecida a la que tiene Alemania, que es más o menos de un 0,35%. Pero podría haber sido del 0% o el 1%. No hay ninguna ley que lo regule".

No nos engañemos, tenemos poco margen de protesta una vez enarbolada la bandera del pánico al déficit. España, que hace un par de años, recuerda Salvador Alemany, presidente de Abertis, partía de un nivel de deuda pública que a penas superaba el 40% en relación a su PIB ha visto como en marzo de este ejercicio se situaba en el 70,7%. Aunque es un dato alto, hablamos de un porcentaje de endeudamiento que no sería alarmante si no fuera porque la deuda de particulares (891.905 millones de euros) y de empresas (1,45 billones) está disparada.

Estos son los deberes que tenemos por delante, sin embargo a corto y medio plazo viviremos las consecuencias. Y de entre todas ellas hay una que exige un análisis detallado. ¿Cómo afectará esta limitación del déficit estructural a nuestras grandes empresas ahora que se reduce el recurso a la financiación pública? Aunque antes quizá deberíamos hacernos otra pregunta más directa y peliaguda: ¿es acertada la medida? Empecemos por aquí.

Un guardián de la ortodoxia monetaria como José Manuel González-Páramo, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), no tiene dudas de las bondades de fijar ese techo del 0,4%. "Contribuirá enormemente a restituir la confianza del mercado en el compromiso de los gobiernos con la estabilidad presupuestaria como principio fundamental, independientemente de la evolución de las coyunturas políticas o económicas de cada momento".

Son palabras que poco sorprenden pues proceden de un organismo que ha hecho del control del déficit y la inflación su particular casus belli. Y de la estabilidad presupuestaria la palanca de la recuperación. "Es un acierto espectacular haber fijado ese límite", afirma Juan Iranzo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE). "Cuando más se ha invertido en España es cuando mayor equilibrio presupuestario ha habido". Es una mirada paralela a la de Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL: "La modificación de la Constitución ha sido muy oportuna y conveniente. Limitar el déficit con cierto grado de flexibilidad, como se prevé en la variación constitucional, es lo correcto en todo planteamiento y gestión presupuestarios. Se debe gastar el dinero que se tiene y no más".

Tal vez sea cierto, pero no es el bálsamo de Fierabrás que todo lo cura. "La medida en sí puede ser una herramienta útil para garantizar la estabilidad y sobre todo la confianza, pero no resolverá ni empeorará nada por sí misma", reflexiona Fernando Eusebio, socio de la Fundación Everis.

Esta regla fiscal, da lo mismo que esté recogida en la Constitución, será inútil si no se resuelven los problemas estructurales de nuestra economía, que no son desde luego solo fiscales. Lo que da vértigo es que se le exija un enorme sacrificio al país (en términos, por ejemplo, de educación, sanidad, asistencia social y otros elementos que construyen el Estado del bienestar) y que después carezca de eficacia o sea muy limitada.

Este nihilismo económico asusta a más de un experto, que tiene claro que tanta ortodoxia no va a salir gratis. "La disciplina fiscal está bien, pero a corto y medio plazo tiene un coste en el crecimiento. Y al final te quedas a expensas de que otras economías tiren de ti", prevé Natalia Aguirre, experta de Renta 4.

Esa sensación de quedarse al pairo de los vientos económicos intranquiliza, ya que tal vez las soluciones vayan por otro camino. "El cambio importante es el del modelo productivo y la capacidad para favorecer el emprendimiento y atraer capital, para lo que se necesita un marco establece de garantías (jurídicas, económicas, sociales)", asegura Fernando Eusebio, de Everis. ¿Se logrará esto estableciendo un techo de endeudamiento?

A juicio de Gayle Allard, economista del Instituto de Empresa: "España tiene muy poco margen de maniobra en materia fiscal, pues las mejores opciones pasarían por bajar el impuesto que grava el trabajo y subir los que se aplican al consumo (IVA) y la gasolina". El problema es que estas recetas (clásicas en momentos de crisis) tendrían efectos bastante negativos sobre una demanda interna ya muy debilitada.

O sea, que no hay ninguna acción que no genere una reacción en sentido contrario de igual o mayor intensidad. Aunque también hay quien añade un elemento nuevo a esta receta fiscal. Javier Díez-Giménez, profesor de Economía del IESE, está convencido de que tenemos que recaudar más, y junto al IVA -del que recuerda que somos el país con el tercer tipo más bajo de la Unión Europea- apunta que habría que subir el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) ya que es "el único tributo que no hay forma de evadirlo o eludirlo. No te puedes llevar la casa a un paraíso fiscal", dice muy gráficamente.

Está claro que en esta época se imponen, como vemos, las recetas por el lado de los gastos sobre los ingresos. Y los analistas europeos únicamente hacen cábalas a cerca de cómo recortarlos. En este escenario, un plan multimillonario (superior a 450.000 millones de dólares) como el que ha planteado Barack Obama para crear empleo en Estados Unidos a partir de relanzar las infraestructuras y la obra pública no tiene cabida en nuestro país.

Aquí la cuestión sería "si podemos permitírnoslo [una iniciativa similar a la americana]. Y la respuesta es no. Implica más gasto público y eso es algo en lo que España no puede incurrir si quiere cumplir con sus objetivos de déficit (3% en 2013, 4,4% en 2012 y 6% este año)", enumera Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter. "Para que un planteamiento de este tipo fuera realizable", incide, "es preciso empezar a crear empleo uno o dos años antes, de manera que la carga fiscal del déficit sobre el PIB se alivie y parte del gasto por subsidios de desempleo pueda destinarse a otros fines".

Este sentimiento de asfixia económica lo sintetiza muy bien Pablo Vázquez, director ejecutivo de la Fundación de Economía Aplicada (Fedea). "Mientras Europa esté en "modo austeridad" no podemos salirnos del grupo sin exponernos a una alta penalización".

El dolor de cabeza es que la contención del gasto lo paraliza todo. Sin posibilidades de una política monetaria expansiva (algo que recomienda a los europeos con escaso éxito Tim Geithner, secretario del Tesoro de Estados Unidos) estamos abocados a una política económica de austeridad, como diseñada por monjes cartujos, y de pronóstico incierto. O tal vez no tanto. "Una estrategia de gasto cero imposibilita el crecimiento económico", avisa Miguel Ángel Rodríguez, analista de X-Trade Brokers. Así de rotundo.

Trazadas las bisectrices que atraviesan el problema nos enfrentamos a la gran cuestión que plantea una situación económica cercana a la pesadilla. ¿De qué forma repercutirá la limitación del endeudamiento en las grandes empresas españolas?

El mercado recoge un sentimiento, más o menos generalizado, que asegura que a corto y medio plazo la repercusión será muy limitada, y que si la tiene afectará sobre todo a las compañías de infraestructuras y construcción, que son, estructuralmente, las más dependientes de la contratación del Estado. Pero también, conviene no olvidarlo, son dos de los sectores que más empleo han generado en los últimos años en nuestro país. Vaya lo uno por lo otro.

Como bien se conoce, el techo del 0,4% del gasto no será efectivo hasta 2020 y mientras tanto existe margen de maniobra. "Se ha limitado el déficit estructural, pero no el coyuntural. Es decir, se puede hacer una política incentivando la inversión pública (anticíclica) si las cosas vienen mal dadas", apunta el responsable del gabinete de estudios de un gran entidad financiera.

Sin embargo, mientras que para algunos esta posibilidad de maniobra es una solución para otros resulta un problema. "Es fundamental que la ley [orgánica que establecerá finalmente la modificación constitucional] restrinja de la manera más estricta posible cualquier contemplación de excepciones en la aplicación de los límites sobre el déficit", advierte José Manuel González-Paramo, miembro del BCE.

En principio, falta por ver el articulado final, los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado.

"El problema de esta restricción es la letra pequeña. Cómo se va a desarrollar la política de déficit reducido. De qué forma se concretará la ley. Poner un corsé me parece complicado. Pues puede traducirse (y esto ya es una decisión política) en una reducción de las inversiones en infraestructuras, sanidad y educación", reflexiona Agustín del Valle, profesor de Entorno Económico de la Escuela de Organización Industrial (EOI). La Comunidad de Madrid ya está demostrando que en la educación, por descabellado que parezca a muchos, también se puede meter la tijera.

Así las cosas, las empresas españolas afrontan un tiempo en el que la deuda es el enemigo más odiado. Da igual que sea justo o injusto. Entonces, ¿qué puede suceder? "El déficit afectará de forma más específica a las empresas que suministran a las administraciones públicas productos o servicios porque éstas deberán extremar el control de sus gastos e inversiones. En particular, los ayuntamientos han de presentar equilibrio presupuestario, con el objetivo de alcanzar ese objetivo global del 0,4% en 2020", desgrana Rafael Sarandeses, director general de la Fundación de Estudios Financieros (FEF) y secretario general del Instituto Español de Analistas Financieros. (IEAF).

En una línea de pensamiento similar se sitúa Jordi Roca, socio de Accenture, cuando asegura que la limitación presupuestaria "tendrá un claro efecto sobre el sector de la construcción e infraestructuras. Se podrá gastar menos y las políticas expansivas de corte keynesiano, aun siendo posibles, estarán mas limitadas. Por lo tanto, todas las administraciones tendrán menos capacidad de invertir en obra civil". Como advierte Emilio Ontiveros, de AFI, a corto plazo esta limitación tiene un "efecto adverso, pues todo lo que sea establecer en una situación cíclica próxima a la recesión medidas que contraigan la demanda podría tener un impacto en las empresas que dependen del sector público. Mientras que a largo plazo, facilita la creación de planes estratégicos".

Pero desterrado, como hemos visto, Keynes de la política económica española, la obra pública está condenada a sufrir. "El plan e no fue una buena idea y tampoco lo es ahora", asegura Pablo Vázquez, de Fedea.

El dilema es que la inacción nos ahoga y algún plan, con esa vocal u otra, hay que tener por que si no la hipoxia recorre inexorable todo el sistema productivo, y de las grandes empresas pasa a las pequeñas. "El inconveniente es que una parte importante de la obra pública desarrollada por grandes constructoras se delega en pequeñas firmas subcontratadas, que son las que soportan los costes de estructura", relata Ramón Forcada, de Bankinter. Y añade: "Con menor contratación pública para desarrollar infraestructuras las compañías de gran tamaño tienen un lucro cesante por la pérdida de negocio, pero son las pymes las que tendrán que seguir cubriendo los costes fijos a pesar de no tener ingresos".

Desde un punto de vista del negocio, dos terceras partes de las compras abiertas de las administraciones públicas son a pymes. Pero su problema "no es tanto contratar sino cobrar y no parece que el techo de deuda vaya a empeorar ni mejorar este aspecto", comenta Fernando Eusebio, de la Fundación Everis. "Debe garantizarse el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la financiación, no necesariamente pública, y una de las medidas es asegurar el cobro".

Por lo tanto, alguien podría hacer una pregunta tan sencilla como inquietante. Si su efecto sobre la gran empresa es casi neutro (se supone que debería abaratar la autofinanciación por la mejora de la marca España, algo que con la prima de riesgo por encima de los 350 puntos no se cumple) y sobre la pyme no es desdeñable, pero tampoco determinante, ¿qué sentido tiene hacer un esfuerzo presupuestario del calibre del que se nos pide como país y que pone en riesgo, además, algunos de nuestros logros sociales? "Es una especie de tributo del estudiante converso al profesor alemán", ironiza Emilio Ontiveros. "Ha sido un empeño demasiado costoso políticamente para los resultados obtenidos".

O sea, ¿es un sacrificio en aras de contentar a la ortodoxia alemana y el egoísmo de los mercados? Parece ser que sí. Al menos así lo cree Carlos Martínez, miembro de la plataforma ciudadana ATTAC. "España no sale adelante haciendo caso a la Unión Europea y sus recetas, ya lo ha dicho Barack Obama. Mientras algunos países, que coinciden, por cierto, con los más ricos y con los que no tienen crisis, están creando Estado nosotros lo aliviamos". Y remata: "Que no tengamos una banca pública es una locura".

Ahora bien, lo que para unos es una carencia para otros resulta un lastre. Son opiniones que como púgiles se sitúan cada una en un lado del cuadrilátero y solo se encuentran para cruzar los guantes. "Menos la educación y la sanidad todo está en revisión", enfatiza Juan Esquer, socio de GBS Finanzas. "Hay que adelgazar el sector público: el Senado, las diputaciones, optimizar el número de funcionarios y sus atribuciones". ¿Y se pregunta? "¿España necesita cuatro millones de funcionarios o 8.100 ayuntamientos? Creo que al final saldremos de la crisis y pasará; pero debería servir para adelgazar y optimizar muchos servicios duplicados".

Lejos de visiones antagónicas hay quien, como José Luis Martínez, economista jefe de Citigroup, piensa que "la disciplina fiscal provoca que baje el riesgo país y resulte más fácil financiarse y, además, aumenta nuestra credibilidad en los mercados". Esto es lo que relatan los libros de economía neoliberal, pero lo cierto es que en el caso español esa rebaja de la prima solo se ha producido después de que el BCE comprara deuda española en elevadas cantidades. Lo que por ahora sostiene a nuestro riesgo país es la promesa de los eurobonos, no el acuerdo constitucional. En este sentido, la fijación del déficit estructural ha sido más un gesto que una respuesta.

Aun así, también encontramos expertos que tienen buenas palabras hacia los gestos. "Esta reforma constitucional es extraordinariamente positiva" -avanza Alfonso Osorio, presidente de la consultora BDO- "por el mensaje que transmite a la comunidad financiera internacional. España es un país serio, que tiene problemas pero que quiere solucionarlos y toma medidas para hacerlo. Es un país en el que se puede confiar y al que se debe apoyar".

Desafortunadamente, los mercados, nos lo demuestran todos los días, son poco sensibles a la lírica. Solo hablan con fluidez el lenguaje de los beneficios. "España necesita crear empleos para poder generar ingresos, que son los únicos que pueden reducir su deuda. Pero nuestra política económica está maniatada por la exigencia del guión europeo", incide el analista Miguel Ángel Rodríguez. O sea, vuelta a la casilla de salida.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado hace poco una fórmula para resolver este bucle económico. Se elevan los impuestos, sobre todo los que gravan el consumo, se reduce el número de funcionarios, se bajan los sueldos, se ataja el déficit público y así se logran unos efectos similares a una devaluación interna (lo que ahora no podemos hacer al estar nuestra política monetaria en manos de Europa), con lo que se gana en competitividad; algo que se explota vía exportaciones. El problema -además del evidente coste social- es que si todos los países europeos hacen lo mismo en vez de crecer entraríamos en recesión. Eso sí, todos juntos. La fórmula, pues, no funciona. Bueno, sí funciona, pero solo para muy pocos. Y nada ha hecho más daño a la economía europea en los últimos tiempos que esa sensación de que cada uno hace la guerra económica, monetaria y fiscal por su lado.

Apoyo: La construcción quiere sobrevivir a la tiranía del 0,4%

El dinero no aparece. Se busca pero no se encuentra, o cuando se encuentra es muy caro. Y la construcción sufre, y con ella uno de los grandes motores de generación de puestos de trabajo de este país. Los datos más actualizados que Seopan -la patronal del sector- pone encima de la mesa muestran una realidad áspera: entre 2007 y 2010 la construcción perdió 1.046.600 empleos. Por lo tanto, partidarios y detractores de lo keynesiano tendrán que coincidir en que es un sector que urge relanzar. Las discrepancias aparecen en cómo hacerlo cuando nuestro déficit estructural (el que no está ligado a un momento económico malo) no puede superar el 0,4%.

"La financiación privada de las infraestructuras públicas es una opción. El problema es que el Tesoro tiene problemas de liquidez y el dinero privado también; y, claro, las grandes constructoras se enfrentan a un acceso restringido al crédito", analiza José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney.

Así las cosas, una fórmula para sobrevivir a la dictadura de ese porcentaje del 0,4% son los acuerdos de colaboración público-privada (PPP, Public Private Partnership, en sus siglas en inglés), "que tendrán más vigencia si cabe, pues siempre que cumplan las premisas definidas por Bruselas no imputan al déficit del Estado", sostiene Jordi Roca, socio de Accenture. Pero si profundizamos más veremos que la modificación en la Carta Magna acarrea efectos secundarios preocupantes a medio plazo sobre el sector. El uso de este método de financiación, ya sea en la denominada fórmula alemana (la Administración paga la obra a su conclusión) o por disponibilidad (pago que abona la Administración año a año a partir de un contrato de concesión), "se verá limitado, pues un abuso del mismo reducirá el presupuesto disponible de los años venideros (algo que ya sucede en algunas comunidades autónomas)", advierte Jordi Roca.

Por consiguiente se abre otro debate doloroso: el pago por utilizar las infraestructuras; y, puesto que existe poco dinero, el reto de distinguir las prioritarias de las accesorias. Candido Pérez, responsable de esta materia en KPMG, tiene claro que "hay que financiar aquellas que generen economías de escala y que al igual que la educación repercuten en beneficio de todos los ciudadanos". O sea, "la mayor eficiencia social con la menor dotación de recursos y, preferentemente, sin acudir al endeudamiento", apostilla Rafael Sarandeses, director general de la Fundación de Estudios Financieros (FEF) y secretario general del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF). Por eso propuestas como la euroviñeta (gravar el tránsito de los camiones de mercancías de gran tonelaje) ganan aceptación. Se calcula que podría recaudar unos 3.300 millones de euros al año.