A fondo

Alarmismo y desdén tras el recorte del rating

Viendo algunas reacciones ante la rebaja del rating de la deuda soberana española por parte de Standard & Poor's (S&P), uno podría pensar que la llegada de los jinetes del Apocalipsis es inminente. Ante el histerismo reinante, no resulta baldío recordar que España no es Grecia y que, incluso tras el recorte de la nota, la deuda española mantiene una calificación crediticia alta. La mayor al entender de Moody's y Fitch, las otras dos grandes agencias.

Por tanto, apuntar que España va camino de convertirse en la Grecia del mañana parece, a día de hoy, una hipótesis cuanto menos exagerada. Sin embargo, si el mercado interioriza esa idea, por equivocada que sea, las consecuencias pueden ser fatales. Parafraseando a Jorge Valdano, también el mercado, como el fútbol, es un estado de ánimo.

Ante esta situación, comparar el rating de España con grandes empresas ofrece datos esclarecedores. Así, la calificación crediticia de la deuda a largo plazo se mantiene al mismo nivel que la de Santander o BBVA. Además, es superior al rating de Telefónica, Iberdrola, Repsol, Gas Natural o Mapfre. Y a nadie se le ha ocurrido decir que estas empresas se mueven en la frontera de la quiebra o que se encuentran en una "situación límite", como apuntó el ex presidente José María Aznar a propósito de la economía española.

La calificación de España supera a la de Telefónica, Iberdrola o Gas Natural

Si bien es cierto que un país no es una empresa y los riesgos que conlleva un recorte de la calificación de la deuda pública son muy superiores a la privada, España tampoco sale mal parada cuando se compara con otros países que actualmente están bajo sospecha. España mantiene un rating superior al de Portugal, Italia y, por supuesto, Grecia. Y la prima de riesgo -la diferencia entre el bono español y el alemán a diez años- se sitúa en 600 puntos en Grecia, 240 en Portugal y 211 en Irlanda. Italia e España se mantienen en un nivel similar, en torno a los 101 puntos básicos.

Con todo, si caer en el tremendismo es un error, tampoco se debe ir al extremo contrario y desdeñar las advertencias de S&P. Pasar de AA+ a AA supone un fuerte varapalo para la economía española y, en particular, para el Gobierno, cuyo plan de austeridad ha quedado en entredicho. Y más inquietante resulta que S&P haya mantenido la perspectiva negativa, lo que indica que España tiene bastantes probabilidades de sufrir nuevos recortes. Además, ello sugiere que la recuperación que la vicepresidenta Elena Salgado asegura atisbar, en el exterior todavía no la vislumbran.

Los escépticos y críticos con la economía española se cargan de razones al comprobar la situación de las finanzas públicas, que ofrecen un panorama desolador. Mantener un déficit público del 11,2% del PIB, casi 120.000 millones de euros, supone un enorme lastre para iniciar la recuperación. Y la rebaja del rating del miércoles encarecerá la financiación de la deuda en el peor momento, justo cuando el Estado más necesita acudir al mercado de deuda para financiar las medidas anticrisis.

Además, si el coste del servicio de la deuda es más elevado que el previsto por el Ejecutivo, el Ministerio de Economía deberá realizar un esfuerzo extra para elevar el recorte presupuestario más allá de los 50.000 millones de euros que contempla el plan de austeridad 2010-2013 que remitió a principios de año a Bruselas.

Que sirva de acicate

El recorte del rating podría servir de acicate para que el Gobierno acelere las medidas que tiene en agenda. Hoy se conocerán los detalles del plan de racionalización de la Administración central. Y las comunidades autónomas y corporaciones locales también están trabajando en sus respectivas medidas de recorte. Si Economía es capaz de rebajar sensiblemente el déficit este año, ganará autoridad moral ante los mercados financieros y despejará dudas acerca de su solvencia a medio y largo plazo.

Y junto a los números rojos, la otra gran cuenta pendiente de la economía española pasa por frenar la elevada tasa de paro, que alcanza ya el 20% de la población activa. La reforma del mercado laboral, según los analistas, resulta ya improrrogable. El Gobierno se ha fijado como límite tres semanas para cerrar un nuevo modelo que reduzca la rigidez del mercado de trabajo. Esta vez, sería deseable cumplir los plazos para ofrecer una señal a los inversores y al mercado de deuda pública.