El Gobierno amenaza con denunciar el proyecto ante el Tribunal de la UE

La patente europea deja en la estacada al idioma español

El Consejo europeo de ministros de Competitividad de la UE, celebrado esta mañana en Bruselas, ha decidido poner en marcha el proyecto de patente europea en tres idiomas (inglés, alemán y francés) auspiciado por la Comisión Europea y apoyado por 11 socios comunitarios, entre ellos Francia, Alemania y Reino Unido. La delegación española, encabezada por el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Diego López Garrido, ha advertido que, junto a Italia, se reserva el derecho a emprender las iniciativas judiciales necesarias para frenar el proyecto.

"La propuesta es una discriminación y divide a la UE", ha señalado López Garrido durante la sesión pública del Consejo. El Secretario de Estado ha acusado a la Comisión de no agotar las vías de negociación para lograr una patente que cubra los 27 países de la Unión. "No se quiere negociar", ha asegurado, "más bien se quiere imponer esta cooperación reforzada".

La cooperación forzada permite que un grupo de al menos nueve países pongan en marcha una iniciativa europea cuando resulta imposible lograr el consenso. El comisario europeo de Mercado Interior, Michael Barnier, cree que ese punto ya se ha alcanzado. "Hace más de 10 años que no avanzamos en este tema", señaló el francés durante el Consejo. A su juicio, la fragmentación del mercado que teme España ya se está produciendo en estos momentos porque "a las empresas les resulta tan caro protegerse en los 27 países que no lo hacen, y sólo registran sus patente en cuatro o cinco, dejando abierta la puerta a las falsificaciones y a la pérdida de competitividad".

Barnier ha añadido que las empresas de los países que no participen en el proyecto, como es el caso de España, podrán solicitar patentes europeas sin ningún problema.

El proyecto se pondrá en marcha la semana que viene, cuando la Comisión se pronuncie oficialmente sobre la petición cursada por los 11 países. El Consejo de la UE deberá aprobar por mayoría cualificada (previsiblemente a primeros de 2011) la propuesta de la CE. Hace falta también el visto bueno del Parlamento Europeo.