Ratios de dependencia financiera

España tiene 1,3 ocupados por cada pasivo, frente a 2 antes de la crisis

El avance del desempleo y el envejecimiento de la población elevan la ratio de dependencia y dificultan el nivel de protección del Estado del bienestar

En España hay 1,32 personas con empleo remunerado por cada pasivo, considerando como tales a los pensionistas y a los desempleados, según las fuentes oficiales. Esta tasa o ratio de dependencia financiera de la economía, que mide la capacidad de financiación que el país tiene de sus sistemas de protección social, está en los valores más bajos del siglo, solo equiparables con los registrados en los años de la crisis de los noventa. Entonces coincidía un nivel de ocupación estructural muy bajo, con un fuerte ajuste coyuntural del empleo, y una explosión del retiro anticipado provocado por la presión de las reconversiones industriales. Las ratios de dependencia se acercaron peligrosamente a uno: una persona con empleo por cada parado o pensionista. Hace tan solo cuatro años había en España dos ocupados por cada pasivo financieramente dependiente.

Ahora, tras tres años largos de crisis económica, con un ajuste en el empleo desconocido en el pasado que ha llevado el número de parados a la frontera de los cinco millones, y con la pérdida de ocupados obligada hasta los 18 millones de personas, la tasa de dependencia financiera ha vuelto a tensarse peligrosamente. En concreto, los ocupados alcanzan los 18,15 millones de personas, que tienen que aportar recursos para financiar la protección de los 4,91 millones de parados contabilizados por Estadística y los 8,78 millones de pensionistas en la nómina de la Seguridad Social.

Lógicamente, no todos los desempleados tienen protección económica, puesto que el seguro y subsidio de desempleo solo cubre un periodo temporal limitado. Pero todos ellos dejan de aportar sus cotizaciones e impuestos, lo que les convierte, aunque sea temporalmente, en pasivos del Estado del bienestar. De hecho, aunque el número de parados con prestación económica solo ha superado puntualmente los tres millones de personas, cifra no alcanzada en ningún otro periodo de la historia, el gasto ha sobrepasado los 36.000 millones de euros anuales, cantidad que escasamente llega al gasto en educación de todo el país.

Una ratio de dependencia tan baja no se registraba desde la crisis de los noventa

Este capítulo de gasto, aunque tiene limitaciones por el carácter temporal de las prestaciones, varía con la coyuntura económica. Pero el que experimenta un avance lento pero imparable es el de las pensiones de la Seguridad Social, tanto por el envejecimiento de la población, como por la mejora sustancial de las cuantías de las prestaciones de jubilación a medida que avanzan los años, puesto que se incorporan a su nómina pensionistas que han acumulado carreras más largas de cotización. Por tanto, lo que está en juego es la viabilidad misma del Estado del bienestar, que precisará de una recomposición del crecimiento y del empleo para ser financiado sin riesgos.

Deterioro súbito

Hace solo cinco años, en 2006, justo antes de que la economía entrase en crisis en todo el mundo, pero con especial coste para el empleo en España, la ratio de dependencia financiera superaba el 2. Había dos personas trabajando por cada una que percibía pensión o estaba en desempleo, remunerado o no. En concreto, tenían empleo 20 millones de personas, y únicamente estaban en situación financiera pasiva 9,97 millones, de las que 8,1 millones eran pensionistas de la Seguridad Social y 1,81 millones eran desempleados contabilizados por Estadística. Tal tasa de dependencia es la más alta registrada por España jamás, y coincidía precisamente con un mercado de trabajo que había reducido la tasa de paro por debajo del 8%, más cerca que nunca del pleno empleo en la práctica. Pero una crisis tan nociva para el empleo como la actual ha infligido una súbito deterioro de las variables de dependencia, que ha pasado a valores muy preocupantes en apenas cuatro o cinco años.

Desde 1995, pero sobre todo desde 1998 cuando España ingresó en la Unión Económica y Monetaria, se produjo una explosión de empleo, arrastrada por una explosión de no menos dimensiones en el crecimiento, que dejó atrás las paupérrimas ratios de dependencia financiera, muy cercanas a la unidad, registradas en los primeros años noventa, y que en el medio plazo hubieran hecho insostenible el sistema de protección en España.

Ya en 2001, con 7,67 millones de pensionistas y 1,9 millones de parados, la ratio se elevó hasta 1,68 ocupados por cada pasivo, dado que el empleo había rebasado ya los 16 millones de personas. Tres años después, en 2004, con 10 millones de pasivos y 18,28 millones de ocupados, la ratio de dependencia financiera se elevó hasta 1,82.

La Seguridad Social, que elabora su propia ratio de dependencia, en la que pone en relación algo tan simple como el número de cotizantes que tiene por cada pensionista, registra cada mes paulatinos y preocupantes descensos. En concreto, en mayo la Tesorería de la Seguridad Social contabilizaba 2,54 cotizantes por cada pensionista, cuando en el año 2007 tal relación llegaba a 2,71. No obstante, el sistema de pensiones contabiliza como cotizantes no solo a los empleados afiliados a la Seguridad Social, sino que incluye también a los desempleados que, por cuenta del Estado, siguen aportando cuotas mientras perciben prestación. Pero en términos puros estos cotizantes, como desempleados que son, deberían ser excluidos de la medición de esta ratio, puesto que sus aportaciones con coyunturales. Con tal exclusión, la ratio de dependencia de la Seguridad Social es de solo 2,19, cerca también del umbral de riesgo.

Uno por uno en Asturias y Andalucía

Si la ratio de dependencia española está en valores de riesgo, con 1,32 personas que aportan por cada una que es pensionista o desempleada, en algunas comunidades autónomas los valores son más preocupantes. Es el caso de Andalucía o Asturias, donde prácticamente hay una persona dependiente por cada persona con empleo y aportación financiera a las arcas públicas de manera regular (ver gráfico de la página 27).

Las comunidades con mejor relación entre sus ocupados y sus pasivos financieramente dependientes son Madrid, con 1,89, seguida de Navarra, con 1,65, o País Vasco y Rioja, con 1,5, según los cálculos realizados con los datos de Estadística y la Seguridad Social.

Llama la atención Canarias, donde tradicionalmente la ratio de dependencia había sido más saneada, pero que con la fuerte destrucción de empleo ha descendido hasta niveles similares al resto del país, con 1,36 ocupados por cada pasivo (parado o pensionista).

Uno de cada seis empleados es funcionario

España tiene contabilizados en el Registro de Personal de las Administraciones Públicas un total de 2,68 millones de funcionarios, lo que supone un empleado a sueldo de la Administración por cada 17 habitantes. De otra forma: uno de cada 6,5 ocupados en España es funcionario o personal al servicio de la Administración.

Esta ratio de penetración del empleo público se sitúa en los valores medios de la Unión Económica y Monetaria, que oscila en una horquilla de un funcionario por cada tres empleados de Bélgica (donde se concentra la mayoría del funcionariado comunitario) a un funcionario por cada 7,7 empleados en Portugal o por cada 6,9 en Alemania (ver cuadro).

En España, la plantilla más numerosa es la de las comunidades autónomas, que aportan justo la mitad de los funcionarios, con 1.346.826, seguida de los ayuntamientos y diputaciones, con una plantilla acumulada en toda España de 632.719 trabajadores, el 23,6%. La Administración central aporta 597.021 funcionarios (el 22,2%), y las universidades 103.653. Con esta estructura de empleo público, en España uno de cada seis trabajadores está en la nómina del Estado, las comunidades o los ayuntamientos.

Pese a que este es el cómputo de las plantillas públicas inscritas en el Registro Central de Personal del Gobierno, Estadística contabiliza 3.039.000 empleados públicos en las Administraciones, cantidad que se eleva hasta los 3.186.000 si se contabilizan también los 147.000 trabajadores de las empresas públicas. Dando por válido el cómputo del Gobierno, las plantillas públicas se habrían incrementado en 377.000 trabajadores desde el año 2002, y ahora una de cada seis personas con empleo en España estaría en la nómina pública.

Los mayores incrementos de personal se han registrado en la estructura de las comunidades autónomas, tanto por la absorción de competencias como por la generación de sociedades para la prestación de servicios. De hecho, desde que comenzó la crisis las comunidades autónomas han creado una sociedad cada semana, tal y como informó CincoDías la semana pasada. Lógicamente, los servicios públicos más intensivos en personal, como la sanidad o la educación, están en manos de las regiones.

El peso de las plantillas públicas, no obstante, no es igual en todos los territorios. Así, Extremadura es la región con mayor cantidad relativa de empleo público, se mida en relación a la población o al empleo total. En concreto, Extremadura tiene un funcionario por cada 11,5 habitantes, mientras que en el total nacional es un sueldo público por cada 17 habitantes. Además, uno de cada cuatro empleos en la región es público (el 25%), mientras que en todo el país es uno de cada 6,5 empleos (15,3%).

Cataluña es, por otra parte, la comunidad con menor presencia del empleo público en su economía. Así, solo tiene un funcionario por cada 24,6 personas, y solo uno de cada diez empleos tiene sueldo público. En el caso de Madrid, donde la circunstancia de la capitalidad concentra un número extraordinario de funcionarios, hay un empleado público por cada 15 habitantes, y tiene sueldo del Estado u otra Administración pública un trabajador por cada 6,5 que tienen empleo.

Además de Extremadura, son regiones intensivas en empleo público Aragón, con uno por cada 14 habitantes, y Castilla y León, con también uno por cada 14,8 habitantes. Los menos intensivos son, además de Cataluña, La Rioja, País Vasco o Baleares.