Líneas rojas y motivaciones
Casi dos años de recesión y dos millones de empleos perdidos después, el Gobierno cree llegada la hora del Pacto de Estado. El Ejecutivo busca recuperar la iniciativa política e involucrar al conjunto del arco parlamentario en el devenir económico del país, apenas dos semanas después de que los mercados zarandeasen a la deuda española. Enfrente, las posturas varían entre el colaboracionismo crítico de los partidos nacionalistas, que instan a adoptar medidas "dolorosas" en pos del futuro, y el rechazo frontal del Partido Popular, sabedor de que el desgaste de la crisis favorece sus intereses electorales.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha destacado el carácter abierto de las propuestas con las que buscará acuerdos con el resto de partidos. El Gobierno y la mayoría de la oposición parten de una coincidencia básica: meter la tijera al gasto público para reconducir el déficit e infundir confianza a los mercados. La nota discordante la pone Izquierda Unida, que se niega a participar en "un plan de cirugía del sector público".
Reducción del gasto
Al descender al detalle, la discrepancia aparece también entre los dos grandes partidos: el PSOE sitúa su principal línea roja negociadora en la negativa a recortar gasto social. Mientras, el PP exige un plan de austeridad más duro que el anunciado, con una disminución de gasto en 2010 que duplique los 5.000 millones de euros anunciados. Sin tocar el gasto social (ni la cooperación al desarrollo o la inversión en I+D+i, aunque en esos puntos el Gobierno quizá sería menos tajante) se antoja una diferencia insalvable. Sin embargo, también es cierto que en las últimas semanas Zapatero ha demostrado más flexibilidad que en los cinco años anteriores de su mandato.
Algunos de los desacuerdos entre los dos grandes grupos parlamentarios no tienen componente ideológico. Así, mientras el PP reclama recortes de impuestos, el PSOE, que los aplicó generosamente en tiempos de bonanza, hoy los ve como anatema debido a su impacto recaudatorio. El Gobierno insiste en el elevar el IVA contra la opinión de los demás grupos, temeroso de que los mercados puedan volver a castigar la deuda española si perciben dudas respecto al plan de austeridad.
Más cercanía puede haber en la propuesta gubernamental de elevar la edad de jubilación, que el PP condiciona, de momento, a que la prolongación sea voluntaria. Igualmente, no debería haber problemas en establecer, como proponen los populares, techos de gasto y límites a la deuda para Comunidades y Ayuntamientos que, en su mayoría, están gobernados por ambos partidos. En cambio, la propuesta del PP de convertir el plan de inversión local de 5.000 millones de euros en una línea de crédito para el pago de facturas a proveedores parece destinada al fracaso.
Entre dos partidos que por fin avanzan hacia un pacto por la educación, acercar posturas sobre competitividad, política industrial, sistema financiero o energía no parece tan complicado. A esos acercamientos se unirían los partidos nacionalistas, deseosos de recuperar la centralidad política en sus territorios.
Lo que está por ver es la voluntad política de PSOE y PP para lograr algo parecido a los Pactos de la Moncloa, que sirvieron para detener el colapso económico en 1977. Por un lado, las redes de protección social y el tejido productivo actual no permiten comparar las situaciones. Pero hay una diferencia más significativa: entonces estaba en juego la incipiente democracia, y ninguno de los partidos firmantes quería volver a las andadas autocráticas. Un motivo, hoy ausente, que invitaba a arrimar el hombro.