El Gobierno sondea de nuevo el mercado para intentar colocar el déficit eléctrico

La titulización del déficit de tarifa sigue pendiente de que la situación de los mercados mejore. El Gobierno se dispone a sondear la situación por cuarta vez para intentar lanzar la primera emisión de la deuda eléctrica, que cuenta con el aval del Estado.

El comité de seguimiento del proceso de colocación del déficit de tarifa del sistema eléctrico ha fijado un nuevo plazo de prospección de demanda, hasta el 21 de enero, para sondear el mercado y sopesar la conveniencia de lanzar la primera emisión de deuda eléctrica.

Hasta ahora, la sociedad gestora del Fondo de Amortización de la Deuda Eléctrica (FADE) había realizado dos prospecciones, una en octubre y otra en diciembre, con el objetivo de lanzar una primera emisión de unos 3.000 millones. No obstante, en un suplemento al folleto de emisión remitido ayer a la CNMV, indica que se decidió primero prolongar la prospección hasta el 31 de diciembre, y ahora hasta el 21 de enero.

En la información remitida al supervisor del mercado, la sociedad explica además que el fondo no se ha podido constituir debido "a la volatilidad de los mercados financieros en los últimos meses del año".

Por otro lado, ha decidido elevar de 18.000 millones a 22.000 millones de euros el saldo vivo máximo de esta emisión sujeto a avales del Estado, después de que el Gobierno aprobase un aumento en el tope de deuda que, entre 2010 y 2013, puede asumir el sistema eléctrico.

En concreto, el Ejecutivo ha permitido al sistema endeudarse en 4.000 millones de euros más, a razón de 5.500 millones en 2010, frente a los 3.000 millones anteriores; 3.000 millones en 2011, frente a 2.000 millones y 1.500 millones en 2012, frente a 1.000 millones.

Pese a elevar el saldo vivo máximo a 22.000 millones, la emisión mantiene en 25.000 millones el límite máximo hasta el cual pueden ampliarse las emisiones del programa. Este dinero debe ser suficiente para responder a todo el déficit de tarifa del sistema eléctrico que aún está pendiente de cobro por parte de las empresas.

Junto a esto, y ante la falta de emisiones durante 2010 debido a la "volatilidad" en los últimos meses del año, el fondo ha recogido los cambios normativos necesarios para que los avales de 22.000 millones aparezcan reservados en los Presupuestos Generales del Estado de 2011.

El Comité de Seguimiento ha decidido además que los bonos del fondo se negocien en un primer momento en el mercado secundario de renta fija AIAF, de modo que no solicitará su cotización en el mercado español de deuda pública en anotaciones.

En la titulización del déficit de tarifa, una de las mayores operaciones de este tipo en Europa, las compañías eléctricas que financian hasta ahora esta deuda irán cediendo este pasivo al Fade.

Endesa financia el 44% del déficit, frente al 35% de Iberdrola, 13,7% de Gas Natural Fenosa, 6% de HC y 1% de Eon España. Las emisiones permitirán aliviar un pasivo que empezaba a amenazar su estabilidad contable. De hecho, la calificación de la deuda a largo plazo de Endesa (y su matriz Enel) e Iberdrola ha sido puesta en revisión por Standard & Poor's, que ha rebajado la de Gas Natural.

Más desviaciones este año

El pasado 23 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley que incluía algunas modificaciones en el sistema de tarifas. Entre ellas, un recorte de las primas de la fotovoltaica y el pago por parte de las generadoras de un peaje por el uso de las redes de distribución como hacen también los consumidores.Además, el Gobierno aprovechó la aprobación de esta ley, que no puede ser recurrida por las eléctricas, para elevar el límite del déficit de tarifa que se puede generar hasta 2013, año en el que, hoy por hoy, se pondrá fin a dichas generaciones.La decisión de subir los topes (5.500 millones en 2010; 3.000 millones en 2011 y 1.000 millones en 2012) ha obligado, asimismo, a incrementar el aval del Estado que figuraba en la Ley de Presupuestos para una deuda eléctrica, que sigue sin ser colocada en el mercado. La orden ministerial de tarifas que acaba de entrar en vigor prevé, no obstante, un déficit de 3.000 millones, con lo que los 1.000 millones en que se supera el límite permitido debe ir directamente a la tarifa