Reforma financiera
Reducir el déficit, ajustar los salarios y reformar el sistema financiero son condicionantes para salir de la crisis. Los dos primeros los analicé en el artículo del 15 de marzo de 2010 publicado en CincoDías, por lo que paso a tratar el sistema financiero.
La crisis financiera desatada a nivel mundial en el segundo semestre de 2007 tuvo poca incidencia en nuestro sector financiero como consecuencia de la baja exposición de los bancos y cajas de ahorros españoles al riesgo de las hipotecas subprime. Sin embargo, la fuerte concentración del crédito en el sector de la construcción y el derrumbe de este último sector, que llegó a representar en torno al 13% del producto interior bruto, ha tenido un fuerte impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias y en los balances del sector financiero.
Para dar apoyo financiero a las entidades que aborden procesos de integración, el Gobierno aprobó, por real decreto-ley de 26 de junio de 2009, el Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria (FROB) que fue autorizado a finales de enero de este año por la Comisión Europea, ya que no daba lugar a distorsionar la competencia. Sin embargo, hasta la fecha el FROB no ha conseguido los objetivos que se le marcaron, encontrándose prácticamente paralizado, a pesar de que el plazo máximo para que actúe está fijado en el 30 de junio de este año y que en el cuarto trimestre de 2009, veinte cajas y cuatro bancos tuvieron pérdidas y las perspectivas para el 2010 no son claras.
Los Gobiernos de algunas comunidades autónomas han recurrido ante el Tribunal Constitucional el decreto-ley del FROB, alegando que invade sus competencias. A mi entender, la realidad es que pretenden que las cajas de ahorros no escapen de su ámbito de competencia cuando se pretendan fusiones interregionales. El interés regional pretende imponerse al interés general, con esta política se pone en peligro la supervivencia de determinadas cajas de ahorros y la recuperación de la economía. Ante tales hechos, tanto el Gobierno como el Banco de España deberían tomar las decisiones oportunas de intervención de las cajas afectadas.
En algunas organizaciones no está claramente definida la estructura de su propiedad, apareciendo en las mismas lo que en economía se conoce como problema de agencia. Tal hecho se da en las cajas de ahorros donde no existen propietarios de las acciones, lo que agrava aún más el problema de agencia. La legislación española ha resuelto el problema de la regulación de las cajas de ahorros distribuyendo las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
Al Estado se le atribuyen las competencias sobre los aspectos básicos de las cajas de ahorros, tanto como instituciones como entidades de crédito. La unidad y la estabilidad del sistema financiero han sido principios fundamentales para efectuar esta asignación. Los aspectos organizativos y de funcionamiento institucional de las cajas se atribuyen a las comunidades autónomas: creación, fusión, expansión y liquidación; órganos rectores, operaciones con cargos de la caja, control y supervisión de actividades, inspección y sanciones y obra social.
El problema que se presenta es si con esta distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas las cajas de ahorros han sido o no eficientes. Si la eficiencia la medimos por la cuota de mercado en depósitos y en créditos, podemos decir que tales indicadores sitúan a las cajas por encima de los bancos, con cuotas de mercado superiores al 50%. Igualmente podemos decir que su amplia red de sucursales, que llega a los pueblos más remotos, ha facilitado a las familias y a las pequeñas y medianas empresas el acceso a los servicios bancarios de ahorro y de crédito, reduciendo la exclusión bancaria de los estratos de renta más baja. Por último, han impulsado la competencia con los bancos, de la cual se ha beneficiado el conjunto del país.
De la influencia del sector público en las cajas, que ha llevado a algunas a situaciones muy difíciles en cuanto a riesgos, se desprende la necesidad de una nueva Ley de Cajas de Ahorros para que se reduzca al 25% (hoy el 50%) la presencia de representantes de entes públicos en los órganos de gestión de las cajas de ahorros; fortalecer sus recursos propios a través de las cuotas participativas, otorgando a las mismas representación en los órganos de gobierno; garantizar la independencia y profesionalidad de la gestión; que la supervisión recaiga exclusivamente en el Banco de España, y que se regule la rendición de cuentas de los gestores.
Con independencia de lo anterior, se llevará a cabo un proceso de reestructuración del sistema financiero que afectaría tanto a las cajas como a los bancos con el objetivo de crear entidades de mayor tamaño con ganancia de eficiencia.
José Barea Tejeiro. Catedrático Emérito de la Universidad Autónoma de Madrid