COLUMNA

Recesión y modelo

Parece haber una cierta confusión entre la discusión sobre cómo salir de la recesión y la que tiene por objeto plantear el necesario cambio de modelo. Se trata de cuestiones con horizontes distintos.

En la política contra la recesión, en la que el objetivo es parar la destrucción de empleo, se necesita una normalización de los cauces de financiación de las empresas y contribuir a que la demanda privada deje de caer. Las graves dificultades de parte de nuestro sistema bancario (que no parece que se estén abordando) puede ensombrecer el primer objetivo intermedio y la necesaria consolidación fiscal (en la que la subida del IVA es sólo una primera acción y, probablemente, no la más acertada) arroja dudas sobre el segundo. La presión europea para avanzar en la consolidación fiscal va a ser grande, pero además no olvidemos que el nivel de endeudamiento total (público más privado) es en España, junto al de Gran Bretaña, el mayor de la OCDE y, me temo, que parte del privado va a acabar en el sector público, con lo que el rigor presupuestario va a ser pronto, si no lo es ya, una necesidad imperiosa.

Para sentar las bases de un nuevo modelo productivo, con medidas que son inaplazables pero que operan a largo plazo, sería necesario formular cual es el objetivo básico (lo que no se está haciendo). En mi opinión debería ser el aumento sostenido de la productividad. Incluso los sindicatos deberían apostar por este objetivo a largo plazo, porque es el que permite aumentar simultáneamente empleo y salario real.

No es correcto afirmar que el escaso crecimiento de la productividad, que nos ha hecho divergir de Europa, ha sido el reflejo de un excesivo peso del sector construcción, porque los servicios dedicados a la venta, que representan la mitad del empleo total, han experimentado una caída en su productividad entre 1995 y 2008 (y el crecimiento de la productividad en la industria ha sido relativamente débil). Lo cual es coherente con el conocido retraso en la adopción de las nuevas tecnologías que España tiene respecto al resto de Europa. Y estos retrasos, en la productividad de los servicios y en la adopción de tecnologías modernas de información, comunicación y gestión, tienen poco que ver con el I+D (importante para otros objetivos relevantes). Y, si me apuran, no está claro que se deban fundamentalmente a deficiencias educativas.

Mi lectura del informe PISA, una medida imperfecta de la calidad educativa constantemente citada, es que España aparece en la media de la OCDE. La educación española no está bien pero no parece diferir mucho de la media de los países más desarrollados. Y, desde luego, en otros aspectos relevantes para la eficiencia económica, como seguridad jurídica, calidad de la regulación, corrupción y funcionamiento del mercado de trabajo España está, en todos ellos, claramente por debajo de la media de la OCDE. Seguramente también, el grado de competencia en los servicios y en la energía es en España inferior a la existente en la mayoría de los países europeos.

La inseguridad jurídica se crea por distintas vías. Unas regulaciones obtusas y cambiantes; unas normas regulatorias y fiscales interpretables por funcionarios no sujetos a responsabilidad ("si no está de acuerdo recurra y ya lo ganará dentro de cuatro años"); una justicia en la que se desconfía por su lentitud y por su escasa eficiencia en cuestiones económicas; unas prácticas de favoritismo en las decisiones de las administraciones, etc. La complejidad administrativa es creciente, impulsada por el desorbitado aumento de las administraciones territoriales, y la ventanilla única brilla por su ausencia. Me contaban el otro día que para renovar el permiso para alquilar a turistas pequeñas embarcaciones de recreo en un lugar de la costa balear se necesitan 28 documentos, 8 compulsas, 12 visitas presenciales y el pago de 9 tasas diferentes (¡y en algunas la Administración cobra el IVA sobre la tasa!). En definitiva, lejos de crear un marco transparente y estable para la actividad empresarial el sistema sigue poniendo obstáculos y creando incertidumbres.

La necesaria reforma laboral ayudaría a la recuperación del empleo cuando cambie la coyuntura, pero su contribución mayor sería sobre la productividad. Un contrato único, con costes de despido mayores que los actuales en las duraciones cortas y algo menores en las duraciones más largas, mejoraría los incentivos para los empleados, y un cambio en la negociación colectiva que aproxime al ámbito de la empresa los acuerdos sobre las condiciones retributivas y sobre el marco para la gestión de los recursos humanos (algo fundamental para aumentar la productividad) mejoraría los incentivos de los empresarios.

Carlos Sebastián. Catedrático de fundamentos del análisis económico de la Universidad Complutense