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Tribuna
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¿Un Doñana en Hungría?

Un total de 400 viviendas afectadas, 150 heridos hospitalizados y 9 muertos son sólo las primeras cifras del mayor desastre medioambiental que ha sacudido Hungría. Después vendrán los humedales y terrenos agrícolas perdidos, el ecosistema del Danubio, los daños a la fauna y flora, la calidad del agua… Y todo como consecuencia del derrumbe de la pared de contención de la balsa de residuos. Aunque las autoridades húngaras están estudiando las causas del incidente, grupos ecologistas como Greenpeace también están interviniendo activamente. ¿Cómo se debe actuar en estos casos?

Desde la aprobación de la Directiva Europea 2004/35/CE, todos los países de la Unión obligan a las empresas que operan en su territorio a cumplir con la máxima de "quien contamina, repara", garantizando que los operadores que contaminen serán responsables de los costes derivados de las medidas de prevención, evitación y reparación de los daños medioambientales que puedan llegar a causar.

En el caso húngaro, esta directiva es perfectamente aplicable, ya que está en vigor en su Ordenamiento desde de abril de 2007 obligando a los operadores afectados por la Ley de Prevención y Control Integrados de Contaminación y a los vertederos de materias tóxicas -como la balsa en cuestión-, a reparar el medio ambiente alterado.

En España, las empresas con mayor potencial contaminante estarán obligadas por ley a contratar una garantía financiera que puede adoptar las formas de fianza, aval bancario o de un seguro de responsabilidad medioambiental. Hay que tener en cuenta que aunque dicha garantía aún no es obligatoria, la responsabilidad medioambiental es plenamente exigible. De momento, las empresas se están decantando por el seguro, ya que no exige solvencia económica, no bloquea recursos y transfiere el riesgo a un tercero asegurador.

Desastres como el de Hungría ponen de manifiesto lo oportuna y necesaria que fue esta directiva europea. Sin embargo, no basta con conocer la normativa y protegerse contratando la garantía financiera: los operadores deben saber cómo actuar con rapidez ante este tipo de situaciones.

Primero, comunicar adecuadamente a las autoridades y la población la gravedad de los hechos con el fin de salvaguardar la salud de los ciudadanos. En segundo lugar, y a ser posible de forma paralela, frenar en lo posible el vertido, adoptando todas las medidas oportunas para evitar la propagación de las sustancias tóxicas. En tercer lugar, coordinarse al máximo con las autoridades locales, tanto medioambientales como sanitarias y de seguridad. El cuarto paso, ponerse en manos de su asesor de riesgos y bróker de seguros.

Pero para que todo ello funcione de forma eficaz, las empresas deben haber realizado previamente un profundo análisis de riesgos que les permita conocer el daño medioambiental que puedan causar; han de tener implementados protocolos de actuación, contar con un gabinete de crisis… y contar también con un buen programa de seguros, adaptado a las características de su organización. Sólo así se evitarán nuevos Doñanas con operadores que puedan desaparecer sin hacer frente a estas responsabilidades, bien por falta de capacidad financiera, bien de forma intencionada.

Un programa de seguros bien estructurado permitiría al operador contaminante responder de forma solvente ante un desastre de gran magnitud. Dependiendo de la naturaleza del daño, podrán actuar varias pólizas. El daño material o personal así como el perjuicio económico derivado de los mismos (pérdida de cosechas, vehículos dañados, indemnizaciones a los familiares de los fallecidos…) debe canalizarse hacia el seguro de responsabilidad civil.

Si además se causara un daño al medioambiente que implique medidas de reparación complementaria (para dejar los recursos naturales a un nivel similar del que estaban antes del desastre) o compensatoria (compensando la pérdida provisional de los recursos mediante la aportación de mejoras a las especies silvestres, los hábitats o las aguas), será el seguro de responsabilidad medioambiental el que asuma estos costes.

Además, el seguro de consejeros y directivos protegerá el patrimonio de estos si un tercero afectado decide reclamarles por su gestión.

En el momento de una catástrofe no hay tiempo para pensar, por lo que aplicar una buena gerencia de riesgos antes de que se produzca resulta clave para minimizar los posibles daños que la actividad empresarial pueda causar, marcando la diferencia entre salir ileso, tocado o hundido tras un desastre medioambiental.

Ramón Canosa. Director de riesgos Medioambientales de marsh

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