COLUMNA

Banco malo inmobiliario

Una pregunta muy recurrente entre economistas, pero también entre otras profesiones y entre la sociedad en general, es qué va a ser del mercado inmobiliario español en un futuro tras el brusco estallido de la burbuja financiera asociada a este mercado, a mediados de 2008. A diferencia de otras burbujas recientes ésta ha afectado a múltiples sectores y ha provocado un shock macroeconómico, pero también financiero, de consecuencias aún desconocidas.

Desde una óptica estrictamente de economía real, el impacto sobre el empleo ha sido muy significativo, más de dos millones de desempleados del flujo que ha entrado proviene, directa o indirectamente, del sector inmobiliario. Sectores enteros, como la intermediación inmobiliaria, el mueble, accesorios para el hogar, cementeras, electrodomésticos, etc., o han desaparecido o han sufrido un profundo recorte en sus niveles de facturación. Territorios enteros, que habían apostado de forma irresponsable por la expansión inmobiliaria como símbolo de modernidad, están en una situación macroeconómica muy complicada. Aquí se pueden encuadrar a la Comunidad Valenciana, Madrid, o Murcia. La antítesis sería País Vasco, Aragón o Navarra y Cataluña que han apostado por la industria y el conocimiento.

Si en el campo de la economía real, la situación es muy negativa y no tiene visos de solución a corto plazo, en el campo financiero la coyuntura nos puede llevar cerca del colapso. Por un lado, tenemos en estos momentos más de 430.000 millones de euros en activos inmobiliarios que podrían llegar a ser de dudoso cobro en el sistema financiero. Un 40% del PIB español. A este punto se ha llegado por la expansión crediticia sin sentido, cuya responsabilidad habría que repartirla entre los diferentes gobiernos, el sistema financiero y el Banco de España, la autoridad con una mayor dosis de culpa, dada la información privilegiada que posee, y que se niega a publicar, por lo que era consciente de lo que iba a ocurrir.

A esto hay que añadir que las entidades financieras se están convirtiendo en inmobiliarias por imperativo legal , aunque sigamos sin saber cuántos inmuebles tienen en realidad, cuál el riego asociado a cada uno, a qué precios se venderían. Esta falta de transparencia, esencial en un mundo en el que la asimetría de información está generando una espiral especulativa en los mercados financieros, está siendo consentida tanto por la autoridad regulatoria y supervisora, como por las autoridades políticas, incapaces de dibujar el mapa real de riesgos de la economía española. Esto se deja notar en la lentitud del ajuste en el mercado físico de activos inmobiliarios.

En un contexto en el que la demanda está constreñida por el abultado desempleo y las malas expectativas laborales a medio plazo, la oferta se debería ajustar de forma muy drástica en precios para casar la escasez de la demanda. Sin embargo, al menos por la poca y deficiente información estadística, los precios no terminan de ajustarse al nivel que, por pura teoría económica deberían. Las razones hay que buscarlas en que si eso ocurriese los balances de los bancos sufrirían un deterioro muy significativo, lo que aumentaría la ya creciente necesidad de recapitalización bancaria y de cajas.

Para solventar esto, qué se les está ocurriendo a los principales afectados, el sistema financiero y las grandes inmobiliarias y promotoras, cuya competencia se ha evaporado. Pues crear un banco malo que se encargue de comprar todo el volumen de activos tóxicos y así limpiar los balances y poder acceder a los mercados mayoristas de crédito, para volver a empezar la rueda del endeudamiento privado. Este banco malo sería capitalizado por el sector público, mayor emisión de deuda, lo que aumentaría la carga fiscal para los contribuyentes, y dejaría saneado todo el sistema financiero. A su vez, esta deuda podría ser colocada entre las redes comerciales de los bancos bajo la promesa de un futuro mejor, con menores comisiones y mayor oferta crediticia.

Existe una alternativa más justa, más solvente y repartiendo la carga entre los responsables de esta coyuntura. La compra de los activos tóxicos iría aparejada de una reducción del pasivo en la misma proporción, es decir una quita de la deuda privada de los hogares, lo cual redundaría en una reducción del balance y una caída de la capitalización, y por tanto de los beneficios presentes y futuros. En una palabra pagarían los acreedores, tanto accionistas, como bonistas. Esta fórmula, que se llevó a cabo en Suecia, no tuvo apenas coste para el erario público. Pero allí entendieron que el favorecer riesgo moral es la peor de las soluciones. Acabaron con la especulación financiera y el despropósito de tantos propietarios de viviendas insolventes. Apostemos por el modelo sueco.

Alejandro Inurrieta, profesor del IEB