Nueva regulación
La crisis ha dado elementos para la reflexión y la orientación de posibles medidas y políticas a adoptar en materia de responsabilidad social de las empresas. La falta de una regulación suficiente en los mercados financieros y la carencia de mecanismos de supervisión adecuados han propiciado un modelo basado en la desintermediación financiera y en instrumentos especulativos, causantes de la volatilidad en el valor de los activos financieros y en algunos activos tangibles como los productos agrícolas o el petróleo.
La crisis también ha evidenciado los cambios en el panorama geoeconómico mundial. La capacidad de los emergentes en la definición de políticas globales, en los modelos económicos y el desarrollo social es un hecho preocupante. China ha acumulado grandes reservas de divisas y deuda pública de terceros países, sus procesos de inversión extranjera directa le ha llevado a convertirse en el cuarto país en importancia en inversiones en países en vías de desarrollo y actualmente es la segunda economía mundial. En 2008 la primera empresa energética, la de telecomunicaciones y el primer banco del mundo por capitalización eran chinas. Las declaraciones de las autoridades monetarias de ese país sobre expectativas de crédito e inversión en deuda pública modifican la prima de riesgo de países del euro.
El tercer elemento para la reflexión está en el funcionamiento cortoplacista del mercado, impulsado por los inversores, particulares e institucionales, y la falta de un adecuado control sobre las decisiones de los administradores de empresas cotizadas y los sistemas de retribución variable en base a resultados y de la evolución bursátil de la compañía.
Hay un cuarto elemento, la falta de transparencia, principio fundamental para un correcto funcionamiento de los mercados. Su ausencia es uno de los factores causantes de las decisiones erróneas adoptadas por los agentes, del colapso del interbancario, de que unos 250.000 millones dólares anuales se evadan de países donde las multinacionales generan el negocio hacia paraísos fiscales y de que, de acuerdo con Edelman Trust Barometer (2008), en Europa exista una creciente desconfianza hacia las empresas transnacionales.
La necesidad de generar marcos de transparencia ha sido demandada por muchos actores e instituciones, que en 2009 se han pronunciado abiertamente en favor de mayores estándares y obligaciones en este ámbito. En la reunión del G-20 de Pittsburg, los líderes de la cumbre reconocieron que la falta de control y transparencia han sido factores claves en la crisis económica. En EE UU más de 50 firmas de inversión han expresado a la SEC su interés por un marco regulatorio que genere una mayor transparencia en el ámbito social, medioambiental y de gobernanza de las empresas.
Este grupo de inversores arguye la falta de transparencia como una de las causas de la crisis y asegura que estas medidas favorecerán la seguridad de las inversiones y el largo plazo, mitigando las conductas predadoras y otro tipo de prácticas abusivas por parte de determinadas compañías. En Europa un grupo de inversores congregados a través de Eurosif (European Sustainable Investment Forum) se han mostrado partidarios de una regulación de la información que deben facilitar las grandes empresas en materia social, medioambiental y de gobierno corporativo.
La importancia de un informe social, medioambiental y financiero integrado ha sido puesta de manifiesto por el Parlamento Europeo, por una subcomisión parlamentaria en España y por las Naciones Unidas, a través de su relator especial en empresas y derechos humanos que hace un llamamiento a los Estados para que se aseguren de las empresas multinacionales respetan los derechos humanos y al mismo tiempo fomenten la transparencia.
Para que la responsabilidad social corporativa realmente se convierta en un criterio diferencial en época de crisis, es necesario la adopción de medidas por parte de los poderes públicos encaminadas, por un lado a fomentar un mejor acceso a una información veraz, comparable, neutra y relevante; y por otro a generar por parte de la instituciones europeas un modelo de estandarización global en la actuación de las empresas, tanto para aquellas que tienen sede social en los países miembros como para las que mantienen relaciones comerciales con Europa, en relación a los derechos laborales, responsabilidad fiscal, la actuación en materia medioambiental, la corrupción y los derechos humanos.
Orencio Vázquez. Coordinador del Observatorio de RSC