El "eclipse de sol" de Miguel Sebastián
El programa nuclear de Obama mejora los incentivos del fracasado plan de Bush.
Tener miedo de la energía nuclear "es como tener miedo a los eclipses de luna o de sol". Propia o adquirida, la perla fue lanzada hace un par de semanas por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, en la Comisión de Industria del Senado donde defendió las bondades del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos, cuyo proceso de adjudicación está en marcha. El alarde del ministro no quedó ahí, pues el temor a la fisión del átomo lo comparó con "irracionalismos" propios de siglos pasados.
Estos comentarios generaron malestar en algunos círculos socialistas, en los que consideran que se pueden prestar a la chanza y no ofrece la imagen más adecuada de un ministro que tiene a sus espaldas serios errores de gestión energética. Tales como el fiasco de la facturación mensual del recibo de la luz (que todavía, más de un año después, trae cola); el fracaso estrepitoso del bono social de la tarifa eléctrica y el de una liberalización que, lejos de proporcionar mejores precios al consumidor ofrece fuertes márgenes a las empresas.
Los clientes están recibiendo últimamente, en medio de la más absoluta confusión, ofertas del 10% para el gas y la luz (¿sobre qué parámetro se hace este descuento, cabe preguntarse?), mientras las investigaciones de la Comisión Nacional de la Energía concluyen que los precios del mercado libre no mejoran a los de la tarifa de último recurso.
Mención expresa merece el real decreto (aprobado, pero "sin efecto" hasta que se pronuncie Bruselas) que obligará a las eléctricas a quemar, sí o sí, el stock de millones de toneladas de carbón nacional que se acumulan en los parques de las térmicas por la caída de la demanda. Eso sí, las eléctricas serán compensadas. ¿Cómo? Recibiendo el lucro cesante que sufre el resto de centrales (gas) que sean discriminadas por el carbón autóctono.
Y, en medio de tanto éxito, Sebastián ha vuelto a hacer sus aportaciones energéticas al nuevo programa de medidas económicas que el Gobierno pretende consensuar con la oposición: apuesta absoluta por las energías renovables hasta 2020, con un coste tal que en el sector consideran inverosímil.
Y, eso sí, nada de energía nuclear (prácticamente, sólo se restan los 450 MW de la central de Garoña, que será clausurada en 2012, sin añadir potencia nueva), pese a la valentía exhibida por el ministro en el Senado. De hecho, los objetivos del programa terminan cuando comienza la década clave (la de los años 20) en que se acabará progresivamente la vida útil del parque nuclear español.
Ni siquiera el reciente anuncio de la reactivación por parte del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, del fracasado programa nuclear de su antecesor, George Bush, ha animado al Gobierno español a insinuar ni la más mínima pretensión en materia nuclear. Sólo algunos comentarios aislados.
El plan de Obama ha sido una exigencia de los republicanos para aceptar, a su vez, la aplicación de medidas económicas para limitar las emisiones de CO2 que provocan el cambio climático. Con él pretende reactivar el que Bush puso en marcha 2005 y que incluía una serie de ayudas públicas para incentivar la construcción de los primeros reactores de nueva generación: entre 6.000 y 8.000 MW.
Además de una retribución favorable, dicho plan ofrecía avales públicos de hasta un 80% de la inversión. Teniendo en cuenta que entonces el coste se calculó en 3.000 millones de dólares por central, se fijó un tope a avalar de 18.500 millones. Puesto que los precios estimados se han multiplicado aproximadamente por tres, Obama ha triplicado también el fondo de garantías hasta los 53.000 millones de dólares, con la misma potencia a construir. Además, se mantiene la ley que limita la responsabilidad civil de las compañías ante accidentes nucleares, que deberá asumir el Estado.
Según los expertos, el mayor inconveniente que se plantea (el primer proyecto está en el Estado Georgia) es de tipo financiero, ya que los bancos sólo financiarán en condiciones favorables el 80% de la inversión (el mismo porcentaje que garantiza el sector público). Y queda por ver qué intereses cobrará el Estado a las empresas por los avales. En esta cuestión, hay partidarios de cobrar sólo el 1% para incentivar los proyectos y, en el otro extremo, quienes sostienen que debe ser el 7% por el alto riesgo de la inversión.
Sea como fuere, la apuesta norteamericana no ha calado en el Ejecutivo español, que prefiere, de momento, la energía verde. Una opción nada criticable, pero que debe ser gestionada con sumo cuidado para evitar que el sobrecoste de las primas que reciben estas instalaciones se vuelva en contra de la misma.
Este año, más de un tercio del coste de la tarifa (5.800 millones de euros) se destina a subvencionar instalaciones del régimen especial. Un motivo para que las grandes eléctricas, que sólo tienen un 40% de este negocio pujante, se enfrenten a las miles de pequeñas empresas intrusas ofreciendo una imagen antipática de las renovables, que son, en su opinión, son insostenibles (valga la paradoja) desde un punto de vista económico y tecnológico.
Por tanto, para no perder la adelantada posición de España en este terreno, hay opiniones respetables que recomiendan una revisión a la baja de las primas que, aún así, resultarían atractivas.