COLUMNA

Pacto para la Competitividad

Para la OCDE (1992) la competitividad de un país consiste en "el grado en que es capaz, en condiciones de libre mercado, de producir bienes y servicios que superan la prueba de los mercados internacionales, a la vez que mantiene e incrementa a largo plazo los ingresos de su población."

Alemania y Francia presentaron a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Bruselas el 5 de febrero pasado una propuesta de Pacto de Competitividad, poniendo así de manifiesto que la cooperación política era cada vez más estrecha.

El presidente francés dijo que es "un eje entre Alemania y Francia, extremadamente fuerte, al servicio de una ambición europea estructural que nos permita responder a los desafíos de nuestras economías". Algunos países mostraron abiertamente su disconformidad con algunas de las propuestas que pasamos a analizar a continuación, dando nuestro parecer sobre cada una de ellas.

En marzo se celebrará una reunión extraordinaria para estudiar en profundidad la propuesta de Pacto de Competitividad; es de suponer que se solicite de la Comisión Europea un informe sobre el mismo antes de adoptar la decisión, que está previsto que se tome en la cumbre de finales de marzo.

La "eliminación de la indexación automática de los salarios con la inflación" es una de las propuestas que aparecen en el Pacto de Competitividad. Estoy totalmente de acuerdo con la citada eliminación que da lugar a una espiral inflacionista: aumento de la inflación, subida de salarios, aumento de la inflación, subida de salarios… En España tenemos una triste experiencia de tal sistema y desde hace años he venido defendiendo que el aumento de los salarios esté ligado con el crecimiento de la productividad. Una de las causas del mayor crecimiento en España respecto a la media de la Unión Europea de la inflación se encuentra precisamente en la indexación automática de los salarios con la inflación. A España le vendría muy bien la aplicación de la citada propuesta.

Incluir en las Constituciones de cada país miembro de la Unión Europea un límite a la deuda, y por tanto al déficit, es la segunda propuesta del Pacto de Competitividad que, como he dicho, se discutirá en el próximo mes de marzo. Debe quedar bien claro en el pacto que los límites que se exigen para un país por déficit y deuda pública se refieren a la totalidad de los entes públicos de carácter administrativo. Por tanto, en relación con España comprende: el Estado, la Seguridad Social, los organismos autónomos administrativos, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, es decir, el conjunto de organismos que el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 1995) incluye en el sector Administraciones públicas.

La tercera propuesta es la adaptación de la edad de jubilación a la estructura demográfica. El Gobierno acaba de aprobar un proyecto de ley fijando en 67 años (hoy son 65) la edad de jubilación, con el agravante de que la aplicación de la ley se efectuará paulatinamente durante un periodo de 15 años. Desde 1995 vengo pidiendo que dada nuestra estructura demográfica, la edad de jubilación debería fijarse en 70 años.

Armonizar la base sobre la que se aplicará el impuesto de sociedades es la cuarta propuesta para reducir las grandes diferencias que existen en la aplicación de estos impuestos en los distintos países de la UE; en esta primera etapa solo se pretende armonizar los tipos. Este problema no se habría planteado si en lugar de configurar la UE como la Europa de las naciones se hubiera ido a una Europa federal.

La quinta propuesta es el reconocimiento mutuo de las titulaciones académicas y de los programas de formación por los distintos países de la UE. Su objetivo es facilitar la movilidad laboral de los ciudadanos dentro de la UE.

Por último, la sexta propuesta trata de establecer un mecanismo para resolver la crisis en el sector bancario, de forma tal que no recaiga sobre los ciudadanos, como ha venido sucediendo hasta ahora, el saneamiento de dichas entidades a través de ayudas públicas financiadas con impuestos.

No parece lógico que los ciudadanos que han pagado el coste de los servicios prestados por las entidades bancarias tengan después que financiar a través de impuestos la crisis que afecta a determinadas entidades bancarias a consecuencia de una mala gestión de sus directivos. En ningún sector de la economía se produce este comportamiento. El que gestiona mal debe soportar sus consecuencias.

José Barea. Catedrático emérito de la UAM