Apuesta estratégica por la sociedad del conocimiento
Una crisis profunda y global como la actual es, precisamente, una de las mejores coyunturas para transformar la economía de un país en una economía cimentada en el conocimiento.
Hay algunos notables ejemplos de ello en las dos últimas décadas como los de Finlandia, Corea del Sur o Suecia. Gracias a ello, salieron más rápido de la recesión y volvieron a crecer a altas tasas en menos tiempo. En el lado de la empresa, casos de éxito como Google o Samsung tienen su fundamento en su apuesta por la innovación en medio de la crisis puntocom.
La sociedad del conocimiento va más allá de la necesaria creación de un sistema de producción basado en la ciencia y la tecnología, y de un sistema de educación superior ágil y conectado con el sector privado. Implica asumir, como señaló hace 25 años Taichi Sakaya, el padre de la revolución industrial japonesa, que la riqueza económica de una nación emana de unir todos los elementos de valor que hay en ella.
Ya sea capital racional o emocional; financiero o relacional; tecnológico o cultural. Significa unir elementos lógicos y objetivos, con otros elementos subjetivos, emocionales y culturales.
España puede seguir avanzando también hacia su consolidación como sociedad del conocimiento. En los últimos años nos hemos dotado de un tejido industrial potente y de infraestructuras tecnológicas y de investigación bien dimensionadas.
Sin embargo, y pese a mi confianza en las capacidades de España y en la voluntad del Gobierno de reorientar nuestra estructura productiva, no podemos permitirnos seguir siendo uno de los escasos países de la OCDE en cuyo plan de estímulo frente a la crisis no se han recogido medidas de impulso de la I+D, la innovación o el conjunto del sector TIC.
Afortunadamente, la futura Ley de Economía Sostenible (LES) recoge algunas propuestas en favor de la sociedad del conocimiento. Como la promoción de la competitividad entre universidades y el apoyo a su salto internacional; el apoyo fiscal a la inversión en I+D+i; el impulso a la internacionalización de las empresas; o la simplificación de los trámites para crear una sociedad. Junto a ello, el Plan E 2010 destinará una parte de sus 5.000 millones a iniciativas de tipo tecnológico e innovador. Queda ahora la tarea más compleja: materializar estas medidas y convertirlas en resultados.
Pongo la atención en la estrategia del Gobierno porque la acción de la Administración es, en la tercera revolución industrial que vivimos, el elemento de valor más importante junto a la población. Las personas y el talento que residen en ellas ha cobrado una importancia capital.
Nandan Nilekani, cofundador del gigante tecnológico indio Infosys, asegura en su libro Imagining India que la población de ese país es su mayor fortaleza por su tamaño (1.150 millones de personas), talento y juventud. Precisamente en España contamos con un activo cultural de primer orden: el español. La lengua materna de 450 millones de personas que conforman la comunidad iberoamericana, que también atesora tamaño, talento y juventud.
Hay 750 empresas españolas en Latinoamérica. Y España es el segundo inversor en la zona con 1,3 billones de euros acumulados. Todo ello coloca a esta comunidad iberoamericana como lugar preferente de nuestras exportaciones.
Señalo este potencial exportador porque en una sociedad del conocimiento juega también un papel protagonista la exportación de servicios avanzados, del saber hacer. Un sector que es fuente, facilitador y transportador de innovación. Un sector compuesto por empresas que trabajan en red. Cooperan para crecer y comparten para competir.
España es una potencia en servicios avanzados -tecnológicos, sanitarios, financieros, de telecomunicaciones o de infraestructuras- y debe trasladar esa fortaleza al exterior en mayor medida que en la actualidad.
Sin embargo, para lograrlo es ineludible cambiar la regulación del sistema de pagos. Los clientes pagan a 180-200 días o más, mientras los proveedores afrontan nóminas e IVA a 30 días. Algo muy diferente a lo que ocurre en Alemania, EE UU o algunos países latinoamericanos. Este sistema de pagos, unido a la ausencia de un mercado de capitales lo suficientemente sofisticado en España, se convierte en un cáncer que detrae recursos que la empresa dedicaría a internacionalizar e innovar y supone una desventaja competitiva frente a otros países
La citada LES propone reducir progresivamente el plazo de pago de la Administración hasta situarlo en 30 días en 2013. Un objetivo positivo que espero se cumpla, algo que no ocurre ahora con las leyes reguladoras de los pagos que están en vigor.
En definitiva, el futuro de España descansa en muchos más elementos que el mero crecimiento económico. Hemos logrado juntar todos esos ingredientes necesarios para dar el salto de valor hacia la sociedad del conocimiento. Ahora sólo necesitamos un chef que los combine en su justo término y cocine a su punto exacto.
Abel Linares. Presidente de Oesía