COLUMNA

Inflación y margen para reformas

El mantenimiento de la tasa de inflación en el 3,6% en marzo plantea el dilema de una economía que se enfrenta a un comportamiento alcista de los precios significativamente y por encima de la referencia de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), en un contexto de demanda deprimida. La publicación del dato casi inmediatamente tras la elevación del tipo de interés de referencia plantea, asimismo, si el endurecimiento de las condiciones monetarias puede constituir un problema añadido para la delicada situación por la que atraviesa la economía española. Analicemos algunas de estas cuestiones.

Como viene sucediendo en los últimos meses, el dato de inflación refleja en buena parte una fuerte elevación en precios energéticos, no solo por las tensiones de precios que se observan como consecuencia de las tensiones geopolíticas, sino también porque la tasa interanual, actualmente en 18,9%, se está calculando respecto de un periodo análogo, de 2010, en el que los precios energéticos atravesaron una fase de fuerte moderación.

En este contexto, el relativo endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo constituye sin duda un problema adicional para la economía española, especialmente por lo que representa en cuanto al coste del servicio de los préstamos hipotecarios. No cabe esperar que su impacto macroeconómico sea muy fuerte precisamente por las actuales condiciones de la demanda. El problema de nuestra reactivación económica está en otro lugar.

En todo caso, se trata de un tipo de interés nominal del 1,25%, que con la actual tasa de inflación de consumo corresponde a un tipo de interés real negativo de casi dos puntos porcentuales. Difícilmente puede hablarse de endurecimiento monetario, y el fortalecimiento del euro en las últimas semanas no hace sino contribuir a relajar las condiciones monetarias. Entre otras cosas, aliviando nuestra factura energética ante la fuerte elevación de precios del petróleo.

Por otro lado, el BCE ha actuado correctamente, en términos generales, durante la crisis de solvencia de las entidades financieras europeas, respaldando emisiones, comprando activos de tipos muy diversos, ampliando la gama de activos que aceptaba como colateral a las entidades financieras y, de este modo, proporcionando ampliamente liquidez a los mercados. Pero el BCE no puede ir mucho más allá, y los Gobiernos deben afrontar definitivamente el saneamiento de sus sistemas financieros. La elevación de tipos de esta semana puede interpretarse también desde este punto de vista.

Es comprometido hacer una evaluación global de la situación inflacionista de la economía española, pero la inflación subyacente se sitúa en 1,7%, con una brecha, por tanto, de casi dos puntos porcentuales con respecto al índice general, que se obtiene añadiendo los precios energéticos y de los alimentos no elaborados. Las previsiones actuales apuntan a un descenso en la inflación interanual en torno a dos puntos porcentuales hasta finales de año, por mucho que la inflación media permanecerá, lógicamente, más elevada. La inflación subyacente repuntará en los meses centrales del año, para retornar aproximadamente a su actual nivel a finales de año.

No cabe duda de que, aunque la política monetaria se lleva a cabo de manera agregada, todo país miembro de la eurozona tiene un compromiso de aplicar las políticas precisas para contribuir al mantenimiento de la inflación por debajo del umbral acordado, del 2%. En este sentido, aplica parte del denominado Pacto por el Euro, que contempla un complejo paquete de medidas destinado a mejorar la competitividad de las economías de la eurozona. Algunas reformas de corte microeconómico consideradas en España pero no siempre aplicadas por completo serían útiles, como la aplicación plena de la directiva de servicios, con la consiguiente liberalización de la prestación de servicios profesionales. Asimismo, la simplificación de todos los trámites administrativos con las Administraciones públicas, eliminando en la medida de lo posible la superposición que actualmente existe entre los distintos ámbitos de las mismas (estatal, autonómico, local) y que tanto encarece y desincentiva la iniciativa privada.

Existe un margen amplio de actuaciones regulatorias que los distintos Gobiernos han sido muy reticentes a aplicar, a pesar de haberlas considerado y en algunos casos, anunciado. La eliminación de la obligatoriedad de las cuotas camerales no es sino un ejemplo de la tibieza en la liberalización de la actividad productiva que nuestra economía precisa, no solo para estar en condiciones de encajar mejor los shocks externos que se produzcan, sino para aliviar las resistencias inflacionistas que persisten en algunos sectores.

Alfonso Novales. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad Complutense. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas