Televisiones públicas muy caras
Las cadenas de televisión autonómicas gastarán este año 1.863 millones de euros si se cumplen los presupuestos de explotación fijados para el ejercicio. Una cantidad que supone el 1,13% del gasto autonómico, aunque en algunos casos, como en Baleares, esta proporción se triplica. Aunque no se dispone de un desagregado analítico de sus ingresos y los pagos en todas y cada una de las cadenas públicas, es evidente que todas ellas están en pérdidas de explotación y que únicamente el flujo de subvenciones públicas las mantiene vivas. En un ejercicio intencionado de ausencia absoluta de transparencia, muy pocas de ellas hacen público también su endeudamiento, que podría superar el 100% de sus gastos anuales agregados, ya que sólo ocho de las trece que hay en funcionamiento acumulan ya casi 1.500 millones de euros de deuda.
La de la Comunidad Valenciana, para unos gastos de explotación de 198 millones de euros y un presupuesto equilibrado por la gracia de la Generalitat, debe nada menos que 1.122 millones de euros. De las que proporcionan datos, le sigue Telemadrid, con una deuda de 250 millones de euros. Gráficamente la más económica cuesta a cada contribuyente de su comunidad seis euros al año (la aragonesa) y la más gravosa nada menos que 140 (la vasca). Dado que su desempeño tiene difícil cuantificación económica, estas cifras sólo ilustran el coste de lo que sus gestores definen como un servicio público imprescindible de divulgación de la cultura y el idioma de sus pueblos. Pero hay dos acontecimientos que cuestionan el mantenimiento de estos proyectos financiados tal como lo están ahora: el fuerte ajuste de gasto público exigido a unas comunidades que siempre han mantenido políticas muy laxas con los recursos que venían del presupuesto estatal, y un nuevo modelo de financiación aplicado para la televisión pública nacional.
Desde luego, el flujo de ingresos publicitarios actual tiene muy poco sentido en las comunidades autónomas si el Parlamento nacional ha optado por un mecanismo de financiación que los elimina a cambio de una tasa a los operadores de TIC. Difícilmente pueden mantenerse dos modelos diferentes y antagónicos de construir la cuenta de resultados para el mismo negocio. Pero el hecho que debe abrir una reflexión sobre la actividad de las televisiones autonómicas y su financiación es la estrechez obligada de recursos públicos en los próximos años, y que ha sobrevenido, entre otras cuestiones, por mantener instrumentos más propagandísticos que informativos que sólo respiraban enchufados al pulmón del presupuesto público.
En un país con oferta privada plural y suficiente de televisión formativa, informativa y de entretenimiento, carece del más mínimo sentido que los poderes públicos le disputen el mercado con sus pantallas precisamente con la excusa de garantizar la pluralidad y el servicio público.
