Portugal investigará a las agencias de rating por si contribuyeron a provocar la crisis lusa
El fiscal general de Portugal abrió ayer una investigación a las tres grandes agencias de rating atendiendo las quejas de cuatro catedráticos de economía. Según estos, las acciones emprendidas por dichas agencias habrían contribuido a provocar la crisis financiera portuguesa.
La investigación, que incluye a Moody's Investors Service, Standard & Poor's y a Fitch Ratings, está en una fase inicial, según anunció el propio fiscal general. La queja elevada a la Fiscalía fue cursada por catedráticos en activo y retirados, entre los que se cuentan José Reis, economista de la Universidad de Coimbra, y José Manuel Pureza, catedrático de la misma universidad y diputado por el partido Bloque de Izquierda. También participaron firman la denuncia Manuel Brandao y María Manuela Silva, del Instituto Superior de Economía y Gestión.
En declaraciones a Efe, Reis resaltó ayer la "poderosa y negativa influencia" que tuvieron las decisiones adoptadas por las tres agencias "en la evolución de la economía portuguesa", y que, en su opinión, fueron responsables, al menos en parte, de que el país tuviera que recurrir finalmente al rescate financiero. El Gobierno socialista de Portugal acabó por pedir ayuda a Bruselas y el FMI el pasado 6 de abril, después de seis meses bajo la intensa presión de los mercados.
La desconfianza creciente hacia la economía del país derivó en el aumento de los intereses que penalizan su deuda, lo que complicó y encareció al Estado portugués el acceso a liquidez. Poco antes de solicitar el rescate, Fitch y Standard & Poor's rebajaron la calificación de la deuda lusa dos veces en poco más de una semana, hasta dejarla en BBB-, a un solo peldaño del "bono basura", mientras que Moody's también la degradó en dos ocasiones en un plazo de tres semanas hasta dejarla en Baa1.
Precisamente Moody's publicó ayer un informe en el que consideró positivo el acuerdo alcanzado con Bruselas y el FMI, valorado en 78.000 millones de euros, ya que obligará a las instituciones lusas a aplicar "una disciplina externa adicional" para acceder a esos fondos que servirá, además, para aliviar la presión de los mercados.