La reforma laboral no puede caminar sola
Con crecimiento económico puede haber más o menos aumento del empleo, en función de la intensidad en el uso del trabajo y de la productividad del resto de los factores. Pero sin crecimiento de la economía, es imposible que avance la ocupación. Y el comportamiento del mercado de trabajo en junio ha sido un reflejo fiel de una economía prácticamente estancada, pese a que han aparecido los primeros síntomas de recuperación, en la que los vaivenes de la contratación responden a motivaciones estacionales. No hay ningún perfil de la evolución del empleo y el paro de junio que permita sacar conclusiones acerca de un cambio en la tendencia aún destructiva de puestos de trabajo.
El comportamiento nominal del registro de parados habla de un descenso consistente de la variable, mucho más moderada cuando se analizan los datos filtrados por el calendario laboral. Y el cómputo de cotizantes de la Seguridad Social, único que contabiliza empleo, limita el avance nominal a los sectores del comercio (arranca la temporada de rebajas) y de la hostelería (rescate turístico de contratos fijos discontinuos), y refleja una pérdida abultada de fuerza laboral en la educación (amortización de profesorado temporal y contratos en los comedores escolares). En este caso incluso se pasa de creación de empleo a destruirlo si se analizan los datos desestacionalizados: en vez de avanzar en 23.884 personas, los afiliados caen en 23.000 en junio.
No hay, por tanto, ningún dato que permita hablar de cambios estructurales, y persiste el ajuste cíclico iniciado en 2008. El número de parados registra todavía variaciones interanuales de casi el 12% (unos 400.000 desempleados más que hace un año), y el cómputo de cotizantes a la Seguridad Social revela un descenso interanual del 1,73% (más de 300.000 afiliados menos que hace un año). No obstante, el ritmo de destrucción se ha suavizado notablemente, si comparamos con lo que ocurría hace doce meses: la afiliación caía a tasas del 7%, y el paro avanzaba a ritmos del 46%.
Estamos en manos, por tanto, del crecimiento económico. No cabe esperar reacción inmediata de una reforma laboral bastante limitada en lo que a incentivos al empleo se refiere, y sólo le sería exigible contribuir a una mejora razonable del clima de confianza que los inversores, los emprendedores y los consumidores necesitan para reactivar el motor de la actividad. Pero la levedad de la reforma no levanta demasiados entusiasmos sobre esta posibilidad. De hecho, en junio ha funcionado como un obstáculo, aunque pasivo, a la contratación. Aunque la reforma entró en vigor el día 18, la simple circunstancia de que se ponía en marcha una nueva regulación laboral ha provocado un impasse en las decisiones y expectativas de los empresarios hasta conocer los detalles de la nueva normativa. Habrá que esperar a meses sucesivos para conocer si realmente tiene un efecto sobre la naturaleza de los contratos, o sobre su cuantía. Pero en junio, la contratación fija ha descendido casi un 9% (tanto en tasa mensual como interanual), con el menor número de colocaciones de carácter fijo de todo el año, mientras que se ha elevado ligeramente el número de temporales, aunque sea de una forma casi inapreciable.
Dado que el propio Gobierno ha admitido que la reforma no desatará una avalancha de contratación en los próximos meses, ya que dependerá de la solidez del crecimiento la reacción que las empresas tengan respecto al tamaño de sus plantillas, el impulso reformador no puede pararse bajo ningún concepto. España tiene muchos desequilibrios, que se han hecho más evidentes a medida que avanzaba la crisis económica. Pero tiene uno que convierte a la economía española en especial y única: una tasa de paro insoportable. Una tasa que ha pasado del 8% al 20% en dos años, mientras que en el resto de los países la regulación laboral y la textura de su tejido productivo han logrado amortiguar el impacto de la crisis de forma menos dramática.
Por ello, a la reforma laboral hay que añadir todas cuantas logren movilizar los activos de la economía para lograr una recuperación del empleo que distribuya la renta generada Y que, además, no condene a más de cuatro millones de trabajadores, jóvenes en su mayoría, al paro o a rotar entre desempleo y empleo precario.