Proteccionismo público-privado
La economía española está atravesando un momento muy delicado, tanto desde una óptica coyuntural, como estructural. Con la crisis sistémica que nos asuela, todas las debilidades y la falta absoluta de rigor, formación de buena parte de la estructura social y económica están saliendo a la luz y mostrando la peor cara de este país.
Las estructuras empresariales, políticas y sociales no están siendo capaces de navegar en un mundo globalizado, lo cual tiene un efecto demostración perverso sobre los mercados financieros, especuladores. La razón última de este pesimismo histórico se asienta en un cierto complejo de inferioridad que se fundamenta en un miedo ancestral a lo desconocido, en el desprecio de la razón y la inteligencia, y la sensación de una superioridad histórica basada en tópicos que nos hacía renegar de la relación con otras culturas, religiones, economías o instituciones multilaterales.
El resultado práctico de todo esto es la necesidad imperiosa de tener salvadores económicos, políticos y familiares, a los que culpar y exigir responsabilidades, siempre en los peores momentos, sin acometer un proceso de maduración que permita formar entes políticos, empresariales y ciudadanos capaces de liderar su destino.
Si uno comienza con el eslabón más débil, las familias o los consumidores, el comportamiento en algunos aspectos refleja esta inmadurez y falta de emprendimiento y responsabilidad, que nos hace ser muy diferentes al resto de países que sí han sabido entender el problema. El análisis del proceso de endeudamiento de las familias ha sido tan irracional que han provocado que muchos consumidores están abocados a la quiebra individual, en parte por la brusca caída de la actividad y el alza del desempleo, pero especialmente por la cuantía del mismo, que incluso en circunstancias normales. Este gasto desmesurado en bienes prescindibles, vehículos, segundas y terceras viviendas e incluso el acceso a viviendas principales en compra que superaban los límites de riesgo que el sistema financiero y el Banco de España deberían haber controlado y prohibido. En este campo, todas las entidades financieras han actuado como un perfecto oligopolio consentido, pues apenas había alguna que discriminaba en esta actividad suntuosa, pero muy arriesgada. Muchos de estos gastos tendían como destino los hijos de muchas familias, cuyos ingresos apenas podían soportar este ritmo, lo cual ha empobrecido a buena parte de la clase media que ha querido utilizar el ascensor social, mediante el consumo desbocado y ha permitido que buena parte de los cohortes de edad entre 16 y 30 años alcanzasen niveles de consumo desconocidos en otras latitudes económicas y sociales. Este salario de reserva tan alto en la juventud española que se traduce en casa gratis, comida gratis, bienes de consumo como telefonía, coche, gastos universitarios, así como ocio de todo tipo, hace de buena parte de los jóvenes españoles unos privilegiados, si los comparamos con otros países.
Este salario de reserva tan elevado, curiosamente destinado a bienes y servicios distintos a formación, supone una rémora a la búsqueda activa de empleo o a la movilidad geográfica y funcional. Unas estimaciones básicas nos dicen que el salario en especie disfrutado por dicha franja de edad alcanza los 1.500 euros y explica un 65% de la varianza en un modelo de determinación de la elección de no salir de casa, buscar un empleo fuera de la ciudad de residencia paterna o la búsqueda activa de empleo.
En el campo de la empresa privada la situación es parecida. Las principales empresas que operan en España, descontando su actividad fuera, lo hacen régimen de oligopolio de oferta, enchufadas al presupuesto público y causando innumerables problemas al consumidor, en forma de pésimos servicios, cobros abusivos y posición de poder que se traduce en un mal funcionamiento de estos mercados, con apropiaciones de renta y ausencia de un árbitro que regule satisfactoriamente estos mercados, fundamentalmente suministros. En este punto, hay que meter a algunos de los servicios públicos ofertados por monopolios de oferta, como los controladores aéreos o estibadores de puertos, cuya función objetivo es maximizar la extracción de rentas de su actividad, despreciando al usuario y a la autoridad que le paga. En este campo, también destacan los oligopolios creados como aliados políticos en muchas de las adjudicaciones que tienen que ver en muchas Administraciones públicas al externalizar o privatizar servicios. Aquí destaca sobremanera el Ayuntamiento de Madrid.
En resumen, las estructuras políticas, empresariales y familiares viven inmersas en un proceso de enrocamiento que desconoce y desprecia las tendencias mundiales de globalización y que solo buscan mantener su espacio y sus rentas de oligopolio, abandonando toda acción cooperativa dentro de un juego mundial que va a llevarse por delante a todo aquel que quiera salir de forma individual.
Alejandro Inurrieta. Profesor del IEB