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Tribuna
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SIP, un camino hacia la normalización

Mucho se ha hablado sobre lo acertado o no de haber iniciado el proceso de reestructuración del sector financiero en este momento y, aunque el análisis de la oportunidad temporal de la reforma excede del objeto de este artículo y algunas de las críticas que han surgido no están exentas de razón, lo cierto es que, por distintas razones, el proceso se inició hace tiempo, se ha llevado a cabo en varias fases y el transcurso del tiempo y las reformas legislativas que han impulsado cada una de ellas hacen que el sector se encuentre ahora en mejor disposición para afrontar el reto.

En este sentido, tal y como se ha venido diciendo repetidamente en los últimos meses y pese a las dudas actualmente existentes sobre la valoración, la entrada de inversores privados institucionales en las cajas o grupos de cajas de ahorros se producirá más tarde o más temprano y, en el caso concreto de los grupos de cajas que optaron por integrarse bajo el formato de SIP, la citada entrada de inversores de referencia e incluso la posibilidad de éxito de las salidas a Bolsa dirigidas a otros segmentos será posible, entre otras cosas, por el importante proceso de normalización que estos han experimentado.

Si bien es cierto que al tratarse de un modelo jurídico contractual abierto cada SIP de cajas tenía y tiene elementos diferenciadores, dadas las limitaciones que impone la extensión de este tipo de artículos, solo quiero resaltar que la estructuración de muchos de los SIP hace apenas un año dificultaba enormemente la posibilidad de entrada del capital privado.

Por poner solo un ejemplo (hay otros relacionados con las preceptivas autorizaciones internas y administrativas, el gobierno corporativo, etc.), dados los escasos requisitos normativos exigidos a los SIP, en muchos de ellos el nivel de integración de los negocios de las cajas en la sociedad central no era pleno e incluso tampoco lo era el porcentaje de participación mutua en resultados, lo que, unido a los problemas derivados del momento en que se procedía a dotar la obra social, hacían este tipo de estructuras poco atractivas para el inversor privado profesional y poco comprensibles para el público en general. Ahora bien, en la actualidad, gran parte de los problemas que planteaban los SIP se han ido solucionando y, por seguir con el ejemplo antes citado, hoy en muchos de los casos los activos del negocio bancario han sido traspasados a la sociedad central del SIP o, al menos, el nivel de participación en beneficios es del 100% y la dotación a la obra social se produce con posterioridad a la mutualización de dichos beneficios.

Lo anterior ha sido posible gracias al transcurso del tiempo, que todo lo cura y que ha permitido a los órganos de gobierno de las cajas y a los poderes políticos en ellos integrados tomar conciencia de la situación y de lo irreversible del proceso. Es más, esta toma de conciencia y los cambios sucesivos en los SIP hacia formatos más vendibles a terceros, ha sido incentivada por los cambios legislativos incluidos en cada una de las fases del proceso y, más concretamente, en el Real Decreto-Ley para el Reforzamiento del Sistema Financiero (se confirma que en los supuestos de aportación total a la sociedad central de los activos y pasivos afectos al negocio bancario se entenderán cumplidos los requisitos de solvencia, liquidez y participación mutua en resultados; se eliminan ciertas limitaciones que, como bancos de nueva creación, aplicaban a las sociedades centrales de los SIP en aspectos tan importantes para un inversor privado como es el posible reparto de dividendos; se establece que las entidades que soliciten ayuda del FROB deberán traspasar la totalidad de su actividad financiera a la sociedad central, y se incorporan una serie de modificaciones en la Ley del Impuesto sobre Sociedades al objeto de garantizar la neutralidad fiscal de los procesos de reestructuración y evitar que surjan costes fiscales adicionales).

Como diría Ian Gillan, nadie es perfecto y tampoco lo es el proceso de reestructuración que se ha llevado a cabo en el sistema financiero español, pero resulta indudable que la situación ha mejorado, al menos respecto a la posible entrada de inversores privados en los grupos de cajas organizados bajo el paraguas de un SIP.

Fernando Álvarez-Ude. Socio del área de Regulación Financiera de Baker & McKenzie

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