Ajustes de empleo y responsabilidad social
Hemos vivido, y seguimos aún en ella, una etapa de ajuste del empleo impresionante. El impacto de la crisis sobre la economía española ha tenido una de sus manifestaciones más significativas en la ingente destrucción de empleo que venimos padeciendo, y que nos ha llevado a duplicar la tasa media de desempleo de la Unión Europea.
Muchos de los procesos de supresión de puestos de trabajo están asociados a la crisis, en un doble sentido. Uno, que responden directamente a las situaciones económicas y productivas derivadas de la misma, y por tanto tenderán a disminuir en intensidad a medida que la recuperación se vaya consolidando, y otro, que constituyen la vía de ajuste a la que preferentemente recurren las empresas ante la dificultad de utilizar otras vías de adaptación, relativas a condiciones de trabajo y a retribuciones, preservadoras del empleo. La rigidez, en ese sentido, de nuestra legislación está, junto a otros factores, en el origen de la penalización del empleo.
Otros de esos procesos, sin embargo, responden a necesidades de reestructuración empresarial no derivadas directamente de la crisis. Los procesos de reestructuración, por ello, no desaparecerán y en muchos casos dejarán de formar parte de la patología de las empresas, integrándose en el normal funcionamiento de las mismas. Estos procesos son inevitables y no deben ser entorpecidos. Forzar el mantenimiento de empleo improductivo o ineficiente, por pretendidas razones sociales a corto plazo, no conduce a medio y largo plazo a nada más que a aumentar la ineficiencia del conjunto del sistema económico.
Por tanto, la adaptación empresarial debe facilitarse. Preferentemente, y este es nuestro gran déficit, la interna y, cuando resulte necesaria, la que provoque la supresión de puestos de trabajo. Pero ello debe hacerse, por una parte, en el marco de unas políticas públicas de protección social y de defensa del empleo, atentas a las situaciones de necesidad en que se encuentren los trabajadores afectados, así como a su formación y recolocación, y, por otra, con una actuación empresarial socialmente responsable.
En este último sentido, existen algunos procesos ejemplares. Las críticas sociales y mediáticas que han acompañado a algunas reconversiones han estado ausentes de otros casos en los que la actuación empresarial ha respetado los principios de la responsabilidad social. El expediente tramitado en Telecinco, con motivo de la fusión con Cuatro, es buen ejemplo de ello. Llama la atención, en primer lugar, la ausencia de manifestaciones en contra del expediente así como de publicación de críticas. Para ello ha sido fundamental la comunicación con todos los implicados y la apertura a la consideración de las opiniones formuladas por los mismos.
De un plan inicial que contemplaba la salida de 110 trabajadores se pudo llegar, así, a la supresión de solo 89 puestos de trabajo. Y, a la hora de identificar a los trabajadores afectados, se ha respetado una prioridad para la permanencia en la empresa de las personas con jornada reducida por cuidado de menores, de los cabezas de familia, de las empleadas embarazadas y de las que disfrutaban de baja por maternidad, entre otros colectivos. Además, junto a las medidas para favorecer la colocación del personal afectado en empresas ajenas al grupo, pero de su entorno de actividad, se estableció, a propuesta de la empresa, un Plan de Expectativa de Colocación, al que podían acogerse los trabajadores afectados por el expediente. En virtud del mismo, los trabajadores podrán ser contratados por la cadena y sus empresas participadas para cubrir vacantes o nuevas necesidades de contratación que puedan surgir durante los 18 meses posteriores a la baja, existiendo la voluntad de alcanzar el mayor número de recolocaciones posible. Casi la mitad de los trabajadores excedentes, 40, se han acogido a este plan, lo que pone también de manifiesto la voluntad de reincorporarse, si fuese posible, a la empresa, sin abandono airado, pudiéramos decir, de la misma.
En definitiva, incluso una situación tan delicada como la que implica un expediente de regulación de empleo, bien gestionada y planteada desde el respeto a principios de responsabilidad social empresarial, puede transitarse salvaguardando la paz social en la empresa, evitando daños reputacionales a la misma y minimizando las situaciones de conflicto que pueden plantearse.
Federico Durán. Catedrático de Derecho del Trabajo. Socio de Garrigues