COLUMNA

El G-44 está incompleto

La estructura económica española, sin visos de cambiar a medio plazo, tiene una serie de debilidades que la hace ser extremadamente vulnerable. Por un lado, la dimensión de las empresas, y su impacto sobre internacionalización, financiación y crecimiento; por otro lado, el excesivo consumo energético, y por último, la complejidad de la aplicación de muchas normas laborales, fiscales o de I+D+i, explicarían la situación actual.

Estos factores negativos se han recrudecido con la crisis financiera internacional y eso está provocando un desmantelamiento muy brusco de tejido empresarial e industrial, lo cual se deja notar en el significativo aumento del desempleo. La apertura de esta sima productiva va a agrandar la varianza entre la densidad empresarial en España, lo que sin duda elevará la deficiente e ineficiente distribución de la renta en España.

En este contexto, se ha convocado, de nuevo, a las principales empresas españolas a una reunión en Moncloa con el objetivo de explicarles las principales reformas llevadas a cabo y también las futuras actuaciones antes de finalizar la legislatura. La elección de este conjunto de empresas, la mayoría del Ibex y otras muy grandes que no cotizan, como El Corte Inglés, es, cuanto menos, discutible pues, aunque suponen más del 50% del PIB, apenas representan el 5% en materia de empleo, lo cual confirma que la gran empresa no crea empleo.

La característica común a todas ellas es que la crisis apenas ha tenido impacto en su cuenta de resultados, dada su diversificación geográfica y de producto, no han tenido excesivas dificultades en el acceso a la financiación bancaria o en mercados organizados, se han beneficiado de la nueva legislación laboral para adelgazar plantillas y reciben cuantiosas ayudas públicas para su funcionamiento. Además, tampoco les afectan los aspectos más negativos del sistema de negociación colectiva, pues casi todas tienen convenios de empresa propios, sin cláusulas regionales o provinciales. Curiosamente, y a pesar de su tamaño, no han logrado cerrar el gap entre gasto público y privado en I+D+i. En suma, son relativamente ajenas a los grandes problemas que tiene planteados la economía española.

Pese a todo esto, son los interlocutores preferidos y acaban siendo los redactores de algunas de las grandes reformas llevadas a cabo. Frente a esta preferencia por el tamaño, todo el segmento de la mediana y pequeña empresa, no necesariamente autónomos, asume con cierto estupor que la realidad empresarial preponderante, en tamaño y volumen de empleo, apenas tiene capacidad de interlocución, más allá de la presencia del representante de Cepyme, prácticamente irrelevante.

Si empezamos por la financiación, todo este segmento está siendo estrangulado por las instituciones financieras, que han preferido financiar proyectos de un riesgo excesivo, como suelo rústico, frente a proyectos empresariales con mucho futuro, algo que ahora estoy pudiendo vivir en primera persona. Esta preferencia por el monocultivo ha dejado sin fondos para otras formas de producir, y ahora nos encontramos sin capacidad de maniobra para que este segmento productivo pueda sustituir al otrora sector estrella para el conjunto de las instituciones financieras privadas, pero también públicas. De nuevo, el diseño de la nueva arquitectura financiera, apoyada por dinero público, se ha hecho a espaldas de las necesidades de las empresas innovadoras o industriales, y lo único que se trata de conseguir es salvar los activos inmobiliarios y volver a poner la maquinaria de préstamos a este tipo de empresas. Todo esto se está haciendo, de nuevo, con la aquiescencia del supervisor financiero.

En materia de empleo y negociación colectiva, las normas impuestas por las grandes empresas propician que el coste laboral y la capacidad de protección de trabajadores, así como la posibilidad de mantener el talento, penalizan a empresas medianas y pequeñas, consolidando la dualidad entre grandes y medianas empresas. Si a esto se añade la complejidad y coste administrativo de la investigación y desarrollo, solo al alcance de empresas con departamentos jurídicos y de investigación profesionales, se explicaría el abandono de este tipo de actividad por parte de empresas de tamaño medio y pequeño.

En resumen, todo el tejido empresarial que puede mejorar el drama del desempleo, que debe hacer posible el cambio de modelo productivo y que es el futuro para el emprendimiento, no está representado mayoritariamente en el G-44 que está siendo partícipe del conjunto de reformas económicas y laborales de este país. Se está abandonando a su suerte a todo este entramado, sin que se vislumbren interlocutores válidos, ni tampoco un poder de negociación que les facilite su espacio en el contrato social que debería ser la máxima de todo modelo socialdemócrata que se precie, y que ha sido la máxima en los países nórdicos.

Alejandro Inurrieta. Doctor en ciencias económicas y colaborador de la Fundación Ideas