La deuda regional genera suspicacias
La descentralización tiene un precio. La incertidumbre sobre la verdadera situación fiscal de las regiones de España mantiene nerviosos a los mercados. El Gobierno central dice que 15 de las 17 comunidades autónomas están en camino de alcanzar sus objetivos de reducción del déficit para 2010. Y el presidente asegura que el objetivo de déficit de los Presupuestos Generales del 9,3% se cumplió el año pasado. Aun así, todavía hay dudas sobre cómo saldrán paradas las regiones en 2011.
Conseguir que las comunidades cumplan con el plan de austeridad es clave, ya que suponen un 50% del gasto público, gran parte de ello en áreas como educación y sanidad, donde los recortes son delicados.
Las cifras de los primeros nueve meses de 2010 muestran que las comunidades contrajeron un déficit del 1,24% del PIB, holgadamente por debajo del objetivo anual del 2,4% global. Sin embargo, todo indica que Cataluña terminará el año con un déficit mucho más alto. Y lo que es más, las comunidades tendrán que volverse a apretar el cinturón este año y reducir su déficit conjunto al 1,3%. Además, deben devolver algunas transferencias de años pasados al Gobierno central.
El Ejecutivo tiene algunos medios para garantizar la conformidad, como la prohibición de que las comunidades asuman más deuda. La deuda regional se ha doblado prácticamente a 107.000 millones de euros desde 2007, según el Banco de España, y hoy equivale al 17,5% del saldo de la deuda pública.
Además, las regiones pueden encontrar otras formas de financiarse a corto plazo. Cataluña recurrió recientemente a la emisión de un bono de 3.000 millones de euros a un año comercializado a inversores minoristas, al que poco después siguió un bono similar de Valencia. Muchas comunidades tardan en pagar sus facturas. Así que el Ejecutivo podría tener que endurecerse, por ejemplo, reteniendo parte de las transferencias.
A la larga, igual que el Gobierno central, las regiones tendrán que cumplir con sus objetivos de déficit si quieren que los mercados sigan financiándoles. Las agencias de rating ven improbable que se les permita quebrar. Pero si España quiere evitar pánico innecesario sobre su deuda soberana, debería hacer todo lo posible para mantener a las comunidades bajo control.
Fiona Maharg-Bravo