COLUMNA

El lobo y las pensiones

Desde el año 1994 se han publicado en España brillantes estudios sobre la evolución del sistema público de pensiones. Muchos de estos estudios se hicieron a instancias de instituciones financieras, algo que no siempre fue comprendido por la opinión pública.

La mayoría de estos estudios anunciaron el colapso del sistema, el primero en 2010, argumentando que la pirámide de población y el aumento de la esperanza de vida hacían inviable un sistema de reparto financiado únicamente con cotizaciones, generoso según ellos, por lo que urgía su reforma, cuando no su privatización a la chilena. La dinámica de este análisis se iba retrasando cada cinco años, cuando se iba constatando su fracaso predictivo. El último horizonte nos lleva al año 2040, momento en el que podríamos, una vez más, ver quebrar el sistema.

El gasto actual en pensiones, alrededor del 8% del PIB, unos 5.000 millones de euros al mes, sigue estando por debajo de la media de nuestro entorno, y es cierto que presenta algunas deficiencias, fruto en parte de nuestra llegada tardía al Estado del bienestar, y también a algunas peculiaridades de nuestro mercado laboral. En cualquier caso, las premisas que se vienen utilizando para sostener las reformas, en parte, son falsas y se asientan siempre sobre el lado de la oferta y dejan a la parte de la demanda sin papel alguno como parte de las soluciones propuestas.

Comencemos por unas de las principales premisas para reformar el sistema, en particular lo referente a la demografía y la esperanza de vida. Los principales errores de previsión se dieron en calcular el número de habitantes, especialmente la llegada de inmigrantes, la mayoría en edad de procrear y con una tasa de fertilidad muy superior a la nacional. Esto provocó un fuerte incremento de activos y ocupados, aliviando algo la carga y el desequilibrio entre activos y pasivos. Esto demostró que el principal problema que tenemos es de empleabilidad, de tasa de actividad y de natalidad. Esto se concentra principalmente en la tasa de actividad de la mujer, pero también en la tasa de actividad de mayores de 55 años.

Por tanto, la acción política y económica no tiene que ir en la dirección de elevar la edad de jubilación, sino en la de aumentar la tasa de actividad femenina y también la de mantener la de mayores de 55 años. En el caso de las mujeres, se ha demostrado que las medidas de ayuda directa, como los 2.500 euros, tienen su impacto en la evolución de la natalidad. Junto a estas, faltan dos reformas pendientes de mucho calado. Por un lado, la extensión de escuelas infantiles públicas, que incentivaría la salida al mercado de muchas mujeres, a la vez que generaría mucho empleo directo, e indirecto. Hay diversas estimaciones que cuantifican que cada euro público invertido en este tipo de servicios, el retorno es de casi 12 euros.

En segundo lugar, y es un clamor en el desierto, los horarios de trabajo, escolares y comerciales deben ser regulados de forma que favorezcan la actividad femenina y no encarezcan aún más, la natalidad. En un estudio reciente que realicé, un núcleo familiar en Madrid tenía un sobrecoste por trabajar los dos miembros, de casi 300 euros mensuales, entre cuidadoras, gasto de transporte o colegios concertados, al carecer de servicios públicos gratuitos que garanticen la igualdad de oportunidades.

El segundo elemento que se trata de trasladar a la opinión pública es que la esperanza de vida, que es cierto que aumenta, es lineal y homogénea para toda la población. El plantear el alargamiento de la vida laboral para toda la población, independientemente de su renta, va en contra de la lógica económica y rompe la equidad de forma manifiesta. Por tanto, conviene empezar ya a plantear que las aportaciones al sistema público deben ser progresivas en función de sus ingresos, y por tanto se podría alargar el periodo de vida laboral obligatoria a aquellos con mayor renta, quedando un sistema voluntario para los que lo deseen, en aras de mejorar sus ingresos. Finalmente, quedaría el debate de la financiación, sólo con cotizaciones o mixto con impuestos. La realidad, y las experiencias en los países nórdicos, aporta un buen ejemplo de que puede ser una buena solución.

En resumen, lo que se necesita son más activos, sobre todo mujeres, más guarderías y gasto público en educación, cambio radical en los horarios de trabajo y discriminación negativa hacia las mayores rentas, de forma que aporten más y se jubilen después. La esperanza de vida no es homogénea y es una función de la renta. Incorporen todas estas variables al modelo y seguro que los resultados serán otros. Prueben por favor y no asusten.

Alejandro Inurrieta. Economista y concejal del Grupo Municipal Socialista en Madrid