Luz verde a un decreto-ley con las nuevas medidas para salir de la crisis
El Gobierno ha aprobado un decreto-ley que recoge las nuevas medidas económicas anunciadas por el presidente del Gobierno y que incluye también, como principal novedad, un incremento del impuesto especial sobre el tabaco, según anunció la vicepresidenta económica, Elena Salgado, quien indicó que mañana se publicará el decreto-ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Según la ministra, las medidas contenidas en el decreto están dirigidas a mejorar la competitividad de la economía, facilitar el desarrollo de la actividad empresarial, reforzar el futuro de la Seguridad Social y contribuir a abrir más la economía mediante la privatización parcial de organismos como Aena y Loterías y Apuestas del Estado.
Salgado, señaló hoy que, aunque se haya aprobado por el Consejo de Ministros un nuevo modelo aeroportuario que permite liberalizar su gestión, está garantizada la titularidad mayoritariamente pública de los aeródromos.
Salgado indicó que no está decidido cómo va a ser la gestión en todos los aeropuertos, sino que cada uno va a tener su propio estudio, y añadió que se han aprobado dos vías: una de creación de sociedades filiales de la nueva AENA Aeropuertos S.A., y otra a través de concesiones. En este segundo caso, dijo la ministra, va a existir un órgano de seguimiento donde participe la Administración Central, las Comunidades Autónomas e incluso los representantes de los municipios del entorno.
Respecto a la participación que va a tener la Generalitat de Cataluña en el aeropuerto barcelonés de El Prat, Salgado indicó que esa comunidad va a tener una posición determinante en esas instalaciones.
Asimismo, entre las principales medidas está la rebaja del Impuesto sobre Sociedades para las empresas de reducida dimensión (concepto que pasa de 8 a 10 millones de euros de facturación), que disfrutarán del tipo reducido del 25% hasta los 300.000 euros de beneficio, frente a los 120.000 euros anteriores.
Además, adelantó que para que la tributación no sea un impedimento al crecimiento de las empresas, las compañías que superen la cifra de negocio máxima que da derecho a esta rebaja fiscal (10 millones de euros) podrán mantener este estatus durante tres años más. El coste de la medida rondará los 230 millones de euros, cantidad "asumible", en palabras de Salgado.
El decreto-ley incluye también la eliminación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) para todas las operaciones societarias y se generaliza la libertad de amortización hasta el año 2015. Igualmente, Salgado anunció que los activos que se adquieran en diciembre, en concreto a partir de mañana, cuando previsiblemente se publicará el decreto-ley, podrán beneficiarse de esta amortización.
También se suprime la obligatoriedad a todas las empresas del pago de la cuota cameral. En concreto y para que las Cámaras puedan adaptar su actividad a este recorte, se elimina la obligatoriedad con carácter inmediato para las empresas de reducida dimensión y, para el resto, se establece un periodo transitorio a lo largo de todo el año 2011.
En cuanto a la constitución de empresas, el decreto incorpora la reducción de costes y de plazos. Así, la ministra indicó que una empresa cuyo capital sea de entre 3.000 y 3.100 euros, el 90% de las nuevas constituciones, podrán constituirse en un plazo máximo de un día y con un coste máximo de 100 euros.
Por su parte, los nuevos funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quedarán excluidos de la obligatoriedad de cotizar a la Seguridad Social en el régimen general que tendrán el resto de las incorporaciones. Salgado, afirmó que las pensiones extraordinarias para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado seguirán calculándose de acuerdo con los criterios del sistema de clases pasivas.
El decreto-ley también recoge la supresión de la ayuda de 426 euros para los parados que hayan agotado todas las prestaciones, eliminación que ya se contemplaba en el decreto en el que se aprobó dicha ayuda.
El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha informado de que la norma que regulará las agencias privadas de colocación se aprobará más adelante, previsiblemente a finales de este mes.