COLUMNA

La pobre herencia del año 2010

Como consecuencia de una política económica totalmente equivocada, basada en incentivar la demanda, sin realizar las reformas estructurales que eran necesarias para salir de la prolongada crisis, el año 2010 recibió como herencia un empobrecimiento generalizado.

El Gobierno siguió sin variar la política económica que nos conducía al desastre. Solo cuando la Unión Monetaria llamó la atención a España sobre el rumbo que llevaba, que estaba perjudicando al euro, la moneda común de la Unión, y la necesidad de realizar urgentemente un conjunto de reformas estructurales, fue cuando el Gobierno español reaccionó. La reforma del mercado de trabajo y la reforma del sistema de pensiones públicas contributivas son muestras de tal decisión.

En el artículo publicado el 15 de marzo de 2010 en este diario (España necesita reducir el déficit y ajustar los salarios) señalábamos que dos decisiones fundamentales necesitaba España para salir de la crisis: eliminar el déficit y ajustar los salarios y precios a la situación económica que teníamos.

El Gobierno español presentó un plan de austeridad que fue analizado en mi artículo ¡Ajuste presupuestario, ya! publicado en este diario el 19 de febrero de 2010, en el que se ponía de manifiesto que, dado que el 60% de nuestro déficit es estructural, las medidas de ajuste presupuestario no eliminan la totalidad de dicho déficit, siendo necesario efectuar reformas estructurales en determinadas políticas de protección social. A nadie nos gusta el recorte en el nivel de protección social, pero la realidad es la realidad, y hay que afrontarla.

Hasta ahora el Gobierno no ha publicado la situación del déficit público del conjunto de las Administraciones públicas a 31 de diciembre de 2010, su desglose entre Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas y corporaciones locales, las diferencias habidas en relación con lo programado para cada uno de ellos y las causas de las desviaciones habidas. Solo con un análisis profundo y minucioso de lo ocurrido en 2010, podrían adoptarse las medidas oportunas para que en el periodo que resta (2011-2013) se vaya cumpliendo el plan de reducción del déficit público en cada año, y al final del 2013 no sobrepasemos el 3% del producto interior bruto (PIB), como dispone el Tratado de la Unión Europea, a lo cual nos hemos comprometido con la Comisión Europea.

Hay que tener presente que la credibilidad de España ha experimentado un fuerte deterioro como consecuencia de su política fiscal y financiera, credibilidad que solo se recuperará si actuamos con seriedad y firmeza en el cumplimiento de los mandatos recibidos de la Comisión y del Consejo Europeo.

Tan pronto como el Gobierno reciba los datos de liquidación presupuestaria de 2010 de todos los agentes de las Administraciones públicas, deberá hacerlos públicos, pues como decía mi querido e inolvidable amigo, el profesor Fuentes Quintana, "la transparencia es al sector público lo que el mercado es al sector privado". Lo que todo español desea es que de dichos datos se desprenda que hemos cumplido con nuestra obligación.

Puede suceder, sin embargo, que cumpliendo globalmente, algunos de los agentes públicos no hayan respetado individualmente su compromiso. El Ministerio de Economía y Hacienda debería tener inmediatamente una reunión con los que hayan rebasado el déficit máximo que tuvieran señalado para 2010, y expliquen las causas de tal desviación. En el supuesto de que tales desviaciones hubieran dado lugar a sobrepasar el techo de déficit global asignado a España para 2010, el Ministerio de Economía y Hacienda abrirá expediente a cada uno de los agentes de las Administraciones públicas que se hayan excedido del déficit máximo que tuviera asignado.

Estamos atravesando horas muy difíciles. Es necesario efectuar reformas estructurales si se quiere recobrar la confianza de los mercados financieros y de nuestros socios de la Unión Europea.

Dos reformas son indispensables para salir de la crisis: la del mercado de trabajo y la del sistema de pensiones públicas contributivas.

La reforma aprobada del mercado de trabajo es cierto que supone una ligera mejora en la regulación de dicho mercado, pero ha quedado sin cerrar de manera eficiente, como lo muestra el nulo efecto que ha tenido sobre la generación de empleo por los empresarios. Con más de cuatro millones de parados, la Ley de Reforma Laboral no parece haber removido los pilares sobre los que se asienta el paro.

Además la ley no ha abordado la negociación colectiva de los salarios, tema que es fundamental y de carácter prioritario, ya que su estructura vulnera el principio de equidad al tratar igual a los desiguales, y el de eficiencia, ya que en épocas de crisis da lugar al cierre de miles de empresas. Los trabajadores prefieren tener seguro el puesto de trabajo sacrificando un aumento de salarios que pasar al paro.

El desequilibrio a medio plazo del sistema de pensiones públicas contributivas es otro problema que sigue sin abordarse; su falta absoluta de proporcionalidad ha llevado al sistema a tasas de sustitución entre el último salario de activo y el importe de la pensión del primer año que lo hace inviable. El alargamiento de la esperanza de vida es otro factor desequilibrante del sistema.

Para hacerlo viable la reforma debería basarse en los siguientes puntos:

- Alargar la edad de jubilación forzosa a los 70 años.

- La base reguladora para calcular la pensión se extendería a todo el periodo contributivo.

- El porcentaje que ha de aplicarse a la base reguladora para calcular la pensión sería proporcional al número de años cotizados.

- Todos los regímenes de la Seguridad Social deben tener la misma presión contributiva.

- Supresión de las jubilaciones anticipadas.

José Barea. Catedrático emérito de la UAM