Grecia aprueba el examen de Bruselas y el FMI y seguirá recibiendo ayudas
El diagnóstico de la comisión de expertos de la Unión Europea (UE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las medidas de austeridad del Gobierno heleno es contundente: Grecia ha mostrado "un gran progreso".
Durante dos semanas, un equipo de ambas instituciones ha supervisado sobre el terreno los esfuerzos de Grecia por aplicar las reformas estructurales emprendidas al borde de la quiebra. Y el dictamen de los inspectores no deja lugar a dudas: "la valoración general es que el programa ha tenido un comienzo fuerte". No obstante, los expertos añaden una de cal a su evaluación y advierten de "importantes riesgos y retos".
"La impresionante reforma del sistema de pensiones y del mercado laboral merecen una mención especial -ambas muy por delante de lo programado-" opina Barclays.
Los analistas subrayan, sin embargo, al igual que la UE y el FMI, que Grecia tiene aún pendiente una serie de cuestiones cruciales: la liberalización de las profesiones cerradas, la reestructuración y privatización de algunas empresas públicas como el ferrocarril, y un firme compromiso en recortar gastos relacionados con el sistema de salud.
"La evaluación de nuestro progreso es totalmente positiva y el segundo tramo de ayudas se pagará en septiembre", afirmó ayer el ministro de Finanzas griego Yorgos Papaconstantinu. En una rueda de prensa que tuvo que retrasarse más de dos horas por un aviso de bomba que finalmente resultó falso, el Ejecutivo consideró garantizados los 9.000 millones de euros que recibirá de sus socios europeos y del FMI.
Después de sufrir meses de conflictos sociales por las reformas, el Ejecutivo admitió también los desafíos mencionados por el FMI y la UE. Entre los más destacados, una mayor inflación de lo esperado, que ha obligado a aumentar las previsiones al 4,75% para 2010.
Por su parte, el ministro negó que vaya a haber privatizaciones en el sector eléctrico, pero si admitió, en cambio, la necesidad de vender la Organización de Ferrocarriles Helénicos (OSE), que cada año supone un coste de 1.000 millones de euros para las arcas públicas.
Grecia tiene pendiente otra visita de los inspectores en octubre de la que depende la obtención de un nuevo crédito de 9.000 millones que recibiría en diciembre.