¿Corrupción? El Gobierno no sabe o no contesta
La lucha contra la corrupción parece ser una de los prioridades del movimiento asambleario nacido el 15-M. Por eso cabe imaginar que la indignación aumentará en las plazas de España con el informe publicado hoy por la Comisión Europea sobre el combate contra la corrupción en el sector privado. Una lucha que, a juzgar por ese documento, no parece interesar demasiado a la administración española.
Y el análisis de la CE, artículo por artículo de la Decisión Marco, siempre termina con una coletilla parecida. Artículo 3, sobre medidas que tomarán los Estados para garantizar la criminalización de la complicidad o la incitación a la corrupción: "España no aportó ninguna información". Artículo 4 sobre las sanciones penales que castigarán la corrupción: "España no aportó ninguna información". Artículo 5, sobre la responsabilidad de las personas jurídicas: "España no envío ninguna respuesta"...
La indiferencia de la administración española ante las peticiones de información de la Comisión contrasta con la gravedad del problema descrito por Bruselas. "La corrupción cuesta a la economía de la UE unos 120.000 millones de euros al año, una cifra casi igual al presupuesto comunitario", ha señalado hoy en rueda de prensa la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström. El departamento de Malmström también recuerda que, según los sondeos, cuatro de cada cinco europeos consideran que la corrupción es un problema grave en su país.
Para combatirla, hace ocho años la UE adoptó una Decisión que pretende "asegurar que la corrupción activa y pasiva en el sector privado sea una infracción en todos los Estados miembros, que las personas jurídicas también puedan ser consideradas responsables de tales delitos y que éstos se castiguen con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias".
De manera periódica, la Comisión Europea verifica los avances en ese objetivo. Su primera evaluación, en 2007, comprobó que solo dos Estados (Bélgica y Reino Unido) habían adaptado correctamente su legislación nacional para castigar con todo el rigor posible los casos de soborno o comisiones descubiertos en empresas.
La situación ha mejorado, según el segundo examen, publicado hoy el departamento de Malmström, aunque la Decisión Marco sigue sin aplicarse por completo en la mayoría de los países. Y hay tres, España, Dinamarca y Lituania, que ni siquiera han notificado a Bruselas si han adoptado alguna medida para mejorar la lucha contra la corrupción.
La CE ha urgido hoy a todos los países a cumplir la Decisión Marco lo antes posible. Y no descarta, si continúa aplicándose de manera tan precaria, sustituirla por una Directiva.
De momento, a juzgar por el silencio de la administración española ante la propia Comisión, parece que España además de un probable problema de corrupción tiene otro de transparencia. Una transparencia que, por cierto, también forma parte de las reivindicaciones de los indignados.