Sostenibilidad de la sanidad
La reciente medida del Gobierno de declarar como algo residual y a extinguir el mutualismo administrativo, ya que no a otra cosa va a llevar el hecho de que todos los nuevos funcionarios del Estado ingresen en el régimen general de la Seguridad Social, es altamente discutible si se presenta en un conjunto de medidas destinadas a contener el gasto público.
Todo el mundo sabe que el sistema Muface de prestación de asistencia sanitaria es notablemente más barato por persona protegida que la oferta de asistencia bajo el régimen general del Sistema Nacional de Salud. Por eso, ese cambio significará o bien más presión para el sistema público con repercusión en la calidad, o mayor gasto, o incremento del déficit en sanidad que vienen teniendo todas las comunidades. Paradójico, entonces, que se presente la medida en un contexto de iniciativas para contener el gasto público.
Pero, al margen de eso, nos tememos que nadie desde las autoridades sanitarias haya analizado el impacto sobre las aseguradoras sanitarias de esta medida. En torno al 28% del total de pólizas de las aseguradoras corresponden al mutualismo administrativo y, si se declara este colectivo a extinguir, compromete el futuro u obliga a cambiar de estrategia a las aseguradoras sanitarias, sobre todo a aquellas que habían apostado más por este modelo de colaboración público-privada.
La pregunta es: en el contexto actual de problemas sobre la sostenibilidad del sistema, ¿es relevante o irrelevante el disponer de un sector potente de seguro sanitario?
Ya que el sistema sanitario público siempre ha vivido de espaldas a la realidad de las aseguradoras sanitarias, es probable que este problema no se haya ni planteado.
Pero entendemos que la existencia de un activo sector asegurador sanitario es algo que contribuye a la sostenibilidad del sistema público al menos de tres maneras. En primer lugar, porque los que disponen de una póliza privada adicionalmente a la cobertura pública utilizan menos o no utilizan el sistema público, lo que significa una financiación encubierta del mismo. Esta menor utilización del sistema público por parte de los que disponen de una póliza privada es más verdad ahora que hace unos años, debido al gran desarrollo tecnológico y de oferta asistencial de calidad en los hospitales privados. En segundo lugar, una parte significativa de los ingresos de las aseguradoras se va a pagar honorarios médicos, lo que verosímilmente contribuirá a suavizar las reivindicaciones salariales de los médicos ante el sistema público. Por último, gracias a las aseguradoras es posible mantener una oferta de provisión privada de alcance nacional, que tantas veces se pone a disposición del sistema público para colaborar con él en la prestación de servicios mediante distintos acuerdos.
Más allá de la realidad actual, gran parte de la sostenibilidad a largo plazo del sistema viene dado por el desarrollo y sofisticación de la función de compra de servicios sanitarios, algo en lo que son vocacionalmente expertas las aseguradoras. Y mirando incluso más allá, las aseguradoras sanitarias pueden contribuir, sin quebrar los principios de cobertura universal y financiación predominantemente pública, a introducir en el sistema elementos de competencia, dando la opción a los ciudadanos de elegir aseguradora, base de las reformas actualmente en curso de Alemania, Holanda y Australia.
Por eso, la existencia o no de un sector asegurador solvente es algo que no debe quedar al margen del debate de sostenibilidad del sistema sanitario. En algunos países se estimula la existencia de un sector asegurador sanitario privado. Veamos lo que dice el Departamento de Salud y Vejez de Australia: "La Commonwealth se ha comprometido a asegurar que los australianos pueden escoger la asistencia sanitaria que reciben a través de un mantenimiento de un sector de seguros privados viable que funcione de manera paralela al sistema público de alta calidad con garantía de acceso para todos" (Annual Report 2009-2010).
Creemos que en España las autoridades sanitarias deberían ser sensibles al impacto de las medidas que se tomen sobre el sector asegurador, desde la idea de que disponer de un sector asegurador sanitario solvente y de calidad no es algo irrelevante para el sistema, sino que afecta muy directamente a su sostenibilidad.
Por último, y volviendo al principio, en relación con la medida sobre el mutualismo administrativo, nos preguntamos si, dados los buenos resultados económicos, asistenciales y de satisfacción del mismo, en vez de declararlo a extinguir, no se debería introducir en el debate la posibilidad de ampliarlo a otros colectivos.
Ignacio Riesgo. Director de Consultoría de Sanidad y Farma De PwC