El carbón y otros enigmas
En medio de tan estruendosos desacuerdos de Gobierno y Partido Popular como los que han llegado hasta el Parlamento Europeo para segar la hierba bajo la tribuna de José Luis Rodríguez Zapatero en el momento mismo de la presentación del balance de la presidencia semestral rotatoria de la Unión Europea, mientras se anuncia bronca por todo lo alto en el debate sobre el estado de la nación a celebrar los días 14 y 15 de julio en el Congreso de los Diputados, sorprende la irrupción del pacto de Estado sobre la energía que se disponen a concluir el ministro del ramo, Miguel Sebastián, que tantas ideas de bombero ha sabido promover, y el portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, a quien corresponde la gloria de haber anunciado el fin de los ciclos económicos una vez averiguada la senda del progreso indefinido.
La condición para alcanzarlo establecida por el PP conecta con las aspiraciones del público porque se cifra en que no se suba la tarifa eléctrica. El Gobierno acepta y conjuntamente con el PP declaran que los problemas de la tarifa eléctrica no se deben resolver subiendo sólo los ingresos sino también revisando los costes, que se llevaría a cabo sin líneas rojas. Inmediatamente el Gobierno aprueba una nueva tarifa de acceso, que tiene potestad de fijar semestralmente, que baja aproximadamente un 3% para que sumada a los precios de la energía la revisión de la tarifa eléctrica se quede en cero, en lugar del 7% de incremento a que se hubiera llegado si se hubieran aplicado las normas de cálculo tanto para los costes regulados como para el precio de la energía derivado de las subastas denominadas Cesur del pasado 23 de junio.
Esta revisión de la tarifa de acceso incumple las normas de aditividad de costes, preceptiva sólo cuando se efectúa la revisión e innecesaria ahora dado que la revisión semestral es potestativa. Si no se hubiera revisado la tarifa de acceso -cuestión perfectamente legal y admisible- la tarifa eléctrica hubiera subido tan sólo un 2%, aproximadamente, a consecuencia del imprevisible resultado de las subastas Cesur. Por consiguiente, ningún pacto de Estado hubiera sido necesario para evitar la subida de la tarifa de acceso fundamentada tan sólo en argumentos tan volátiles como la mencionada revisión semestral en absoluto preceptiva de una tarifa como venimos sosteniendo.
Entre tanto, comparece en un desayuno de esa serie incesante que hace la fortuna de los hoteles madrileños, Pedro Luis Martín, secretario de Estado de Energía, y se pronuncia en el foro que se le brinda sobre tres cuestiones relevantes. La primera se refiere a la clausura de la central nuclear de Garoña, de la que dijo que es "un tema muy pequeño que ya está decidido". Lamentamos discrepar pero el tema dista mucho de ser pequeño, en atención a sus consecuencias y al reciente informe del Consejo de Seguridad Nuclear favorable a la prórroga de la central de Vandellós, la cual podría ser denegada por el Gobierno si prevaleciera el mismo signo de la decisión adoptada sobre Garoña. Así, la perspectiva de nuevas centrales nucleares quedaría descartada. La segunda fue su apuesta por la estabilidad regulatoria y la flexibilidad para las renovables, que deja en mera incógnita cómo vaya a procederse en tan discutido escalón, al que se acusa de graves encarecimientos y del desenfrenado aumento del déficit tarifario. La tercera le llevó a suscribir que debe mantenerse el carbón nacional, "única fuente fósil autóctona que tenemos".
En las líneas que restan intentaremos aproximarnos al enigma del carbón nacional, es decir, a la situación y coste económico para la tarifa eléctrica como resultado del real decreto del pasado 12 de febrero, donde se establecían las cantidades de producción de electricidad mediante centrales que consumieran carbón autóctono a un precio intervenido y las compensaciones a las centrales de ciclos combinados de gas natural que fueran desplazadas por las anteriores. Este RD, aunque publicado en el Boletín Oficial del Estado, carece de efectos en tanto que la Comisión Europea lo supervisa. En todo caso, el coste de este RD estimado por la CNE supone 500 millones de euros por los precios intervenidos y otros 300 millones de euros por las compensaciones a las centrales de ciclos combinados afectadas. Es decir, un total de 800 millones de euros. Mientras tanto, el Gobierno ha suprimido del RD la mencionada compensación a las centrales de ciclos combinados, de tal forma que el coste quedaría reducido a 500 millones de euros. Así que las empresas propietarias de esas centrales ahora sin compensación están, como puede imaginarse, que se suben por las paredes.
Hay otros números apasionantes en la pista del circo eléctrico donde algunas empresas acusan a las energías renovables de desplazar las horas de funcionamiento esperadas por las centrales de gas natural y culpan al Gobierno de incentivar excesivamente una energía extremadamente cara y poco madura, especialmente la solar fotovoltaica, a la que hacen responsable del aumento desenfrenado del déficit tarifario. Las fotovoltaicas contraatacan subrayando las ineficiencias del sistema regulatorio, entre las que destacan: los beneficios inesperados de las nucleares e hidroeléctricas; los costes para los consumidores domésticos de la tarifa de último recurso; los efectos perversos sobre los precios de las exportaciones y del bombeo; las prácticas monopolistas en la resolución de las restricciones técnicas, etc., etc. En resumen, para sostener que la culpa del déficit de tarifa no les es achacable, precisamente, a ellos sino a las eléctricas beneficiarias de esas ineficiencias. Así que la aparición en la electricidad de intereses distintos a los de siempre ha generado argumentos y contraargumentos propiciadores de la confusión mediática en la que estamos de donde tal vez surja, al fin, la claridad, conforme al principio de que "los problemas de la luz se resuelven a oscuras". Continuará.
Miguel Ángel Aguilar. Periodista